El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció varios movimientos al interior del próximo gobierno. La Consejería de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz estarán dentro de esos cambios.
Según detalló De la Espriella, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final pasará sus funciones al Comisionado Nacional de Seguridad. Precisamente, otro de los retos que tendrá el presidente electo es qué hacer con el Acuerdo de Paz del que ha sido uno de sus críticos más feroces. La implementación del pacto que cumple 10 años no aparece en el plan de Gobierno de De la Espriella y, de hecho, ha señalado que si de él dependiera, eliminaría “con un plumazo” algunos de sus componentes como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Se acaba el Comisionado para la Paz y que no habrá más procesos de falsa Paz en mi Gobierno”, señaló. El nuevo mandatario heredará al menos nueve procesos de negociación abiertos por el gobierno de Gustavo Petro con distintos grupos armados, territorios atravesados por disputas entre organizaciones criminales, una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en funcionamiento y un Acuerdo de Paz que está a punto de cumplir diez años.
La idea de De la Espriella de eliminar las negociaciones de paz con los grupos armados no solo trae consigo la preocupaciones sobre qué pasará con la protección civil, sino con las Zonas de Ubicación Temporal, un mecanismo diseñado en el marco de la paz total del presidente Gustavo Petro para que miembros de los grupos armados hagan su tránsito a la vida civil.
Asimismo, el próximo mandatario detalló que, a partir del 7 de agosto, el objetivo de su gobierno será “la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”.
Mientras se prepara para llegar a la Casa de Nariño, el próximo mandatario ha señalado en varias oportunidades sus intenciones de militarizar el país, construir megacárceles y acabar las mesas de negociación de paz. En sus propuestas, el candidato habló de una “remasterización” de la Seguridad Democrática que fue impulsada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) con el objetivo de recuperar el control territorial en 90 días.
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