Este viernes 4 de abril inicia a correr el cronómetro de 30 días hábiles para que seis miembros del antiguo Secretariado de las Farc reconozcan o rechacen su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad, imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en noviembre de 2024, y que tienen que ver con la investigación del macrocaso 07, que indaga el reclutamiento y utilización de menores durante el conflicto. Para muchos la pregunta puede ser: ¿por qué si la imputación se adelantó hace cinco meses, hasta ahora comienza la fase de reconocimiento? En pocas palabras porque, durante este tiempo, la JEP se dedicó a comunicar la decisión a más de 10.000 víctimas, recibir nuevos testimonios e, incluso, alistar nuevas imputaciones contra integrantes de la extinta guerrilla.
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El conducto regular del órgano de justicia transicional indica que, luego de una imputación de cargos, los máximos responsables tendrán 30 días para hacer comentarios sobre el auto y aceptar o rechazar los señalamientos. En caso de tomar el segundo camino, el proceso pasaría a manos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP, la cual estudiaría el expediente y tendría que decidir si inicia un juicio adversarial. Sin embargo, este escenario cabe dentro de un paquete de opciones, pues serán Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo quienes reconozcan o se desliguen de las imputaciones por reclutamiento.
En noviembre pasado, los seis comparecientes manifestaron que esos hechos “nunca debieron haber ocurrido”, pero aún es incierto si reconocerán su participación en los hechos señalados, pues parte de los hallazgos de la JEP en su investigación, que fue la base para imputarlos, resume eventos de violencia sexual y reproductiva, homicidios, malos tratos y torturas contra niños, niñas y adolescentes que integraron las filas del extinto grupo armado. Para ese momento, la JEP contaba con cerca de 1.000 víctimas acreditadas, quienes le entregaron sus testimonios a la Jurisdicción y quienes llevan desde entonces adelantando observaciones sobre el auto en contra de los máximos jefes de la guerrilla.
En abril de 2025, según le dijo a este diario Lily Andrea Rueda Guzmán, magistrada de la Sala de Reconocimiento y Verdad, la cifra ya asciende a 1.167 víctimas y “todavía seguimos recibiendo”, señala. Este número responde a víctimas individuales, quienes se han acercado a la Jurisdicción en busca de justicia y con el ánimo de contar sus historias y las de sus familiares. No obstante, la JEP también cuenta con 8.903 víctimas colectivas de cinco pueblos indígenas: Koreguaje, Barí, Sikuani, Cubeo e Hitnu. “La comunicación con las comunidades la terminamos la semana pasada porque eso implica un relacionamiento y diálogo particular en territorio, en unas condiciones de seguridad y protección específicas, pues estos pueblos se encuentran en zonas delicadas en términos de orden público”, expresa la togada.
Durante la recolección de testimonios de víctimas y las declaraciones de más de 80 exmiembros de las Farc, la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP se dio cuenta de que, más allá de los seis integrantes del antiguo Secretariado, también hubo mandos mandos regionales de las extintas Farc que sabían perfectamente de las estrategias de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Según la magistrada Rueda, las investigaciones de la justicia transicional también se centraron en “entender cómo se comportó esta conducta del reclutamiento en las diferentes regiones y cuándo diferentes mandos regionales tenían también esta capacidad de tomar estas decisiones”.
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El auto de la JEP dado a conocer en noviembre indica que se evidenciaron cinco patrones que se repitieron a nivel nacional, por los cuales responsabilizan a seis de los máximos exjefes del Secretariado. Estos fueron el reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en contra de niñas y niños reclutados en el marco de su vida intrafilas; violencias reproductivas que afectaron a niñas y mujeres reclutadas; violencia sexual en contra de niñas y niños reclutados y violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas. Estos patrones, de acuerdo con la magistrada, se evidenciaron en cada una de las regiones donde operaron las Farc desde 1996 hasta 2006.
Con esos elementos en mano, la Jurisdicción se prepara para imputar a nuevos mandos medios regionales, a quienes señalará de ser máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad por reclutamiento y utilización de menores. Sin embargo, sus nombres aun no se conocen. Los miembros del Secretariado ya imputados han señalado en repetidas ocasiones que imputar a personas de mediano rango al interior de la guerrilla va en contravía del Acuerdo de Paz, algo que la JEP niega, argumentando que lo que busca ese organismo es responder a las demandas de justicia de las víctimas. “Si bien los mandos regionales no estaban al mismo nivel del Secretariado, sí tenían poder sobre el funcionamiento de la estructura. Nos corresponde entender cómo se comportó el fenómeno criminal en las regiones”, apunta la magistrada Rueda.
Esas investigaciones que llevaron a la JEP a determinar una responsabilidad regional también cuentan con cifras, las cuales fueron conocidas por El Espectador. De acuerdo con las pesquisas, las Farc se desplegaron en varios bloques a lo largo y ancho del país, dejando cientos de víctimas de reclutamiento. De las 1.167 víctimas individuales acreditadas, al menos 588 corresponden al Bloque Oriental, 255 al Bloque Sur, 107 al Comando Conjunto Central, 71 al Bloque Magdalena Medio, 60 al Bloque Noroccidental, 52 al Bloque Occidental y 34 al Bloque Caribe. “A principio de año recibimos observaciones sobre el Bloque Oriental que cubre casi la mitad del país. La semana pasada abrimos fase de observaciones para los demás bloques, que serán entre abril, mayo y junio”, agregó la magistrada Rueda.
Así las cosas, la investigación por reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto por parte de las Farc es un tema que seguirá dando de qué hablar. Los miembros del Secretariado tendrán que dar una respuesta antes del viernes 9 de mayo sobre si aceptan o rechazan los cargos imputados, mientras la Jurisdicción define los nombres y rangos de los próximos excombatientes a ser imputados por haber reclutado a menores de edad y obligarlos a pertenecer al grupo armado, mientras fueron sometidos a otros vejámenes ya probados por la justicia transicional.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
