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13 Aug 2020 - 8:08 p. m.

“No se ha condenado a toda la cadena criminal que participó en el crimen de Jaime Garzón”: FLIP

A 21 años del asesinato del El periodista y humorista, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señaló que con el crimen se apagó una voz que, por medio del humor, hacía fuertes críticas políticas y una invaluable labor periodística.
Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999.
Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999.

El 13 de agosto de 1999, hace justo 21 años, el periodista y humorista Jaime Garzón se dirigía a trabajar la emisora Radionet cuando dos sicarios de la organización criminal La Terraza interceptaron su camioneta y le dispararon. Para ese momento Garzón llevaba meses denunciando amenazas en su contra. Él, que se caracterizó por hacer fuertes críticas a las figuras más poderosas de la Colombia de los años noventa, siempre mostró una salida negociada al conflicto armado colombiano entre los grupos armados y el Gobierno colombiano.

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Hoy, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que con el crimen se apagó una voz que por medio del humor hacía fuertes críticas políticas y una invaluable labor periodística. “En la investigación de la Fiscalía se han vinculado a distintos actores como el jefe paramilitar Carlos Castaño; el exdirector del extinto DAS, Miguel Narvaez; y el coronel retirado, Jorge Plazas Acevedo. Sin embargo, después de 21 años aún no se ha condenado a toda la cadena criminal que participó del homicidio”, señaló la FLIP.

Jaime Garzón fue velado en plena Plaza de Bolívar en Bogotá junto a miles de colombianos que salieron a la calle a despedir al humorista que, a través de sus personajes, hacía agudas críticas a quienes ostentaban el poder en Colombia por medio de las armas o con saco y corbata. “No nos dejemos acallar. Vivamos con Jaime y caminemos con él hacia la paz”, dijo en esa oportunidad Marisol Garzón, su hermana, quien durante más de dos décadas también le pide al Estado colombiano que enjuicie a quienes serían lo verdaderos responsables del crimen: altos mandos militares.

Los procesados

El jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, confesó y se arrepintió de haber ordenado el asesinato de Garzón. En marzo de 2004, fue condenado a 38 años de prisión, por orden del Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá. Sin embargo, nunca fue capturado y las autoridades le perdieron la pista. La versión de miembros del paramilitarismo señalan que su hermano, Vicente Castaño, lo envió a matar. En septiembre de 2006, la Fiscalía informó que que un cráneo hallado en una fosa común en Córdoba pertenecía al exjefe paramilitar Castaño. Marisol Garzón no cree en esta versión.

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El exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, también fue condenado por estos hechos. En julio de 2019, el Tribunal Superior de Bogotá le rebajó la pena a 26 años de prisión, luego de que en primera instancia fuera condenado a 30 años por un juzgado especializado de Bogotá. de acuerdo con las investigaciones habría aprovechado su estrecha relación con el exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil para sugerirle atentar contra la vida del periodista, a quien señalaba de ser afín a la guerrilla de las Farc. Para la Fiscalía, el exsubdirector del DAS le manifestó al jefe paramilitar que Garzón se beneficiaba económicamente de su labor como mediador para la liberación de secuestrados.

El asesinato de Garzón estaría relacionado con varios crímenes perpetrados por el paramilitarismo en Bogotá. En 2015, el exjefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, le dijo a la Fiscalía en donde se evidenciaría que los asesinatos de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado (investigadores del Cinep), el del abogado Jesús María Valle y el del abogado Eduardo Umaña Mendoza, están entrelazados. En 2016, Narváez fue condenado a ocho años de prisión por las interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas, ONG y defensores de derechos humanos. Narváez estuvo involucrado en la creación del grupo clandestino de espionaje G-3, que se encargó de intimidar y enlodar a sectores de la izquierda en Colombia.

El abogado Sebastián Escobar, quien representa a la familia de Garzón, señaló hace dos años que las personas que sabían en su momento del plan para asesinar al periodista fueron desaparecidas una a una con la participación de grupos paramilitares y agentes del Estado. Desde el principio se torció la investigación pues se presentaron informes de inteligencia falsos, testimonios contradictorios y pruebas manipuladas. La Fiscalía intentó procesar a los dos supuestos sicarios. Sin embargo, en 2004, fueron absueltos al no encontrar evidencia de su participación ene los hechos. El proceso estuvo quieto durante más de 10 años.

En diciembre de 2015, los abogados de la familia Garzón pidieron al entonces vicefiscal, Jorge Perdomo, que se abrieran investigaciones por la desviación de este expediente contra once miembros del DAS y a tres testigos, entre ellos una mujer que había dicho que vio desde su ventana cómo los sicarios acabaron con la vida de Garzón . En la administración de Montealegre se lograron varios avances frente a este caso, incluido el de declararlo de lesa humanidad. Sin embargo, las investigaciones sobre la desviación del proceso tampoco avanzaron.

El 14 de septiembre de 2016, El Consejo de Estado determinó que el Ejército y la Policía eran responsables por las violaciones graves a los derechos humanos que significó el homicidio del periodista y humorista. El alto tribunal calificó el asesinato de ejecución extrajudicial, como un ataque generalizado y sistemático propiciado o auspiciado desde la institucionalidad estatal. Además, lo declaró como crimen de lesa humanidad. Dos semanas después de este fallo del alto tribunal, la Fiscalía, igualmente, declaró el crimen como de esta misma naturaleza. Además de señalar la connivencia entre integrantes de la Fuerza Pública y de los grupos paramilitares.

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Otro de los uniformados que están en el radar de las autoridades por el asesinato de Garzón es el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien en julio de 2003 se fugó de la Escuela de Artillería, donde pagaba una pena de cuarenta años de prisión por el secuestro y asesinato de un empresario. En julio de 2014 fue recapturado en el Meta. En julio de 2017 a Fiscalía lo vinculó a él y a el general (r) Rito Alejo del Río por su presunta participación en la masacre de Mapirpián en julio de 1997. Hasta la fecha, se ha negado reiteradamente a hablar. En lo que sí insiste es en que el caso del periodista se vaya a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El juicio contra el coronel (r) Plazas Acevedo terminó en 2019 y la JEP aún estudia su solicitud de sometimiento, suspendió el proceso mientras toma una determinación. Por último está el general (r) Del Río, quien niega haber participado en la muerte del humorista y periodista. Él también acudió a la JEP, donde tendrá que mencionar sobre qué hechos va hablar en esa jurisdicción nacida del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc.

En 2019, El Espectador hizo este documental para conmemorar los 20 años del asesinato de Jaime Garzón:

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