“No somos un obstáculo para el progreso”: presidenta de la Corte Constitucional

María Victoria Calle es la primera magistrada en repetir en el cargo de presidenta de la Corte Constitucional. A inicios del año pasado, cuando se destapó el escándalo por un supuesto tráfico de influencias dentro del alto tribunal, Calle fue designada para reemplazar al magistrado Jorge Pretelt en la presidencia, pues este fue suspendido del cargo al conocerse su presunta participación en ese escándalo. A Calle le tocó sortear las duras y las maduras durante uno de los peores momentos que ha vivido la Corte en sus casi 24 años de existencia. Y sobrevivió. Ahora es elegida en titularidad para este cargo, uno de los más importantes de la Rama Judicial.

En entrevista con El Espectador, la magistrada se pronuncia sobre el posconflicto, la controversia que ha generado el fallo que prohibió la minería en páramos y la falta de mujeres en las altas cortes, aunque guardó silencio frente a temas tan espinosos como el matrimonio igualitario y la Ley de Equilibrio de Poderes, con el argumento de que se encuentran en discusión.

¿Cómo mejorar la percepción que tienen los colombianos sobre la institución y la justicia?

Desde luego, aunque puedo hablarle solo de la Corte Constitucional. Además de implementar todas las medidas que se han tomado en el orden reglamentario, la idea es continuar trabajando y mejorando. Insisto en que el deterioro de la imagen de la institución se debe a un caso individual.

¿Cuál es su balance de las medidas que se formularon para atajar esta crisis?

La Corte está en un proceso de ajuste institucional. Ahora no solo hay más mecanismos de transparencia y control en la selección de tutelas, sino que además se precisaron los términos para procedimientos internos y plazos para asuntos que antes no los tenían. Con esto se está tratando de garantizar una justicia más abierta al escrutinio público y más pronta.

Algunos sectores de la sociedad dijeron que la Corte se volvió un obstáculo para el progreso de proyectos de interés general como el Plan de Desarrollo. ¿Qué opina?

La Corte insiste en su vocación de respeto por las críticas que se hagan contra sus decisiones.

La función de la Corte no es obstaculizar el progreso, sino reconducirlo dentro del marco constitucional. La Constitución colombiana no prevé un determinado modelo de desarrollo económico, pero sí contempla algunos parámetros fundamentales para los modelos que lleguen a adoptarse. Es el caso por ejemplo del principio de desarrollo sostenible, de la autonomía de las entidades territoriales, de la separación de funciones, entre otros. Es posible que cuando el Estado expida una norma legal, que implemente un modelo de desarrollo definido, afloren diferencias entre sectores sociales acerca de si respetan o no esos parámetros. La Constitución dice que, en tales casos, esas diferencias se deben resolver por un tercero imparcial, que en el caso del Plan de Desarrollo es competencia de la Corte Constitucional. Su decisión consistió en encauzar el proyecto de desarrollo del cual formaban parte las normas demandadas en los márgenes de la Constitución.

¿Cree que la posible firma de paz con las Farc impactará el trabajo de la Corte?

Es posible, en términos del contenido de los asuntos que deberá resolver y, quizás, también de su número.

Diferentes sectores de la sociedad han viajado para participar en las mesas de trabajo en La Habana. No ha sido el caso de las altas cortes. ¿Siente que se han dejado a un lado?

En mi concepto, que se limita a Corte Constitucional, esta no tendría por qué ser invitada a participar de las negociaciones, pues su función no es esa. A esta corporación le corresponde la defensa de la Constitución y por eso tendríamos que verificar la constitucionalidad de normas o asuntos que se refieran a los arreglos que allí se alcancen. No es conveniente que un organismo participe en la elaboración de un acuerdo que después, directa o indirectamente, debe controlar.

¿Cuál considera que ha sido la sentencia más importante de su carrera como magistrada?

Personalmente, considero que la decisión más importante ha sido la sentencia C-588 de 2009. En esa ocasión se demandó una reforma constitucional que establecía básicamente la posibilidad de inscribir extraordinariamente en carrera administrativa, a quienes no habían participado en concursos de mérito pero ocupaban cargos en provisionalidad en la función pública.

La Corte declaró que esa reforma sustituía un elemento definitorio de la identidad de la Constitución, conformado por el acceso a la carrera administrativa en condiciones de igualdad, el mérito, la transparencia, entre otros. Esa decisión fue de suma importancia, no solo por el elemento constitucional que defendió, sino también por su incidencia en el desarrollo institucional posterior, pues con ella una Corte que estaba en su mayoría renovada –en 2009 entramos seis de esos nueve magistrados-, reivindicó la existencia de límites al poder de reforma constitucional por los poderes constituidos. Esa tesis, que la Corte Constitucional había venido sosteniendo desde el año 2003, no fue compartida sino por cinco de los nueves miembros y, aunque no fui ponente de la sentencia que resalto, creo que al participar en la deliberación correspondiente a esa decisión y hacer a parte de la mayoría contribuí a proferir una sentencia que le sumo al Derecho Constitucional un singular aporte en materia de fortalecimiento de la democracia.

¿A propósito, está la Corte preparada para el posconflicto?

Por supuesto que lo está. Es una institución con grandes fortalezas que le permiten enfrentar adecuadamente todos los desafíos que se avecinan. La Corte ha forjado una jurisprudencia y unos antecedentes que despiertan interés y admiración en el mundo. Por otra parte, las reglas que definen su conformación y sus competencias están en general bien diseñadas y tienen un valor institucional. Pero además cuenta con un verdadero talento humano, que tiene un compromiso muy serio por lo público. La gente que aún desconfía de la Corte, en vez de concentrar su atención en un hecho específico, debería mirar todos estos aspectos de forma integral.

¿Cree que con la paz quizás se supere el estado de cosas inconstitucional del que habla la Sentencia T-025, respecto al desplazamiento?

Es una posibilidad. Todo dependerá del grado en el cual el fin del conflicto se vaya transformando en relación con la reparación de los daños, las condiciones de no repetición y el acceso de las víctimas a la justicia.

¿Cree que temas como la supuesta elección de tutelas “a dedo” por parte del magistrado Pretelt debería ser un tema que se ventile a la luz pública, tal como se ha hecho?

Por supuesto. La Corte ejerce una función pública, su trabajo debe poder conocerse. La colectividad tiene derecho a saber cómo se administra justicia en la Corte Constitucional.

¿Cómo le fue reemplazando a Pretelt en la presidencia?

Presidir una Corte que atraviesa por un hecho sin precedentes supone trabajar con mayor transparencia, y ocuparse de mejorar los demás aspectos de la función pública. Cómo me haya ido en esa tarea, es una cuestión que preferiría que otros respondan.

Para reemplazar al exmagistrado González Cuervo se propuso una terna de mujeres, pero al final se eligió un hombre. ¿Le parece que la mujer sigue siendo poco representada en la Corte?

De 33 magistrados que ha tenido la Corte en su historia, solo tres hemos sido mujeres. De los nueve actuales, solo dos somos mujeres. Los hechos hablan por sí solos.

¿Qué tan comprometida está la Corte Constitucional con la paz?

La corporación está obligada a defender toda la Constitución, y en ella hay compromisos constitucionales con la paz, la justicia, el debido proceso, la verdad, la reparación, la democracia, entre otros. La Corte, por su función de juez, no puede decir que esté más comprometida con uno de esos valores que con los demás.

María Victoria Calle es la primera magistrada en repetir en el cargo de presidenta de la Corte Constitucional. A inicios del año pasado, cuando se destapó el escándalo por un supuesto tráfico de influencias dentro del alto tribunal, Calle fue designada para reemplazar al magistrado Jorge Pretelt en la presidencia, pues este fue suspendido del cargo al conocerse su presunta participación en ese escándalo. A Calle le tocó sortear las duras y las maduras durante uno de los peores momentos que ha vivido la Corte en sus casi 24 años de existencia. Y sobrevivió. Ahora es elegida en titularidad para este cargo, uno de los más importantes de la Rama Judicial.

En entrevista con El Espectador, la magistrada se pronuncia sobre el posconflicto, la controversia que ha generado el fallo que prohibió la minería en páramos y la falta de mujeres en las altas cortes, aunque guardó silencio frente a temas tan espinosos como el matrimonio igualitario y la Ley de Equilibrio de Poderes, con el argumento de que se encuentran en discusión.

¿Cómo mejorar la percepción que tienen los colombianos sobre la institución y la justicia?

Desde luego, aunque puedo hablarle solo de la Corte Constitucional. Además de implementar todas las medidas que se han tomado en el orden reglamentario, la idea es continuar trabajando y mejorando. Insisto en que el deterioro de la imagen de la institución se debe a un caso individual.

¿Cuál es su balance de las medidas que se formularon para atajar esta crisis?

La Corte está en un proceso de ajuste institucional. Ahora no solo hay más mecanismos de transparencia y control en la selección de tutelas, sino que además se precisaron los términos para procedimientos internos y plazos para asuntos que antes no los tenían. Con esto se está tratando de garantizar una justicia más abierta al escrutinio público y más pronta.

Algunos sectores de la sociedad dijeron que la Corte se volvió un obstáculo para el progreso de proyectos de interés general como el Plan de Desarrollo. ¿Qué opina?

La Corte insiste en su vocación de respeto por las críticas que se hagan contra sus decisiones.

La función de la Corte no es obstaculizar el progreso, sino reconducirlo dentro del marco constitucional. La Constitución colombiana no prevé un determinado modelo de desarrollo económico, pero sí contempla algunos parámetros fundamentales para los modelos que lleguen a adoptarse. Es el caso por ejemplo del principio de desarrollo sostenible, de la autonomía de las entidades territoriales, de la separación de funciones, entre otros. Es posible que cuando el Estado expida una norma legal, que implemente un modelo de desarrollo definido, afloren diferencias entre sectores sociales acerca de si respetan o no esos parámetros. La Constitución dice que, en tales casos, esas diferencias se deben resolver por un tercero imparcial, que en el caso del Plan de Desarrollo es competencia de la Corte Constitucional. Su decisión consistió en encauzar el proyecto de desarrollo del cual formaban parte las normas demandadas en los márgenes de la Constitución.

¿Cree que la posible firma de paz con las Farc impactará el trabajo de la Corte?

Es posible, en términos del contenido de los asuntos que deberá resolver y, quizás, también de su número.

Diferentes sectores de la sociedad han viajado para participar en las mesas de trabajo en La Habana. No ha sido el caso de las altas cortes. ¿Siente que se han dejado a un lado?

En mi concepto, que se limita a Corte Constitucional, esta no tendría por qué ser invitada a participar de las negociaciones, pues su función no es esa. A esta corporación le corresponde la defensa de la Constitución y por eso tendríamos que verificar la constitucionalidad de normas o asuntos que se refieran a los arreglos que allí se alcancen. No es conveniente que un organismo participe en la elaboración de un acuerdo que después, directa o indirectamente, debe controlar.

¿Cuál considera que ha sido la sentencia más importante de su carrera como magistrada?

Personalmente, considero que la decisión más importante ha sido la sentencia C-588 de 2009. En esa ocasión se demandó una reforma constitucional que establecía básicamente la posibilidad de inscribir extraordinariamente en carrera administrativa, a quienes no habían participado en concursos de mérito pero ocupaban cargos en provisionalidad en la función pública.

La Corte declaró que esa reforma sustituía un elemento definitorio de la identidad de la Constitución, conformado por el acceso a la carrera administrativa en condiciones de igualdad, el mérito, la transparencia, entre otros. Esa decisión fue de suma importancia, no solo por el elemento constitucional que defendió, sino también por su incidencia en el desarrollo institucional posterior, pues con ella una Corte que estaba en su mayoría renovada –en 2009 entramos seis de esos nueve magistrados-, reivindicó la existencia de límites al poder de reforma constitucional por los poderes constituidos. Esa tesis, que la Corte Constitucional había venido sosteniendo desde el año 2003, no fue compartida sino por cinco de los nueves miembros y, aunque no fui ponente de la sentencia que resalto, creo que al participar en la deliberación correspondiente a esa decisión y hacer a parte de la mayoría contribuí a proferir una sentencia que le sumo al Derecho Constitucional un singular aporte en materia de fortalecimiento de la democracia.

¿A propósito, está la Corte preparada para el posconflicto?

Por supuesto que lo está. Es una institución con grandes fortalezas que le permiten enfrentar adecuadamente todos los desafíos que se avecinan. La Corte ha forjado una jurisprudencia y unos antecedentes que despiertan interés y admiración en el mundo. Por otra parte, las reglas que definen su conformación y sus competencias están en general bien diseñadas y tienen un valor institucional. Pero además cuenta con un verdadero talento humano, que tiene un compromiso muy serio por lo público. La gente que aún desconfía de la Corte, en vez de concentrar su atención en un hecho específico, debería mirar todos estos aspectos de forma integral.

¿Cree que con la paz quizás se supere el estado de cosas inconstitucional del que habla la Sentencia T-025, respecto al desplazamiento?

Es una posibilidad. Todo dependerá del grado en el cual el fin del conflicto se vaya transformando en relación con la reparación de los daños, las condiciones de no repetición y el acceso de las víctimas a la justicia.

¿Cree que temas como la supuesta elección de tutelas “a dedo” por parte del magistrado Pretelt debería ser un tema que se ventile a la luz pública, tal como se ha hecho?

Por supuesto. La Corte ejerce una función pública, su trabajo debe poder conocerse. La colectividad tiene derecho a saber cómo se administra justicia en la Corte Constitucional.

¿Cómo le fue reemplazando a Pretelt en la presidencia?

Presidir una Corte que atraviesa por un hecho sin precedentes supone trabajar con mayor transparencia, y ocuparse de mejorar los demás aspectos de la función pública. Cómo me haya ido en esa tarea, es una cuestión que preferiría que otros respondan.

Para reemplazar al exmagistrado González Cuervo se propuso una terna de mujeres, pero al final se eligió un hombre. ¿Le parece que la mujer sigue siendo poco representada en la Corte?

De 33 magistrados que ha tenido la Corte en su historia, solo tres hemos sido mujeres. De los nueve actuales, solo dos somos mujeres. Los hechos hablan por sí solos.

¿Qué tan comprometida está la Corte Constitucional con la paz?

La corporación está obligada a defender toda la Constitución, y en ella hay compromisos constitucionales con la paz, la justicia, el debido proceso, la verdad, la reparación, la democracia, entre otros. La Corte, por su función de juez, no puede decir que esté más comprometida con uno de esos valores que con los demás.