¿Sabe por qué el fiscal general terminó cuestionando su ética y la de su esposo (exmagistrado del Consejo de Estado) por los presuntos ofrecimientos de una embajada por parte del Gobierno, siendo una noticia falsa de acuerdo con lo que usted y la Cancillería contestaron?
Como expliqué en una nota publicada en el portal de la Corte Constitucional y en conversaciones directas con algunos periodistas, ese ofrecimiento no tuvo lugar. Además, en una interpretación razonable de las prohibiciones de los exmagistrados, estimo que estaría constitucionalmente proscrita la aceptación de una oferta de esa naturaleza. Finalmente, en el plano ético, ni mi pareja ni yo lo aprobaríamos, pues lo encontramos incompatible con la función pública y con la dignidad de la justicia.
Pero la información continuó teniendo eco durante la semana en varios medios. ¿Ha habido alguna insinuación del Gobierno al respecto?
No ha habido ni siquiera una insinuación. No sé por qué se repite esa noticia que no es cierta. Para hacerle daño a mi nombre, tal vez.
Una cosa es que gente le dé credibilidad a un rumor y otra, que lo haga el fiscal general, porque éste representa la entidad que investiga a los ciudadanos. ¿Existe un asunto pendiente o confrontación entre ustedes?
No. No tengo ningún “asunto pendiente” con el fiscal general.
¿Usted se comunicó con el fiscal Martínez para preguntarle por esa declaración?
Sí. Me comuniqué con él cuando me enteré de lo que dijo. Le pregunté, respetuosamente, dónde había obtenido esa información y me contestó que en un coctel al que había asistido el lunes pasado.
¿Hizo la declaración pública por un comentario de coctel?
Eso fue lo que me contestó.
Me parece que debe haber algo más, porque un comentarista radial aseguró que entre lo que usted decía y lo que señaló el fiscal, le creía a éste.
En cuanto al periodista que escoge entre dos versiones aquella que se apoya en la máxima popular que atribuye piedras al río que suena, esa elección forma parte de su libertad de escoger. Sin embargo, desde el punto de vista de lo razonable, considero que el rumor y el adagio popular no deberían ser más fuertes que las declaraciones de la Cancillería y de los directamente implicados.
Su nombre no fue particularmente polémico, pero hoy parece estar en el ojo del huracán. En la misma emisora, otra periodista hizo una afirmación más delicada: dijo que usted insistió, pese al rechazo del resto de sus colegas, en seleccionar una tutela para ayudarle a un gran amigo de su esposo. ¿Es cierto?
El caso se refería a un problema jurídico relacionado con la interpretación de una norma universitaria que versaba sobre la prohibición de la reelección. Involucraba elementos relacionados con la autonomía universitaria, el principio de legalidad y el acceso a los cargos públicos. No recuerdo asuntos similares decididos por la Corte y, por ese motivo, insistí en que se seleccionara el expediente por reflejar un problema relevante alrededor de la autonomía de las universidades y del acceso a los cargos directivos. Pero no fui quien seleccionó la tutela, porque no formé parte de esa sala y no pudo existir “rechazo del resto…”, porque para una selección sólo se necesita que los dos magistrados que la componen estén de acuerdo. No conozco al peticionario en ese trámite y tampoco es verdad que sea “un gran amigo de mi esposo”.
¿Todo este movimiento repentino en su contra y del exmagistrado Gómez Aranguren es casual?
No creo que sea casual, pero no diré más para no hacer juicios a priori.
¿A qué le atribuye que ahora, cuando usted está a punto de retirarse, surjan estas versiones? ¿Le están cobrando sus posturas jurídicas?
Cuando uno adquiere una investidura como la de magistrada de la Corte Constitucional debe hacer algunos sacrificios, pues tiene que tomar decisiones basándose en la Constitución y no en lograr simpatías con las personas que ejercen formas de poder. En ocasiones es posible que uno toque, con esas decisiones, el poder público o privado. Y esto, generalmente, tiene efectos. Mis posiciones han sido muy fuertes cuando ha sido necesario, pero no puedo saber si me las están cobrando.
Algunos de los que han difundido estos rumores son públicamente cercanos al exmagistrado Pretelt. ¿Relaciona los recientes ataques mediáticos con él?
No conozco los vínculos exactos entre estos hechos y las versiones que cuestionan, injustificadamente, mi integridad.
El caso Pretelt le hizo mucho daño a la imagen de la Corte. Y a raíz del mismo, la Sala Plena tomó medidas y cambió su reglamento. ¿Cómo incidieron en el trabajo de ustedes durante el período siguiente?
Hubo cuatro cambios que mejoraron la transparencia de la Corte: 1. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo acompañan las salas de selección de tutelas, lo cual no ocurría antes. 2. Actualmente, la decisión de seleccionar tutelas trae el motivo que la respalda. 3. Se creó una comisión interna para hacer seguimiento a los procesos de selección, lo que permite controlar todo el trámite dentro de la Corte y lo ha hecho más eficiente. 4. El reglamento también desarrolló normas legales sobre términos para decidir, con el fin de que, además de que fueran más expeditos, hubiera claridad sobre plazos para presentar una ponencia a los demás magistrados para introducir en el fallo los cambios discutidos.
Volviendo a la tutela que intentaron cuestionarle: ¿esa selección pasó por el proceso que acaba de describir?
Todas las tutelas pasan por ese proceso y se seleccionan en presencia de los dos magistrados de la sala, la secretaria general, el delegado de la Procuraduría, el de la Defensoría del Pueblo y de los funcionarios de la corporación que quieran asistir. No estuve presente en la que se seleccionó la tutela por la que me pregunta.
Se ha discutido si la participación de las cortes en la elección de futuros magistrados, además de otros funcionarios judiciales, es conveniente o ha pervertido la Rama Judicial. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
Las funciones electorales introducen al juez en una lógica muy distinta de la de administrar justicia. Por eso deberían desaparecer o minimizarse drásticamente, y las que sobrevivan deben tener una regulación precisa sobre el procedimiento y las pautas a aplicar.
Otro punto en discusión es si los candidatos a la Corte Constitucional por el jefe de Estado de turno le deben “fidelidad” a quien los puso en las ternas. ¿Comparte esa posición o está en desacuerdo? Usted, por ejemplo, fue postulada por Álvaro Uribe, pero él y su grupo no la consideran una “amiga”…
Un juez le debe lealtad y fidelidad al derecho y a la Constitución. Normalmente, la gratitud y la fidelidad son valores positivos en las relaciones sociales. No se trata de que el juez tenga un deber de obrar contra quien lo nominó, eligió o apoyó, pues en ocasiones puede tener razón, de acuerdo con el derecho. Se trata, más bien, de que esa circunstancia sea indiferente al juez cuando se le presente un caso que comprometa los intereses de su nominador o elector.
Las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con el acuerdo de paz han generado rechazo entre los opositores al proceso. ¿Parte de lo que le critican a usted y a otros de sus excolegas tiene que ver con este caso?
Con una lectura (exclusivamente) constitucional, nosotros votamos en favor de los actos legislativos y las leyes que se han expedido en torno a la paz y, también, con algunas divergencias que se han expresado en los salvamentos parciales de voto. Ignoro si nos están cobrando nuestras posiciones.
¿Cuál de las sentencias que falló su despacho en estos ocho años le produjo mayor satisfacción?
Ha habido varias. En general, me parece interesante la evolución que tuvieron, en este período, el derecho fundamental al agua potable para consumo humano y el desarrollo sostenible. La Corte tomó conciencia de un cambio ambiental preocupante y advirtió la necesidad de que las personas tuvieran una vida verdaderamente digna en circunstancias de calentamiento ambiental. Por eso progresó en la protección de cantidades suficientes de agua potable para todos los seres humanos. También constató la existencia de fuentes objetivas de riesgo ecológico en ciertas prácticas de producción económica. Y sin impedir estas últimas, aplicó límites que preservaran el ambiente sano.
A propósito de ese tipo de sentencias, el presidente Santos reveló que, cuando entrevistó a los candidatos a integrar las ternas para los nuevos magistrados, les pidió expresar sus posiciones frente a la paz y a las sentencias con consecuencias económicas para el Estado 1. ¿Cómo califica la actitud del presidente? 2. ¿Se ha sobrepasado la Corte y ha dictado sentencias irresponsables con las finanzas del país?
1. No soy quién para calificar el proceder del presidente 2. No creo que la Corte haya sido irresponsable: ha decidido casos en los que se comprometen dineros públicos, pero entendiendo sus límites reales y su justa medida.
¿Existe alguna decisión que haya tomado como magistrada o como presidenta de la Corte Constitucional de la que después se haya arrepentido o, al menos, de la que hubiera querido tener mayor información para votar diferente?
Es una pregunta difícil, aunque recuerdo en particular la Sentencia C-742 de 2012 (derecho de reuniones en espacios públicos). La Corte debía examinar una norma que convertía en delito ciertas obstrucciones a las vías públicas. Esa ley interfería en el ejercicio de unas libertades ciudadanas, y pienso que la Corte pudo haberlas protegido mejor. Fuera de esa decisión, tengo algunos arrepentimientos. Todos los tenemos y yo no soy la excepción.
¿Se puede saber cuáles?
No. Prefiero guardármelos por la dignidad de la Corte y del cargo que todavía ostento.
Existe una creencia general: que las mujeres son más honestas que los hombres y la presencia femenina en las cortes está cubierta por ese presupuesto ¿Lo comparte o no?
No tiendo a ver la vida con esa concepción ajedrezada de los géneros, según la cual sólo hay hombres y mujeres, y unos se distinguen de las otras, nítida y rígidamente. En ese arcoíris de enriquecedoras diferencias hay muchas personalidades. He defendido la participación femenina en las altas cortes con vigor. No deja de causar perplejidad que en todo el aparato judicial haya participación femenina, pero al llegar a las altas cortes los estereotipos y prejuicios se disparen y surjan barreras invisibles de acceso. El bajo porcentaje de presencia de las mujeres en la integración de las altas cortes implica que no concurren en forma siquiera paritaria.
Comparto lo que dice, pero, del otro lado y aunque se trate de excepciones, ha habido recientemente casos de togadas en las altas cortes que no han dejado bien parado el género femenino. ¿La proclividad al amiguismo y al clientelismo ha contaminado a algunas de sus colegas?
No me parece correcto hacer juicios sobre mis colegas sin pruebas.
De las reformas a la justicia que se han propuesto en los últimos años y en los sucesivos gobiernos, ninguna ha tenido éxito o sólo han pasado pequeñas reformas parciales. ¿Los funcionarios judiciales se oponen a cambiar o las reformas han sido mal planteadas y por qué?
No creo, en primer lugar, que la Rama Judicial se oponga fundamentalmente al cambio. No olvidemos que la Constitución de 1991, que introdujo una de las mayores transformaciones judiciales, fue posible gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Luego de eso, han venido modificaciones importantes. Tampoco me parece que la Rama Judicial tenga más resistencia al cambio que el Congreso o el Ejecutivo. Mi concepto es que los cambios no han tenido una planeación adecuada y por eso las reformas no han podido responder a las necesidades de la rama.
¿Qué hará después de que se despida de la Corte, en dos semanas, siendo como es, una jurista con mucho por hacer todavía?
Por ahora estoy trabajando en dejar mi despacho al día. Toda mi vida me he dedicado al ejercicio del derecho y eso seguiré haciendo mientras me resulte posible.
Un rumor convertido en noticia
De manera insólita y sin que todavía se comprenda por qué, Néstor Humberto Martínez cuestionó ante decenas de medios a la magistrada saliente de la Corte Constitucional María Victoria Calle. El fiscal general se refirió a ella y, tácitamente, a su esposo, el exconsejero de Estado Gustavo Gómez Aranguren, a la salida de un foro sobre lucha contra la corrupción que realizó el diario El Tiempo. Sin que nadie le preguntara por el caso concreto, el fiscal dio por cierto un rumor de reuniones sociales, según él mismo admitió: “En los cocteles se dice que la magistrada saliente, que fue presidenta de la Corte Constitucional (Calle), recibiría, en cuerpo ajeno, una embajada. Por razones de ética y moral esto es inaceptable. Eso es lo que no quiere ver la sociedad colombiana; lo que quiere ver es independencia de los poderes”, sostuvo Martínez. Horas después la togada y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo desmintieron. La magistrada contestó, también en público: “No sé cuál será la fuente del señor fiscal, pero no nos han ofrecido ni a él (su esposo) ni a mí una embajada. Ese dato no corresponde a la verdad”. La Cancillería, por su parte, expidió un corto comunicado en que sostuvo que “no (se) le ha ofrecido ningún cargo… ni a ningún miembro de su familia…”.
Ecos de la batalla en la Corte por el escándalo Pretelt
La Corte Constitucional tuvo durante muchos años gran prestigio nacional e internacional, al punto que magistrados tan prestigiosos como los europeos viajaban al país para conocer el funcionamiento del alto tribunal. El aura de transparencia y sabiduría que rodeaba esa corporación se rompió, sin embargo, cuando estalló el escándalo de Fidupetrol, una empresa privada que interpuso una tutela en la Corte para intentar evitar el pago de más de $22 mil millones que le entregó la Gobernación de Casanare, entre 2007 y 2008, y que nunca devolvió. El escándalo surgió cuando un abogado contratado por esa firma, Víctor Pacheco, les confesó a varios miembros de la Constitucional que el magistrado Jorge Pretelt le pidió $500 millones para influir en la selección y decisión de la tutela. Varios togados, entre quienes estaba María Victoria Calle, hoy cuestionada por el fiscal general, decidieron dar a conocer el caso. Hoy los ecos de la dura confrontación interna y pública que siguió todavía se sienten: los ataques contra los magistrados que enfrentaron a Pretelt continúan. En particular, el buen nombre y la rectitud de la jurista Calle no habían sido puestos en duda hasta esta semana, cuando el fiscal Martínez dio crédito a un rumor sin tener pruebas en la mano.
Por Cecilia Orozco Tascón.
