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Ante la Secretaria General de la Corte Constitucional fue radicada una demanda en contra de varios artículos del nuevo Código Penal Militar y la ley que restructura la Justicia Penal Militar argumentando que abre una puerta a la impunidad para los hechos no vinculados con el servicio.
El representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz aseguró que en la aprobación de la ley 1765 se presentó un vicio de procedimiento puesto pese a que en un principio la ley estatutaria fue negada, con el fin de evitar un control de constitucionalidad fue corregida y presentada nuevamente como ley ordinaria.
Igualmente se solicitó que se declare inexequible la ampliación de la competencia de la justicia penal militar para delitos que no tienen que ver con el servicio como “delitos informáticos como las ‘chuzadas’, contra la administración pública, contra la población civil, contra la existencia y seguridad del Estado”.
“Estamos pidiendo que se declare inexequible juzgar civiles, la reforma introduce que funcionarios civiles del Ministerio de Defensa puedan ser juzgados por la Justicia Penal Militar. Demandamos lo del CTI militar, históricamente la ley ha dicho que los militares no pueden tener funciones de policía judicial, y aquí se crea un CTI de militares”, precisó.
Finalmente señaló que el nuevo Código crea una “Fiscalía Militar” la cual está prohibida por la ley. “Se establece una competencia exclusiva sobre el Fiscal General para la justicia ordinaria y no para la justicia penal militar”.