"No nos vamos a callar hasta que no haya justicia": Madres de Soacha

- Nosotras las madres de Soacha pedimos que por favor-

Se detiene. Parpadea una vez y sus ojos se clavan en las cámaras de televisión. Su tono de voz, antes bajo como sus ojos, se levanta –como un muro, como un puño–: “No, por favor nada. Es una obligación del Estado que nos ayude y que nos apoye”. Que paguen los militares culpables de asesinar de fiorma extrajudicial a su hijo, Víctor Fernando Romero, en Ocaña (Norte de Santander). Que culmine un juicio que se ha extendido por casi una década, dice.

Carmenza Gómez, la mujer que habla, respira rápido. “No vamos a esperar más, estamos cansadas, nos tienen hasta la coronilla. A nosotros nos están viendo la cara de qué, ¿de pendejas? NO MÁS”, dice. Y detrás de ella, en el cuarto piso del Juzgado Primero especializado de Cundinamarca, Cecilia Arenas y Luz Edilia Palacio, también madres de Soacha, asienten. Carmenza Gómez ha asistido a todas las audiencias desde que en 2008 comenzó el proceso por cinco de los 19 casos de “falsos positivos” de Soacha.

Uno de los abogados defensores, le explicó a El Espectador que en el proceso se unieron dos hechos de ejecuciones extrajudiciales por “la cercanía en el tiempo entre los dos episodios y porque ambos siguieron el mismo patrón”. Se trató de los homicidios de los jóvenes Julio Cesar Mesa y Jhonatan Soto en julio de 2008; y los de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andres Bustamante, en agosto del mismo año.

Por los hechos están siendo juzgados 21 militares. Entre ellos, el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, ya condenado a 35 años de prisión por otro caso de ejecuciones extrajudiciales. Precisamente para escuchar si el juez los declaraba culpables o inocentes es que seis madres de Soacha se encontraron el pasado 4 de octubre en los Juzgados Especializados de Cundinamarca. Y, precisamente al enterarse que la audiencia sería aplazada fue cuando Carmenza Gómez dijo ante los micrófonos y las cámaras, “estamos cansadas”.

El abogado que no asistió a la diligencia judicial, Jesús Herrera, argumentó que se encontraba internado en urgencias del Hospital Militar. No obstante, según una de las abogadas de las víctimas, han sido ocho años en los que “si uno analiza sistemáticamente la situación, puede ver que lo que pasó no es fortuito. La ausencia bien sea de los abogados de la defensa, o de los mismos imputados, ha sido una constante”.

Los primeros escollos ocurrieron cuando una de las abogadas de la defensa, Hilda Lorena Leal, fue acusada de presionar testigos para retractarse, así como de ofrecerles dinero e incluso, amenazarlos si seguían confesando. El 9 de octubre de 2012, la mujer fue suspendida para ejercer como abogada de por vida. Luego, en septiembre del año pasado, fue conmemorada por el Ministerio de Defensa con una “medalla militar como reconocimiento a quienes han dedicado su labor a la protección de derechos humanos en el país”.

Pero eso no fue todo. La apoderada de una de las víctimas señaló que si bien el juicio oral se tardó por la gran cantidad de material recogido –la Fiscalía presentó 500 pruebas-, se hace “evidente” que los seis abogados de los 21 militares acusados han demorado las cosas. Y es que solo en la última parte del juicio, los alegatos de conclusión, mientras que Fiscalía, víctimas y Defensoría presentaron sus posiciones en el lapso de una semana, la parte defensora se tardó más de un año.

“Se demoraron meses presentando sus argumentos, pedían más tiempo, alguno llevó todo el expediente. Una vez, casualmente a las 4:55 de la tarde del día anterior a la audiencia un abogado presentó una renuncia, otro día uno dijo que un virus le borró los archivos”, explicó la abogada de víctimas que prefirió reservar su nombre.

Finalmente, el pasado primero de junio finalizaron los alegatos de conclusión cuya exposición comenzó en la semana del 26 de noviembre de 2014. Tanto la Defensoría como la Fiscalía y las victimas solicitaron la pena máxima y que los homicidios se declaran como crímenes de lesa humanidad. “Fueron crímenes sistemáticos, tenían un perfil claro en sus víctimas y los hicieron buscando que quedaran en la impunidad”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Cuatro meses esperaron las cinco madres de los jóvenes de Soacha para escuchar si los militares serían condenados. “Y ahora nos vuelven a dejar en el aire, volteando de aquí para allá. No es justo, esto no es justo”, gritaba Luz Edilma Sánchez en la salida del Juzgado. Luego, cuando cesaron los gritos y solo quedaron sus sollozos, los oficinistas, que desde todos los pisos se asomaron, regresaron a sus puestos de trabajo. “Pero nunca nos vamos a callar. Que lo sepan bien: nunca”. 

- Nosotras las madres de Soacha pedimos que por favor-

Se detiene. Parpadea una vez y sus ojos se clavan en las cámaras de televisión. Su tono de voz, antes bajo como sus ojos, se levanta –como un muro, como un puño–: “No, por favor nada. Es una obligación del Estado que nos ayude y que nos apoye”. Que paguen los militares culpables de asesinar de fiorma extrajudicial a su hijo, Víctor Fernando Romero, en Ocaña (Norte de Santander). Que culmine un juicio que se ha extendido por casi una década, dice.

Carmenza Gómez, la mujer que habla, respira rápido. “No vamos a esperar más, estamos cansadas, nos tienen hasta la coronilla. A nosotros nos están viendo la cara de qué, ¿de pendejas? NO MÁS”, dice. Y detrás de ella, en el cuarto piso del Juzgado Primero especializado de Cundinamarca, Cecilia Arenas y Luz Edilia Palacio, también madres de Soacha, asienten. Carmenza Gómez ha asistido a todas las audiencias desde que en 2008 comenzó el proceso por cinco de los 19 casos de “falsos positivos” de Soacha.

Uno de los abogados defensores, le explicó a El Espectador que en el proceso se unieron dos hechos de ejecuciones extrajudiciales por “la cercanía en el tiempo entre los dos episodios y porque ambos siguieron el mismo patrón”. Se trató de los homicidios de los jóvenes Julio Cesar Mesa y Jhonatan Soto en julio de 2008; y los de Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andres Bustamante, en agosto del mismo año.

Por los hechos están siendo juzgados 21 militares. Entre ellos, el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, ya condenado a 35 años de prisión por otro caso de ejecuciones extrajudiciales. Precisamente para escuchar si el juez los declaraba culpables o inocentes es que seis madres de Soacha se encontraron el pasado 4 de octubre en los Juzgados Especializados de Cundinamarca. Y, precisamente al enterarse que la audiencia sería aplazada fue cuando Carmenza Gómez dijo ante los micrófonos y las cámaras, “estamos cansadas”.

El abogado que no asistió a la diligencia judicial, Jesús Herrera, argumentó que se encontraba internado en urgencias del Hospital Militar. No obstante, según una de las abogadas de las víctimas, han sido ocho años en los que “si uno analiza sistemáticamente la situación, puede ver que lo que pasó no es fortuito. La ausencia bien sea de los abogados de la defensa, o de los mismos imputados, ha sido una constante”.

Los primeros escollos ocurrieron cuando una de las abogadas de la defensa, Hilda Lorena Leal, fue acusada de presionar testigos para retractarse, así como de ofrecerles dinero e incluso, amenazarlos si seguían confesando. El 9 de octubre de 2012, la mujer fue suspendida para ejercer como abogada de por vida. Luego, en septiembre del año pasado, fue conmemorada por el Ministerio de Defensa con una “medalla militar como reconocimiento a quienes han dedicado su labor a la protección de derechos humanos en el país”.

Pero eso no fue todo. La apoderada de una de las víctimas señaló que si bien el juicio oral se tardó por la gran cantidad de material recogido –la Fiscalía presentó 500 pruebas-, se hace “evidente” que los seis abogados de los 21 militares acusados han demorado las cosas. Y es que solo en la última parte del juicio, los alegatos de conclusión, mientras que Fiscalía, víctimas y Defensoría presentaron sus posiciones en el lapso de una semana, la parte defensora se tardó más de un año.

“Se demoraron meses presentando sus argumentos, pedían más tiempo, alguno llevó todo el expediente. Una vez, casualmente a las 4:55 de la tarde del día anterior a la audiencia un abogado presentó una renuncia, otro día uno dijo que un virus le borró los archivos”, explicó la abogada de víctimas que prefirió reservar su nombre.

Finalmente, el pasado primero de junio finalizaron los alegatos de conclusión cuya exposición comenzó en la semana del 26 de noviembre de 2014. Tanto la Defensoría como la Fiscalía y las victimas solicitaron la pena máxima y que los homicidios se declaran como crímenes de lesa humanidad. “Fueron crímenes sistemáticos, tenían un perfil claro en sus víctimas y los hicieron buscando que quedaran en la impunidad”, señalaron fuentes cercanas al proceso.

Cuatro meses esperaron las cinco madres de los jóvenes de Soacha para escuchar si los militares serían condenados. “Y ahora nos vuelven a dejar en el aire, volteando de aquí para allá. No es justo, esto no es justo”, gritaba Luz Edilma Sánchez en la salida del Juzgado. Luego, cuando cesaron los gritos y solo quedaron sus sollozos, los oficinistas, que desde todos los pisos se asomaron, regresaron a sus puestos de trabajo. “Pero nunca nos vamos a callar. Que lo sepan bien: nunca”.