A menos de 24 horas del aniversario número 25 de la cruenta toma del Palacio de Justicia, se desató una nueva polémica en relación con el holocausto, luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla, manifestara que no puede haber nuevas amnistías en relación con esta tragedia ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Durante un acto celebrado este jueves en la sede del alto tribunal, el magistrado dijo que al tratarse de un hecho de lesa humanidad no puede ser susceptible de este tipo de beneficios jurídicos, con los que en el pasado fueron cobijados guerrilleros del M-19.
Además, El Espectador conoció en fuentes cercanas a la Corte Suprema que incluso se podrían reabrir procesos en contra de ex guerrilleros que participaron o planearon el ataque. En la actualidad, ocho miembros del desaparecido grupo guerrillero son investigados por la toma. Se trata de Alfonso Alberto Jacomín, Amalia Sossa, Guillermo Ruiz, Irma Franco, Israel Santa María, Luis Francisco Otero, Rafael Arteaga y Remberto Artunduaga. Aunque en febrero de 1990 un juzgado superior conoció el caso y archivó las diligencias en favor de gran parte de los investigados, estos últimos no fueron beneficiados con esa decisión. Lo curioso del caso es que los ex guerrilleros murieron durante la toma o fueron declarados como desaparecidos.
Entonces, en septiembre pasado el Tribunal Superior de Bogotá ordenó mantener vivas las investigaciones contra estos ex subversivos, manifestando que como no recibieron el indulto en su momento y por tratarse de un crimen de lesa humanidad, el caso no prescribe. Algo similar ocurriría con los militares investigados por la desaparición de once personas durante la retoma. Por ejemplo, como en el caso de los generales (r) Iván Ramírez y Jesús Armando Arias Cabrales y los coroneles (r) Edilberto Sánchez y Alfonso Plazas Vega.
Este último ya fue condenado a 30 años de prisión por este hecho. En la actualidad también los generales (r) Rafael Hernández y Carlos Alberto Fracica son investigados por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán. En 2006, el ex ministro Carlos Medellín, hijo del magistrado del mismo nombre que murió durante la toma, planteó la posibilidad de conceder un indulto a los militares procesados por su presunta participación en el caso de los desaparecidos, siempre y cuando reconocieran su responsabilidad en los hechos.
Asimismo, sostuvo que la eventual concesión de un indulto se daría si fueran entregados los cuerpos de los desaparecidos y se dieran a conocer las identidades de las personas que ordenaron incendiar el Palacio de Justicia. Consultado este jueves sobre el tema, Medellín sostuvo que en la actualidad, más que un indulto, lo que podrían obtener los militares (r) investigados es un beneficio en virtud de una justicia transicional, aunque con las mismas condiciones.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos aseguró durante el acto que se rescatará la verdad de lo ocurrido, por dolorosa que sea, y que en ese proceso no se puede perder de vista el papel que tuvieron los extraditables, como ya lo había advertido la comisión de la verdad conformada para investigar lo ocurrido durante el holocausto.
Por Redacción Judicial
