No paran escándalos en el DAS

De nada sirvieron las explicaciones que dio la saliente directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, sobre el memorando en el que uno de sus subalternos pedía a los directores regionales información de las relaciones entre dirigentes del Polo Democrático Alternativo con grupos armados al margen de la ley. Ni siquiera que Gustavo Petro, senador de esa colectividad, dijera que creía lo dicho por ella al manifestar que no había ordenado las interceptaciones. Incluso el parlamentario, que lamentó la salida de la funcionaria, se atrevió a afirmar que detrás de los seguimientos se encuentra alguien poderoso, aunque descartó que sea el presidente Álvaro Uribe.

Nada sirvió y el Ejecutivo aceptó su renuncia como directora del DAS, menos de 12 horas después de que ella hubiera puesto la decisión en manos del Gobierno, afirmando que se trataba de un acto de dignidad. Pero Petro volvió a la carga y recordó que coincidencialmente la orden de realizar los seguimientos fue dada el 29 de agosto pasado, el mismo día en que el presidente Uribe lo acusó de manipular testigos. A través de un comunicado de la Casa de Nariño, el Primer Mandatario le salió al paso y señaló en la mañana de ayer que hace algunas semanas había expresado públicamente “que las autoridades competentes deberían investigar a dos senadores contra quienes hay acusaciones de manipulación de testigos”. Pero a renglón seguido aclaró que “ ni el Presidente ni el Gobierno ordenan o aceptan investigaciones o persecuciones por razones de credo político”.

Más allá de la renuncia de Hurtado y la destitución de Jaime Fernando Ovalle, coordinador de Asuntos de Inteligencia Política y Social de la entidad, quien dio la orden de los seguimientos, el DAS en los últimos años no ha escapado de los escándalos. Incluso, con anterioridad al episodio denunciado esta semana, ya se habían conocido denuncias por presuntas persecuciones en contra de la oposición. El ex director de informática de la entidad, Rafael García, quien ya fue condenado por alterar archivos digitales del DAS, aseguró que durante la administración de Jorge Noguera hubo listas negras para el exterminio de sindicalistas y líderes de izquierda, por parte de grupos paramilitares en la Costa Atlántica.

Manifestó que las conoció en 2004 y que en ellas había nombres como los de Zully Codina y Alfredo Correa de Andreis, quienes fueron asesinados. Pero no se detuvo ahí y aseguró que era el propio director de entonces quien se las hacía llegar al temido jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. García aseveró que las listas estaban a cargo de Giancarlo Auque, ex director general de Inteligencia, y Enrique Ariza, ex subdirector de Análisis de esa institución. Como si fuera poco, dijo que el puente entre Noguera y el estado mayor de las Auc era el ahora detenido general en retiro del Ejército, Rito Alejo del Río, quien es investigado por la Fiscalía por homicidio en persona protegida. Aunque Jorge Noguera se encuentra en libertad, es investigado por presuntos vínculos con grupos de autodefensa.

Episodios como éstos llevaron al Gobierno a crear una comisión conformada por Carlos Gustavo Arrieta, Emiro Rojas, Ramiro Bejarano, José Roberto Arango y Claudia Jiménez, que en marzo de 2006 entregó un informe final en el que señalaba que la crisis por la que estaba atravesando “también se explica por la pérdida de rumbo de la institución. En efecto, la evolución de la situación de orden público del país, el deseo de mostrar resultados de impacto en la opinión pública y la falta de claridad en el ejercicio de sus competencias, hicieron que el DAS actuara sin una planeación estratégica clara y asumiera múltiples competencias ajenas a su misión esencial”, como a la protección de personas en riesgo y al ejercicio de funciones de policía judicial, lo que iba en desmedro de las labores de inteligencia y contrainteligencia, “piedras angulares de su misión”.

Sin embargo, decía la comisión, la política de inteligencia debía construirse con base en el estricto respeto de los derechos humanos y de las libertades públicas; la coordinación –y no centralización– del servicio de inteligencia prestado por las diferentes entidades; la coordinación civil de los distintos servicios de inteligencia; la delimitación de los ámbitos de competencia entre las distintas autoridades; la asignación de tareas a cada organismo en razón de su especialidad; y la definición del plan anual de inteligencia, con amplia cobertura y alcance interdisciplinario. De igual forma llamaba la atención sobre el manejo del recurso humano debido a que existía una preocupante inestabilidad de los funcionarios y en ese proceso improvisado de escogencia y remoción de personal, las direcciones de Inteligencia y la Operativa se vieron afectadas en su funcionamiento y resultados, “porque cada nuevo director llegó con personal propio y directrices variables, lo que de contera comprometió la eficacia y eficiencia de toda la estructura institucional”.

Ahora, para suceder a Hurtado, se mencionan los nombres del ex viceministro Rafael Nieto Loaiza, del agregado policial en Panamá, general Rubén Carrillo y el general en retiro Rosso José Serrano, actual embajador en Austria. El Gobierno se inclinaría por un civil.