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Luego de interrogar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y a otros exmiembros del frente Mártires del Cesar de las Auc, la magistrada de Justicia y Paz de Barranquilla, Cecilia Leonor Olivella, recibió una amenaza. Según supo este diario, ya la funcionaria judicial denunció lo ocurrido, pero no puede hablar para no obstruir la investigación. En un comunicado, el Tribunal de Barranquilla, en el que la togada ejerce su labor, expresó su preocupación y pidió acompañamiento de las autoridades.
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“No se meta en líos haciendo preguntas al comandante Mancuso contra personas del Cesar. No comprometa a su familia y la suya. No se las dé de verraca, deje de estar preguntando lo que no les corresponde. Tenemos en nuestro poder todas las grabaciones de las audiencias de nuestro comandante Mancuso, quieren comprometer a Auc”, dice el panfleto que le llegó a la magistrada Olivella. Y la firma el “Comité Nacional de Combatientes de las Auc de Colombia”.
En el comunicado que expidió la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, los magistrados explicaron que la togada interrogó a Mancuso en el marco de una audiencia de formulación y aceptación de cargos, el pasado 20 de octubre. Allí, agregan, “se interrogó exhaustivamente al postulado Mancuso Gómez sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, situación que generó que la magistrada ponente, doctora Cecilia Leonor Olivella Araújo fuera blanco de execrables intimidaciones”. Además, pidieron apoyo del Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de Justicia.
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“Este es el primero de muchos procesos en los que figura el citado postulado (Mancuso), el cual inició su tránsito ante la Sala de Conocimiento, que habrá de dictar sentencia por los crímenes cometidos cuando comandó el Bloque Norte de las AUC (en esta ocasión se analizan conductas cometidas por paramilitares en el departamento de Cesar). Por eso, indagar sobre su grado de compromiso con las víctimas y con la verdad, más que una potestad de la Sala, es un mandato constitucional que emerge de los principios que inspiran el sistema de justicia transicional”, aseguraron.
El presidente de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez, dijo en La W: “Si se están recibiendo amenazas es porque se está haciendo la labor como lo manda la Constitución”. Además, le pidió al fiscal Francisco Barbosa y al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que les brinden las garantías para poder seguir haciendo su trabajo, ya que, como dijeron en el comunicado, reafirman “su compromiso con los propósitos del proceso penal especial de Justicia y Paz, esto es, posibilitar la reincorporación a la vida civil de los ex miembros de grupos armados al margen de la Ley y garantizar a las víctimas la verdad, la justicia y la reparación”.
