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La Corte Constitucional seleccionó una acción de tutela en la que nueve mujeres periodistas piden que se les protejan los derechos a la dignidad humana, vida e integridad, libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, libertad de prensa y el derecho a la no discriminación. La demanda la presentaron Victoria Dávila, Andrea Dávila, Camila Zuluaga, Lina María Peña, Maryuri Trujillo, Lariza Pizano, María Jimena Duzán Sáenz, Cecilia Orozco Tascón y Claudia Gurisatti, quienes consideraron que en su contra existen prácticas de violencia en el ejercicio de su labor. Tras dos instancias fallidas, el alto tribunal deberá resolver la puja.
Las comunicadoras denunciaron ser víctimas de agresiones verbales a través de redes sociales o plataformas en las que han expresado opiniones o expuesto artículos acordes con su labor periodística, especialmente, cuando se trata de partidos o movimientos políticos. Las mujeres coincidieron en que existen conductas que están enfocadas en fomentar campañas de desprestigio, utilizar vocabulario que las infantiliza, agresiones por su aspecto, difamaciones sobre su vida personal para estigmatizar su empleo y hasta amenazas contra su vida. De ahí que decidieran tomar acciones que vinculan al Consejo Nacional Electoral (CNE).
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En el documento no solo pidieron el amparo de sus derechos sino, como consecuencia de ello, que se declare que el CNE, los directivos de los partidos y movimientos han sido tolerantes o permisivos frente a esas prácticas de violencia en redes y plataformas en contra de las mujeres periodistas. Además, que se declare que estas situaciones como parte de la actividad política debilitan la democracia porque, a su juicio, rompen las garantías de igualdad en la participación y el debate público. De ahí que soliciten la creación de un mecanismo para canalizar los reclamos a partidos políticos y movimientos ciudadanos, de modo que puedan ejercer un control del respeto y garantizar sus derechos fundamentales.
Para las comunicadoras, dicho mecanismo deberá cumplir dos funciones específicas: esclarecer si la violencia ejercida contra las periodistas por sus publicaciones es alentada por un partido que obtiene rentabilidad política y constituir una “ruta abierta, rápida y expedita para que el partido o movimiento ciudadano tome pública y explícita distancia en casos donde la víctima advierta tolerancia pasiva a las violencias que contra ellas se dirigen por ejercer el periodismo”. Las peticiones de las mujeres llegaron, inicialmente, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la acción de tutela.
El fallo afirmó que, aunque no desconoce que durante los últimos años el país ha padecido innumerables casos de violencia contra la mujer y así mismo el Estado ha respondido para evitar ese tipo de vulneraciones, existen leyes que buscan, desde diversos puntos de vista, eliminar la brecha histórica y cultural que existe entre hombres y mujeres. Con esto claro, no les dio la razón a las comunicadoras. Inicialmente, solicitó un informe al CNE en el que consignara si había denuncias, querellas o quejas que ratificaran lo que decían las periodistas, pero no era así. Además, el Tribunal consideró que las periodistas no relacionaron información formal sobre los partidos o movimientos políticos que han fomentado los tratos discriminatorios.
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En marzo de este año, el proceso llegó a la Sección Tercera del Consejo de Estado, debido a que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) apeló. A su juicio, aunque el CNE tiene la función de control e inspección sobre los partidos políticos, no tiene mecanismos para tramitar denuncias en contra de estos y tampoco se han adoptado medidas para repudiar la violencia en línea contra mujeres periodistas con ocasión de publicaciones de interés público.
El Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó la negativa, pues consideró que no es la autoridad competente para conocer esta acción de tutela. Además, se sumó a la postura que las periodistas no probaron con denuncias ni querellas los hechos de violencia en su contra. Pero a pesar de las dos negativas, el proceso de las comunicadoras llegó a la Corte Constitucional: en un documento conocido por El Espectador le pidieron al alto tribunal que se cree un precedente jurisprudencial bajo el cual puedan ampararse este tipo de agresiones desde la óptica de la responsabilidad que tienen las figuras públicas en la promoción de violencias basadas en género, hecho que debería vincular a las instituciones de las cuales estas hacen parte.
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Según Luisa Fernanda García, profesora de Derecho de la Universidad del Rosario, la jurisprudencia ya está sentada, no solo por parte de la Corte Constitucional sino por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “ha sido cautelosa en lo relacionado con la libertad de prensa” y demás derechos que vinculan la labor periodística. La catedrática resaltó que la tutela debe estar orientada hacia la libertad de prensa, “ya que es uno de los grandes postulados de derecho y, en ese sentido, no puede existir censura ni violencia en ninguna circunstancia”. En diálogo con este diario, la docente llamó la atención a la Procuraduría para que inicie investigaciones, porque “no puede haber abusos de autoridad contra los periodistas que hacen su trabajo de informar”.