Nuevo juicio contra el exgobernador condenado de La Guajira, José M. Ballesteros

Ballesteros, condenado en segunda instancia en 2020 por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión (cuando un funcionario exige dinero por su labor).

La Fiscalía radicó ante la Corte Suprema de Justicia la acusación con la cual se compromete a condenar al exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros (2014-2015). El ente investigador lo llamó a juicio los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación en favor de terceros, tras detectar posibles irregularidades en un par de contratos para la alimentación y trasporte escolar, dirigidos a los niños más vulnerables del departamento.

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Según la Fiscalía, el exgobernador Ballesteros, sobre quien pesa una condena de 14 años de cárcel, como ordenador del gasto en La Guajira habría fallado en sus deberes de vigilancia y supervisión de la contratación. Además, habría permitido que se destinaran y pusieran en riesgo recursos de regalías, es decir, el dinero que le llega a las gobernaciones por permitir la explotación de recursos naturales.

El primer contrato está relacionado con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) de La Guajira en 2015. En marzo de ese año, suscribió el contrato para la implementación con el consorcio “Nutriendo Escolares en La Guajira”, cuyo objeto era suministrar alimentos en la mañana y tarde para estudiantes de prescolar, primaria y bachillerato en 15 municipios, durante 125 días.

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“Este contrato recibió una adición, por lo que el valor total ascendió a $41.064′418.760. El material de prueba da cuenta de que se presentaron 10 posibles deficiencias en los estudios previos. Se identificaron errores de cálculo y falta de justificación en los costos establecidos, números de raciones previstas, instituciones a cubrir y cantidad de alumnos beneficiados”, agrega la Fiscalía.

El ente investigador tendría cómo probar que tampoco se realizó consulta previa con las comunidades indígenas, cuyos menores de edad serían los más favorecidos. Los niños en La Guajira son sujetos de especial protección por parte del Estado, pues en 2018 la Corte Constitucional declaró que existe un estado de cosas inconstitucional en relación con sus derechos, es decir, una masiva violación de sus garantías como ciudadanos. En 2013, por ejemplo, la tasa de mortalidad por causas asociadas a desnutrición en menores de cinco años fue del 32,5% por cada 1.000 niños.

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Se le reprocha a Ballesteros, incluso, que la gobernación no habría dispuesto las condiciones o los lugares para que los niños tomaran los alimentos, lo cual los obligó a comer de pie, en el piso o al aire libre. En el juicio se evaluará si en las etapas precontractuales y contractuales se incumplieron los requisitos con el objetivo de favorecer al consorcio. Peritos del CTI identificaron un posible detrimento patrimonial de $13.200 millones, representado en sobrecostos y pagos por raciones que, al parecer, jamás se entregaron.

“En las verificaciones se acreditó que la Gobernación de La Guajira pagó $1.759 por cada complemento de la mañana, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación, de $971 unidad. De otra parte, desembolsó $2.097 por cada almuerzo, una cifra por encima de los $1.320 establecidos por el Gobierno Nacional. Finalmente, las inspecciones dan cuenta de que el contrato nunca fue liquidado”, agregó la Fiscalía.

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En cuanto a transporte escolar, se tiene presente un contrato firmado el 6 de mayo de 2015, con la Unión Temporal Anas Watta Kai, cuyo objetivo fue garantizar el servicio a la población infantil de escasos recursos. El valor ascendió a más de $9.300 millones y tuvo un plazo de ejecución de 88 días. La Fiscalía tendría cómo probar que se descartó un oferente que tenía la capacidad de llevar a cabo el acuerdo, con el objetivo de manipular el proceso de contratación a favor de la Unión Temporal.

Entre las irregularidades estaría que, para la prestación del servicio, se habrían incluido municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones. Tal es el caso del municipio de El Paso (Cesar), ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira. Así las cosas, Ballesteros enfrentará un nuevo juicio y está a la espera de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema fije fecha para la audiencia preparatoria.

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Está condenado, además, por firmar un convenio en 2014 para investigar y determinar la manera como se podría mitigar el riesgo de dengue en La Guajira con Olfis: una empresa registrada como una entidad sin ánimo de lucro, que, según encontró la Fiscalía, “no tenía la experiencia, ni la capacidad operativa, administrativa y técnica para cumplir lo dispuesto en el convenio”. Sin embargo, el gobernador les entregó el contrato y exigió a cambio la suma de $200 millones al representante legal de la empresa, Fredi Alexander Díaz.

Para lograr apropiarse de su “tajada”, Ballesteros “infló el valor de algunos elementos de trabajo”. Por ejemplo, dice la sentencia de primera instancia, se subió el valor de 1.640 baldes para hacer trabajo de campo. Asimismo, se pagaron valores de nómina a funcionarios, aunque las sumas no correspondían con sus labores. También se reconocieron auxilios de movilidad a personas que no tenían derecho a él y se alquilaron vehículos para el proceso que, finalmente, nunca se usaron; se duplicaron actividades de los subcontratistas de Olfis; el hermano del representante legal de Olfis y otros recibieron “contratos corbata” o de papel, entre otras maniobras.

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