El abogado penalista Ramón Ballesteros, conocido por ser el defensor de la ex congresista Yidis Medina, salió al baile en el escándalo de DMG. De acuerdo con la información contenida en la USB de Margarita Pabón, Ballesteros habría sido el responsable de hacer una auditoría contable a las empresas de David Murcia y sus socios y de evaluar la posibilidad de instaurar querellas por injuria y calumnia en contra de periodistas que venían informando sobre DMG. Ballesteros le dijo a El Espectador que no sólo la información contenida en la memoria es cierta, sino que además reveló detalles de sus encuentros con David Murcia en Bogotá.
La primera reunión entre Ballesteros y Murcia fue en noviembre del año pasado en el restaurante de un hotel al norte de Bogotá. Muy pronto se percató de que estaba frente a un hombre demasiado joven, vestido con ropa de marca, de modales estudiados y pocas palabras y con una enorme claridad sobre el futuro de sus empresas. Según él, Murcia tenía tres preocupaciones: defenderse de quienes supuestamente lo calumniaron, insistir en que el dinero que se movía en sus empresas tenía un origen lícito y saber a ciencia cierta quién estaba detrás de la aparente persecución en su contra.
“Tenía recortes de prensa y transcripciones donde se alertaba a la gente de los peligros de DMG. Me comprometí a mirar con detenimiento ese material, que incluía una columna de Iván Cepeda. Al final le recomendé que era mejor darles la cara a los medios y que hablara de frente. El otro tema que estuvo sobre la mesa fue la incautación que hizo la Fiscalía de $6 mil millones en Putumayo y él fue enfático en señalar que se trataba de dinero lícito, que tenía dos abogados para ese tema en particular y que uno de ellos era Jaime Bernal Cuéllar”. Dicho de otro modo, Ballesteros dejó entrever que Bernal venía asesorando a Murcia desde hacía no menos de 18 meses.
Según explicó, al almuerzo llegó Hernando Soto, un abogado que también estaba al servicio de DMG. “Fue testigo de la conversación. Luego hablamos de la resolución de la Superintendencia Financiera contra sus empresas y esta situación lo tenía muy molesto, tanto como el tema con la prensa”. La segunda reunión ocurrió en febrero de este año: “Murcia me invitó a comer. Fuimos a un restaurante argentino. Llegó acompañado de dos mujeres muy bellas, sus asistentes, y otra vez insistió en las querellas. Pedimos vino y carne, hablamos del país, de que se declaraba hincha del presidente Uribe y de que sus empresas se estaban expandiendo”, contó el abogado.
La preocupación de Murcia por la lupa de las autoridades a sus empresas empezó a molestarlo. Ballesteros le propuso una auditoría a su firma para encontrar los vacíos contables y corregirlos. ¿El precio?: $460 millones. “A DMG le pareció exagerado”. No fue posible concretar el negocio. En tres oportunidades, directivos de DMG se negaron a entregarle la información. El asunto pasó de los desplantes a las sospechas. Aun así, aceptó un tercer encuentro, esta vez en las oficinas de Margarita Pabón. Asistieron los abogados Jaime Bernal, Jaime Granados, el ex vicefiscal Jorge Armando Otálora, Efraín Duque, un asesor externo, Daniel Ángel y Margarita Pabón.
El objetivo era definir la auditoría. “Al día siguiente me enteré de que ésta la haría Granados y que me habían sacado. Luego recibí una llamada de Murcia invitándome a Panamá. No acepté. Y hasta el sol de hoy”, dijo Ballesteros, quien reconoció que recibió unos honorarios, pero que jamás concretó un negocio con DMG. El abogado soltó otra perla. Según él, Murcia quería construir viviendas de estrato seis en Bucaramanga y le pidió asesoría para mirar predios en la región. Además, le confesó que quería lanzar su propia línea de electrodomésticos y que estaba haciendo gestiones para sacar una cita con el propio Álvaro Uribe Vélez. “Tenía una especie de afán de explicarle al Presidente quién era él”.
Ballesteros aceptó que en una ocasión tomó whisky con David Murcia, a quien nunca consideró como un hombre excéntrico, sino como un tipo convencido de su proyecto, que tenía un cierto aire de redentor de los pobres.
“No recibí plata de DMG”
Otro de los nombres que surgió en los archivos de Margarita Pabón es el del prestigioso litigante Jairo Parra Quijano, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que goza de una reconocida reputación en su gremio. Según los documentos que Pabón almacenaba, el nombre del abogado figuraba en una solicitud urgente de dinero hecha por la misma Pabón, al lado de una cifra de $20 millones.
En diálogo con El Espectador, Parra Quijano aceptó haber sido contactado por DMG S.A. en agosto pasado, a través de un conocido en común: “Me mandaron las copias de un proceso que cursa en la sección cuarta del Consejo de Estado. Querían instaurar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia Financiera, la cual les impuso una multa”.
El jurista señaló que revisó el expediente pero estuvo en desacuerdo con las pretensiones de los demandantes, y así se los hizo saber en una carta con fecha de agosto 8 de este año. “Yo no recibí plata. Ni siquiera me volvieron a llamar”, afirmó al referirse a este caso que continúa vigente en el alto tribunal.
Por Redacción Judicial
