Los anuncios hechos por la Auditoría General de la Nación —entidad encargada de fiscalizar las contralorías del país—, sobre el posible detrimento patrimonial en que habría incurrido Sandra Morelli han sido calificados por esta funcionaria como persecución y complot. El Espectador habló con Laura Marulanda, auditora general de la Nación, para dilucidar si se trata, como dice la contralora, de una persecución o del control legal que se le tiene que hacer a la entidad.
¿Cómo es convivir con el “enemigo” trabajando en el mismo edificio?
Es completamente normal, no hemos tenido ningún problema estando en el mismo edificio. Desde que nació la Auditoría, la Constitución dijo que la Contraloría debía darle el espacio para funcionar, por eso nos encontramos en las mismas instalaciones.
¿Es decir, que ustedes en la Auditoría están obligados por ley a estar en el mismo sitio que la Contraloría?
Ya no, cada entidad puede estar en espacios separados. Lo que pasa es que cuando yo llegué a la Auditoría, ya estaba el contrato de arrendamiento de la 26 y hay que cumplir el contrato. Nosotros hemos hecho estudios y solicitudes al Gobierno Nacional para separarnos y tener independencia en ese punto, pero no ha sido posible.
¿Por qué el edificio tiene problemas y es costoso el arriendo para la Contraloría y no para la Auditoría?
Los términos del contrato son diferentes. Nosotros pagamos $192 millones mensuales de arriendo, y yo nunca he dicho que sea barato para la Auditoría, de hecho, hemos tratado de solucionar ese problema. He intentado buscar una sede propia, ya sea en comodato o con alguna figura. La diferencia es que dentro del contrato de arrendamiento de la Contraloría se incluyen los bienes muebles, mientras que nosotros tenemos un contrato con un valor global. Pero cabe recordar que quien celebró el contrato de arrendamiento nuestro también fue Sandra Morelli.
¿Quién le hace control a ese contrato de la Auditoría, si también es costoso? ¿Está investigando usted a su antecesor por esto?
El contrato de arrendamiento de la Auditoría lo hizo la contralora. Nosotros en todo este proceso hemos revisado nuestro contrato a ver qué podemos hacer.
El contrato de arrendamiento de la Contraloría se venció en julio, ¿el de ustedes también?
Sí, el de nosotros también, pero hicimos una prórroga hasta octubre.
Si usted viene investigando ese contrato del edificio desde que llegó al cargo, ¿por qué no empezó a buscar un sitio a donde mudar las oficinas de la Auditoría?
Sí lo hemos buscado, lo que pasa es que ya la gente sabe el precio que pagamos aquí y no es fácil encontrar algo más barato. Mientras no lo podamos solucionar, nos toca quedarnos ahí. Pero quiero dejarle claro que los términos del contrato con el edificio de la Auditoría son diferentes a los de la Contraloría.
Hablando de otras cosas, usted quería presentar un proyecto para alargar el período de la Auditoría, pero el presidente Santos se pronunció diciendo que no avalaría dicha iniciativa. ¿Cómo recibió esa falta de respaldo a su proyecto?
El presidente se pronunció sobre la reelección, no sobre el alargue del período. Además, lo hizo sobre la ley que había aprobado la reelección del auditor antes de mi llegada y que la Corte Constitucional había declarado inexequible.
¿Quiere presentar un proyecto que la beneficie directamente a usted y su período?
No. Cualquier proyecto que se presente hoy, no alcanzaría a cobijarme. Mire, la Auditoría necesita un período serio, en dos años es casi imposible que una institución avance con sus investigaciones, es muy corto tiempo. Es urgente y se debe insistir, no para mí, que el período de la Auditoría sea igual al de la Contraloría.
¿El hecho de que no haya un período igual entre el contralor y el auditor permite que los contralores hagan lo que quieran sin que los controlen?
Claro, eso permite que haya impunidad en el control fiscal, porque por lo general lo que un auditor empieza, nunca lo puede terminar.
Es decir, ¿a los contralores que hemos tenido nadie los ha controlado?
Sí los controlan, pero no les alcanzan a terminar los procesos. El tiempo no alcanza, porque la dinámica de la actividad procesal hace que se dilate mucho.
La contralora Sandra Morelli, cuando le han preguntado sobre la investigación que hay en contra de ella, dice que usted quiere volver todo penal…
No quiero volver todo penal, lo que pasa es que los hallazgos que hemos encontrado tienen connotación penal, por eso hacemos traslado a la Fiscalía. Igual le pasa a ella cuando encuentra actuaciones penales en sus investigaciones, debe darle el traslado a la Fiscalía.
¿Y los hallazgos del edificio qué tienen de penal?
Me gustaría que hiciéramos un estudio de todas las auditorías que ha hecho la Contraloría y les ha dado connotación penal por violar los principios de la contratación pública. Cuando usted hace un contrato y no se enmarca dentro de esos principios, incurre en una falta penal, lo penal en este país no son solo los hechos de corrupción. Penal también es la celebración indebida de contratos o la contratación sin el cumplimento de los requisitos legales, así lo ha dicho el Consejo de Estado. En el Estado, nosotros tenemos que contratar conforme a las normas legales vigentes y si no se cumple con eso se está violando el Código Penal.
La contralora dijo que antes de que a usted la eligieran se la pasaba en el Club El Nogal en Bogotá diciendo que la iba a volver “chicuca” una vez la nombraran, ¿es esto así?
Nunca fui al Club El Nogal en el proceso de elección y eso es muy fácil de probar. Mire, le digo de corazón, yo no tengo nada en contra de la doctora Sandra, yo no le estoy haciendo el juego a nadie, yo estoy haciendo mi trabajo. Por eso les he dicho a varios juristas, incluso a ella misma, que revisen el informe de auditoría y si encuentran que estamos equivocados, que nos den las evidencias y nosotros las miramos, pero eso nunca ha pasado. Ella siempre dice que la persiguen, pero no me ha dado un solo argumento jurídico o prueba sobre el informe.
Sobre esa persecución, ella recientemente ha dicho que usted, a pesar de saber que ella tenía una citación en la Fiscalía, la citó a la Auditoría y dijo que si no asistía le nombraba un abogado de oficio. ¿No es eso arbitrario?
Eso no es así, lo que dijimos fue que si no asistía con justa causa, tendríamos que nombrarle un defensor de oficio. No sabíamos lo de la Fiscalía, por eso cuando nos enteramos, aplazamos la audiencia.
La última investigación que usted reveló sobre la actuación de la Contraloría es la de la celebración de los 90 años de la entidad. ¿No se pueden hacer celebraciones en el sector público?
El Decreto 1737 de 1998, artículo 12, dice que está prohibido que las entidades públicas realicen conmemoraciones y agasajos. Por eso le digo: siempre comparemos esto con lo que hace la Contraloría frente a sus objetos procesales, que es similar. La Contraloría puede hacer publicaciones, pero no de lujo. Los decretos de austeridad y gasto público aplican también para ese órgano de control.
¿Cómo se puede hacer una celebración en una entidad pública? ¿Hasta dónde se puede gastar el funcionario?
No se pueden hacer fiestas, no se pueden hacer comidas suntuosas ni publicaciones similares.
¿Cómo se determina qué es suntuoso y qué no?
Las publicaciones nosotros las enviamos a la Imprenta Nacional para que nos certificara si la publicación estaba acorde al gasto público y la Imprenta dijo que era de lujo.
¿No existe un vacío para todas las entidades en ese punto? ¿Cómo saber qué es lujoso y qué no?
Las celebraciones de las entidades públicas no pueden ser con comidas, no es como cuando usted hace una celebración en su casa. En mi primer año de gestión yo hice un coctel para los empleados y lo hice de mi bolsillo, porque sé que no lo puedo hacer con dinero público. Que es muy exagerada la norma puede que sí, pero si lo prohíbe, yo tengo que investigar.
Auditora investiga a la contralora
Otra de las investigaciones que presentó tiene que ver con la gasolina del vehículo que transportaba al hijo de la contralora. ¿No utilizan los hijos de los funcionarios del Estado los vehículos de sus papás? ¿Eso no está permitido?.
Así es que lo muestra la doctora Sandra, ella cambia el hallazgo para mostrarlo a la opinión pública como le impacte positivamente a ella. Nadie le ha dicho que ella no puede subir su hijo al carro de la Contraloría o que no pueda ponerle un esquema de seguridad. Lo que le decimos es que ella no puede, del presupuesto de la Contraloría, echarle gasolina a su vehículo personal.
La respuesta es que ese carro es personal porque no quiso usar uno de la Contraloría para dárselo a su hijo…
Eso ya es problema de ella. La obligación del Estado es suministrarle la seguridad y se le está suministrando con cuatro carros blindados, ya ella verá cómo los distribuye.
Según Laura Marulanda, Morelli no puede utilizar el presupuesto de la institución para echarle gasolina a su carro.
‘Conozco a Montealegre como a cualquier funcionario’
¿No será que se está hilando muy delgado si al final resulta más barato para el Estado que ella utilice su carro personal? No, ¿por qué va a salir más barato? Pero eso no se puede, ¿usted cree que un alcalde podría hacer eso sin que ella lo investigara? La ley lo prohíbe y ella lo sabe.
Se le ataca a usted diciendo que no ha investigado nada distinto a la Contraloría General, entre otras en eso basan el discurso de la persecución…
Porque no han visto los informes de gestión de nuestra entidad. Hicimos 32 auditorías en el primer semestre.
Han intentado relacionarla constantemente con el fiscal Eduardo Montealegre, ¿qué relación tiene con usted?
¿Qué relación puedo tener con él? Yo soy de Medellín, él de Bogotá, no estudiamos juntos. Lo conozco como he conocido a otros funcionarios del Estado.
Por Camila Zuluaga
