La procuradora general Margarita Cabello celebró el proceso de tutela, ante el Consejo de Estado, con el que el órgano de control que dirige está tratando de darle validez jurídica a la presunta y confusa capacidad que tendría para sancionar y/o destituir a funcionarios de elección popular.
Esta mañana se conoció que la Sección Tercera del Consejo de Estado le puso freno a decisiones de la Sección Segunda de esa misma alta corte. La sección del alto tribunal le aceptó una tutela a la Procuraduría General en la que le piden que congele y revise las nulidades de 11 sanciones con las que Ministerio Público había apartado de sus cargos a alcaldes y concejales.
Esos funcionarios de elección popular fueron objeto de juzgamiento disciplinario y sus casos fueron declarados nulos por la Sección Segunda del Consejo, la cual considera que la Procuraduría no tiene competencia en ese tipo de procesos. Ahora, el magistrado Martín Bermúdez Muñoz, de la Sección Tercera, aceptó revisar los casos, le dio el espaldarazo a la Procuraduría y dejó ver la división que existe entre esa sección y la segunda.
Ante ello, la procuradora Cabello reaccionó así: “Como siempre lo he dicho, respetamos las decisiones de los magistrados del Consejo de Estado. Esa suspensión nos da aliento para la tesis que maneja la Procuraduría, sustentada en que debemos actuar al órgano de cierre que es la Corte Constitucional, la cual consideró que la Procuraduría estaba facultada a imponer sanciones a elegidos popularmente”.
Y agregó: “Confiamos en que la tutela salga adelante. Es una medida provisional. Ojalá podamos unificar criterios para darle tranquilidad y seguridad jurídica al país, respecto a que haya claridad total sobre las funciones y competencias de la Procuraduría General de la Nación”.
Cabello se refiere a la Corte Constitucional porque, a inicios del año pasado, esta alta corte revisó la reforma a la Procuraduría y, si bien mantuvo la posibilidad de que el ente de control juzgue a funcionarios de elección popular, precisó que lo hará siempre y cuando se entienda el proceso como uno administrativo y, por tanto, tenga una fase final ante el Consejo de Estado en sede de revisión.
No obstante, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había decidido en el caso que el presidente Gustavo Petro llevó a la justicia internacional por su salida de la alcaldía de Bogotá, por orden del entonces procurador Alejandro Ordoñez. En esa decisión, el órgano del sistema interamericano le ordenó a Colombia que no permitiera que la Procuraduría tuviese la capacidad de sancionar o destituir a funcionarios de elección popular.
Así las cosas, la división en el Consejo de Estado se suma a la cantidad de instituciones de justicia y expedientes que han llevado a las dudas la presunta capacidad de la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular. Ahora, la grieta está entre la Sección Segunda y la Sección Tercera del Consejo de Estado, que tienen ópticas distintas sobre un expediente que puede marcar el futuro de la Procuraduría como institución.
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