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La Fiscalía dio un nuevo paso esta semana para esclarecer la desaparición y homicidio del exsecretario de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, ocurrida en 2014. El pasado 11 de diciembre, el ente investigador le imputó cargos a Zuan Naiduth López Acevedo por el delito de homicidio agravado.
Se trata de la mujer que habría sido la pareja de Joice Hernández, autor material del crimen y quien ya fue condenado a 23 años de cárcel. En noviembre de 2023, la procesada fue condenada a 40 años de cárcel por la desaparición forzada del exfuncionario Zapa Pérez, pero solo hasta esta semana fue imputada por el homicidio.
La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo esta semana, sin que la procesada participara en la diligencia. De acuerdo con la familia de Zapa, López Acevedo está prófuga de la justicia desde hace al menos un año. Sin que todavía tengan una explicación, los familiares del exsecretario explicaron que, pese a la condena, la mujer estaba en casa por cárcel.
“Los responsables han huido, y hasta el momento no ha habido un pronunciamiento claro ni acción por parte de la Fiscalía o del Inpec, entidad encargada de vigilar a los reclusos. Esta fuga de los implicados no solo evidencia la falta de control, sino también una flagrante vulneración de los derechos de las víctimas y de la confianza en el sistema judicial”, expresó la familia Zapa Pérez hace unas semanas.
El crimen del exsecretario de Regalías se conoció en marzo de 2014, cuando la familia reportó su desaparición. Cinco meses después, el 6 de agosto de ese año, su cuerpo fue hallado en Pueblo Nuevo (Córdoba), a pocos metros de la finca del padre del entonces gobernador cordobés, Alejandro Lyons.
Según la Fiscalía, el excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, habría planeado y ordenado la muerte de Zapa para, supuestamente, no cumplir con el pago de dádivas, luego de ser favorecido con varios contratos de ciencia y tecnología en el departamento.
Aunque un testigo le contó al ente investigador que el gobernador Lyons prestó su carro para mover el cadáver de Zapa, el informante fue asesinado y hoy el exdirigente departamental no está procesado por la desaparición y homicidio de Jairo Zapa. Diez años después del crimen, la familia del exsecretario sigue pidiendo justicia.
“Este dolor no solo ha marcado a nuestra familia, sino que ha desgarrado nuestra unidad. Los padres de Jairo, su esposa e hijos han sido desterrados de Córdoba, desintegrando irremediablemente el núcleo familiar. Como consecuencia de este crimen, hemos vivido un proceso de dolor continuo, un sufrimiento que no termina, y el cierre de este capítulo tan devastador se ve lejano, casi imposible”, escribieron los familiares en una carta.
Y agregaron: “Hoy, alzamos nuestra voz en búsqueda de justicia, de que se nos escuche, de que las autoridades tomen responsabilidad y, por fin, nos den la paz que merecemos. Exigimos que se capture a los fugitivos y que respondan por el dolor que han causado, pero también exigimos que las autoridades se pronuncien, ya que Jairo Zapa era un servidor público, y su vida, su sacrificio y su servicio a la comunidad no pueden quedar en el olvido. El asesinato de un servidor público debe ser tratado con la gravedad que amerita, y los responsables deben ser llevados ante la justicia sin más dilaciones”.
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