El escrito de imputación contra el suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno es sencillo y claro. En un documento de 16 páginas revelado por Caracol Radio, el fiscal enunció las evidencias que tiene contra el mandatario y con las que busca llevarlo a juicio por su posible participación en el ‘carrusel de la contratación’.
Las declaraciones de los Nule, el testimonio de Inocencio Meléndez, las grabaciones de dos conversaciones y los documentos que ratifican el mencionado encuentro del alcalde con los Nule en el aeropuerto Eldorado son las principales pruebas.
Desde que comenzó el proceso, Moreno Rojas ha insistido en su inocencia y que no tenía ningún tipo de influencia en la contratación del IDU. En el escrito de imputación, la Fiscalía le recuerda cuáles son las obligaciones del primer mandatario de la ciudad, entre las que se encuentra la dirección de la acción administrativa, la prestación de servicios y la construcción de las obras.
Entre los hechos por los que llevarán a juicio a Moreno está la cesión del contrato que tenían los Nule en la Fase III de Transmilenio, en el que los testigos claves de la investigaciones señalan al mandatario, a la exdirectora del IDU Liliana Pardo y a la aseguradora Segurexpo de direccionar la cesión para entregársela a Conalvías y luego cambiar las condiciones. Las posibles irregularidades en esta cesión las validó una contadora del CTI de la Fiscalía.
En la imputación también se relata que existen pruebas del encuentro entre Miguel Nule, Emilio Tapia y Samuel Moreno en una sala VIP del aeropuerto Eldorado, antes de viajar a Miami, y en el que supuestamente el mandatario les pidió dinero a los polémicos empresarios. Como prueba está el listado de viajeros del vuelo de Avianca que iba de Bogotá a Miami, donde aparecen todos los mencionados.
Audiencia en veremos
A pesar de tener un caso estructurado, la Fiscalía sigue sin poder imputarle cargos a Moreno, a quien pretenden llevar a juicio por los delitos de concusión, peculado por apropiación y prevaricato por omisión. La audiencia, que se ha programado dos veces, fue aplazada ayer nuevamente por solicitud del procesado.
En este caso los plazos han sido generosos. El pasado 21 de junio la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, anunció la solicitud de la audiencia y se programó para el 29 de julio (35 días después). Cuando llegó el día, renunció el defensor de Moreno y éste pidió aplazar la audiencia, que quedó para ayer (31 días más).
Y cuando se tenía prevista la audiencia, el defensor pidió un nuevo aplazamiento para conocer el proceso. La jueza 10 de garantías de Bogotá, Luz Marina Guzmán, instaló la audiencia sin Moreno Rojas y sin su abogado. Los que asistieron fueron el fiscal Ricardo González, la procuradora Sonia Sierra y los abogados que representan a las víctimas, quienes expresaron su malestar por el nuevo aplazamiento.
La inconformidad ya la había hecho pública la fiscal general Viviane Morales, quien el miércoles indicó que el abogado no necesitaba conocer el proceso, ya que la imputación era una diligencia de comunicación y no un juicio. Ayer el fiscal González lo reiteró. En su intervención dijo que respeta el derecho de defensa, pero que esto era una estrategia dilatoria.
La juez 10 de garantías advirtió que en caso de que el mandatario no se presente a la próxima audiencia, lo podrían procesar como persona ausente y con un defensor de oficio. “Al alcalde Samuel Moreno Rojas se le olvida que existe una figura llamada contumacia”, indicó la funcionaria.
Según el abogado penalista David Teleki, la contumacia significa la rebeldía para comparecer a un juicio. Por tal razón, llegar a este punto jugaría en contra de Moreno Rojas, debido a que a la hora de la solicitud de medida de aseguramiento que pretende hacer la Fiscalía en su caso, se convierte en un precedente sobre la intención del mandatario de no comparecer al proceso.
“Eso indica con gran probabilidad que el procesado no ha dado muestras de atenerse a las consecuencias del proceso y que cuenta con una estrategia dirigida a torpedear el recto y eficaz proceder judicial. Le resta credibilidad a su compromiso de asumir el juicio y es por esto menester aplicar un mecanismo para evitar que, incluso, pueda huir del país, obstaculizar los actos procesales, aplazar y manipular para su propio beneficio”, agregó Teleki.
En un caso contra un ciudadano del común el trámite es ágil. La Fiscalía solicita la orden de captura, la policía lo aprehende y lo llevan ante un juez de control de garantías para legalizar su captura, formulan imputación y terminan con la solicitud de medida de aseguramiento. Si no cuenta con abogado, se le asigna un defensor de oficio. Todo, en menos de 36 horas.
En el caso de Samuel Moreno han pasado 66 días desde que se anunció la audiencia de imputación y pasarán 25 días más, pues la nueva fecha para la diligencia está prevista para el 19 de septiembre. Total, hasta el día en que posiblemente se realizará la audiencia habrán pasado 91 días sin empezar de manera formal el proceso, a pesar de las evidencias que la Fiscalía dice tener en su poder.
Por Redacción Judicial
