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El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desmintió este lunes las versiones de medios estatales que aseguraban que se publicaría la lista completa de las 6.402 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.
A través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la JEP, Ramelli afirmó que en “ningún momento” se ha planteado divulgar los nombres completos de las víctimas del universo provisional identificado en el caso 03, el cual investiga los asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
#Atención | El presidente de la #JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, aclara a la opinión pública que la Jurisdicción en ningún momento ha afirmado que va a dar a conocer los nombres completos de las 6.402 víctimas del universo provisional de hechos identificado en el…
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 25, 2024
“La JEP dará a conocer los nombres de las víctimas identificadas en seis autos de determinación de hechos y conductas en los cuales han sido imputados los máximos responsables por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, aclaró la publicación.
En el marco de este proceso judicial, 85 miembros de la fuerza pública, incluidos dos generales retirados, han reconocido públicamente su responsabilidad ante las víctimas por estos asesinatos y desapariciones. También, aunque estos nombres completos no se revelen, “los 6.402 tienen nombre y cédula y son hechos que nunca se deben repetir”, enfatizó el magistrado Ramelli.
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La polémica por las cifras se intensificó en las últimas semanas luego de que el congresista Miguel Polo Polo protagonizara un acto de agresión simbólica contra las víctimas de falsos positivos. El 6 de noviembre, en la Plaza Rafael Núñez del Congreso, Polo Polo destruyó una exposición artística realizada por familiares de las víctimas —que consistía en botas intervenidas con pintura como símbolo de memoria—, argumentando que la cifra de 6.402 era un invento.
“¿Quién les habrá pagado para ensuciar la plaza y hacer apología a los 6.402 falsos positivos?”, expresó mientras arrojaba las botas a bolsas de basura. Este acto fue catalogado por la JEP como una expresión de odio y estigmatización hacia las víctimas.
Días después, el 18 de noviembre, la Asociación de Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo) denunció al congresista ante la Corte Suprema de Justicia por incitar al odio y vulnerar la dignidad de las víctimas. Según Mafapo, Polo Polo habría cometido al menos cuatro delitos con su acción, incluyendo la estigmatización y la negación de crímenes de lesa humanidad.
El senador Iván Cepeda, junto con otros congresistas como María José Pizarro y María Fernanda Carrascal, respaldaron la denuncia y presentaron una queja disciplinaria contra Polo Polo. Cepeda calificó las declaraciones y acciones del congresista como “un acto de justificación abierta de crímenes de lesa humanidad y una incitación al odio”.
Por su parte, Jacqueline Castillo, vocera de Mafapo, expresó que el acto de Polo Polo fue un golpe simbólico que reabrió el dolor de las familias: “Fue como revivir lo que pasó con nuestros familiares. Lo que él hizo con las botas nos hizo sentir como si hubieran tirado a nuestros hijos a una fosa común”.
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El caso 03 de la JEP ha documentado cómo, durante años, unidades militares capturaron personas inocentes con falsas promesas de empleo para asesinarlas, disfrazarlas como combatientes y reportarlas como bajas en combate. Estas acciones, destinadas a inflar estadísticas de resultados militares, involucraron a miembros de todos los rangos del Ejército, además de civiles y grupos paramilitares.
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