Cuando ya estaba casi tomada la decisión de negar las más de 300 tutelas radicadas por seguidores de Petro para tumbar la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reprogramó para el próximo miércoles la decisión sobre la continuidad del mandatario distrital en su cargo.
Esto debido a que el magistrado Ovidio Claros pidió un nuevo estudio minucioso de la decisión antes que esta se tomara. Por esto, la sesión seguirá el día de mañana y se espera un intenso debate y que al final de la misma se tome una decisión de fondo.
En las dos sesiones llevadas a cabo hasta el momento, la Sala conformada por siete magistrados han estudiado y debatido minuciosamente la ponencia presentada por el togado Pedro Alonso Sanabria que indica que la Procuraduría General ejerció de manera correcta sus funciones constitucionales de investigar y sancionar a funcionarios públicos ejercidos por cargos públicos.
Para el ponente, el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia establece las facultades de la Procuraduría General, las cuales han sido avaladas en diversas sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional frente a la vigilancia de servidores que ejercen funciones públicas.
Ante esto se indica que pese a que se debe garantizar el derecho a elegir y ser elegido, este no es absoluto, puesto que existen órganos de control fiscal, disciplinario y fiscal dirigidos a vigilar todas sus funciones y labores, así cuando se considera que se presentó una irregularidad se pueden ejercer las facultades para investigar y si hay meritos sancionar.
De ser avalada la ponencia se tumban las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al fallo emitido el pasado 13 de enero que destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá para ejercer cargos públicos. (Ver Los argumentos de la ponencia por "tutelatón" contra destitución de Gustavo Petro)
En este sentido, el documento de 37 páginas señalaba que en la investigación disciplinaria no se le vulneró al burgomaestre su derecho al debido proceso y a la defensa. Igualmente, no se pudo evidenciar que a los tutelantes se les hubiera vulnerado su derecho a elegir y ser elegidos.
Sin embargo no será hasta el próximo miércoles que la presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López y del magistrado Pedro Alonso Sanabria den una declaración oficial y en los medios de comunicación.
Por El Espectador
