Casi una década le llevó a la ex fiscal y ex juez Clemencia García de Useche demostrar su inocencia. Acusada en 1999 de haber favorecido a los hermanos Gaitán Cendales, procesados por el delito de enriquecimiento ilícito, de la noche a la mañana pasó de reconocida “fiscal de hierro” a reclusa en una casa fiscal de la cárcel La Picota. Después enfrentó un interminable proceso judicial, que acaba de concluir en la Corte Suprema de Justicia al ser absuelta del cargo de prevaricato agravado.
Su caso se empezó a gestar a mediados de 1994, cuando a la Fiscalía fueron remitidos varios anónimos que expresaban que el ciudadano Guillermo Ortiz Gaitán y los hermanos Félix, José David, Raúl y Martha Gaitán Cendales tenían vínculos con el narcotráfico.
El 16 de julio de 1996, el ente investigador formalmente abrió investigación contra las personas mencionadas. El primero se entregó a la justicia 15 días después y los otros, sin entregarse, empezaron a ejercer su defensa.
En desarrollo de trámites jurídicos para resolver un recurso de apelación referente a los hermanos Félix, José David, Raúl y Martha Gaitán, el caso llegó al despacho de la entonces fiscal delegada ante el Tribunal Nacional Clemencia García de Useche, quien al evaluar las pruebas existentes en ese momento, no encontró razones para acusar a los sindicados y el 4 de diciembre de 1997 revocó las órdenes de captura en su contra. A los pocos meses estaba acusada de prevaricato.
Y se mantuvo en esta condición hasta esta semana, en que la Corte Suprema le acaba de confirmar que, como ella lo argumentó muchas veces, en el momento que tomó la decisión en favor de los Gaitán Cendales, el expediente era de “alto nivel de complejidad” y, a pesar de la abundante información proveniente del exterior, se trataba de reportes limitados. En consecuencia, señaló la Corte, la fiscal García no tenía elementos de juicio para acusar a los sindicados. Por eso la absolvió.
Lo particular del asunto es que no se trata de una ex funcionaria judicial intrascendente, pues la ex fiscal y ex juez Clemencia García de Useche fue protagonista de importantes procesos judiciales en los años 80 y 90 y, antes de ser procesada por prevaricato, impartió justicia durante 22 años.
Desde sus comienzos como juez de Ortega (Tolima), a los cuatro años de graduarse como abogada de la Universidad Santo Tomás, hasta la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional en los tiempos candentes del proceso 8.000.
Una larga trayectoria que, después de su paso por Ortega (Tolima), a finales de los años 70 la llevó sucesivamente, primero al municipio de Icononzo, y después al de Honda. Dos regiones donde empezó a ser testigo, desde los estrados judiciales, de la forma como comenzaron a crecer desaforadamente dos expresiones armadas ilegales en Colombia: las guerrillas que se expandían por la agreste región del Sumapaz y los paramilitares que comenzaban a extender su dominio en la región del Magdalena Medio. Como juez civil y penal constató ambas evidencias.
Con el agravamiento del orden público en los años 80, Clemencia García de Useche aceptó hacerse cargo de un juzgado de orden público en Neiva, donde cambió de frente y a su despacho empezaron a llegar casos de narcotráfico y decomiso de
bienes ilícitos. En 1990 fue trasladada a Villavicencio y la compleja realidad del país la puso en contacto con delicados expedientes por magnicidios contra integrantes de la Unión Patriótica, y nuevamente con la guerra cruzada entre los grupos paramilitares y los distintos frentes de la guerrilla.
Para la época ya tenía fama de “fiscal y juez de hierro” y, con los cambios producidos en la Asamblea Nacional Constituyente y la creación de la Fiscalía General de la Nación, fue trasladada a Bogotá. De entrada le llegaron dos casos críticos: las acusaciones contra Fidel Carlos Castaño por varias masacres perpetradas en la región de Urabá y varias peticiones para que reabriera investigación contra los ex guerrilleros del M-19, por el sonado episodio del holocausto del Palacio de Justicia de noviembre de 1985.
Ya curtida en controversias, Clemencia García de Useche tomó una explosiva decisión frente a este último caso: ordenó reabrir el expediente del Palacio de Justicia porque, en su opinión, el incendio del templo de la justicia y otros episodios de corte terrorista no habían quedado amparados en el indulto que favoreció a los guerrilleros del M-19 en 1989. Y ordenó la captura de sus antiguos líderes. Con una diferencia: ellos ya eran ex delegatarios de la Constituyente, congresistas y servidores públicos.
El caso terminó en un escándalo político, Entre gobierno y Congreso agilizaron una nueva ley de indulto para blindar el proceso de paz y evitar que los ex miembros del M-19 fueron procesados por el holocausto, y la jueza Clemencia García de Useche terminó afrontando un proceso disciplinario. Tras salir airosa del mismo, ayudó a resolver casos como la masacre de “La Chinita”, perpetrada por las Farc contra 35 desmovilizados del Epl en Urabá; o las primeras acusaciones contra el comandante del Epl Francisco Caraballo, detenido en el vecino municipio de Chía.
Durante la administración de Gustavo de Greiff fue designada fiscal delegada ante el Tribunal Nacional y asistió a los comienzos del proceso 8.000 que caracterizó a la administración de Alfonso Valdivieso. Todo iba bien en su exitosa carrera como fiscal y juez, cuando llegó a su despacho el caso de los hermanos Félix, José David, Raúl y Martha Gaitán Cendales, que revocó por falta de pruebas. El coordinador de la unidad no estuvo de acuerdo y, en medio de las diferencias, Clemencia García de Useche renunció a su cargo.
Meses después estaba acusada por esa y otras sindicaciones relacionadas con casos de narcotráfico. Alcanzó a estar varios meses en prisión, pero asistida judicialmente por su esposo, el abogado Guillermo Useche, siempre mantuvo la pelea. Durante la audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía delegada pidió que la condenaran. El Ministerio Público hizo lo propio. Esta semana el alto tribunal ha puesto punto final al dilema absolviéndola del delito de prevaricato agravado.
“No hubo ilegalidad”
A Clemencia García de Useche se le acusó de no haber valorado confesiones aportadas por la justicia italiana y certificaciones enviadas desde Suiza y Estados Unidos respecto a presuntas actividades ilegales de los hermanos Félix, José David, Raúl y Martha Gaitán Cendales. Tras evaluar todos los documentos aportados a la investigación, la Corte Suprema de Justicia consideró que los argumentos de la funcionaria no fueron ilegales al momento de cuestionar el proceso contra los Gaitán Cendales y que, por el contrario, muchos cuadernos que después se anexaron al expediente, no estuvieron a su disposición.