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A través de una carta que llegará al despacho del presidente Gustavo Petro, los sacerdotes y obispos de Cali, Palmira, Buga, Cartago y Buenaventura piden que sus territorios sean protegidos de la ola de violencia que los ha golpeado en lo que va del 2026 y que ha dejado muertos, heridos, desplazados, confinados y reclutados. La iniciativa tiene como objetivo hacer un llamado urgente a la paz y a la reconciliación.
Dentro de las principales preocupaciones de la Arquidiócesis y las diócesis están el aumento del reclutamiento de menores de edad, el narcotráfico, los desplazamientos forzados y el control territorial por parte de los grupos armados ilegales.
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En ese contexto, los sacerdotes también alzaron la voz para pedir por la construcción de paz y reconciliación entre el gobierno y los grupos armados. “Es un llamado a dejar la violencia, a no seguir utilizando estos métodos de intimidación para generar miedo y pánico en la población. El llamado es a la paz, a la reconciliación y al cese de las hostilidades, sobre todo para dejar de afectar a la población civil, que finalmente es la que más sufre los rigores de la violencia”, señaló el sacerdote Diego Guzmán.
Y agregó que el llamado también es para el Estado. “Queremos crear una conciencia frente a toda esta realidad tan dolorosa que está viviendo nuestra región, pero también hacer un llamado al Estado para que sea mucho más proactivo y oportuno en la respuesta a la población que sufre no solo la violencia, sino también el desarraigo, la pobreza y la desigualdad histórica. Los obispos sintieron la necesidad de elaborar este documento que pretende, ante todo, ser un ejercicio reflexivo”, explicó.
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Para hacerle frente a la ola de violencia, los sacerdotes anunciaron la creación de una Mesa Regional de Pastoral Social para atender a los jóvenes y a las familias afectadas o en riesgo.
La violencia en Cauca y Valle se ha arraigado desde hace años. Según datos recolectados por la Fundación Ideas para la Paz, entre enero de 2022 y marzo de 2026, en estos dos departamentos se registraron 586 ataques de grupos armados ilegales. Con los recientes ataques entre 24 y 28 de abril de 2026, la cifra asciende a 620 hechos. Para la Fundación, esto refleja que la crisis no es coyuntural, sino un proceso acumulado desde la creación de las disidencias en Cauca a principios de 2018.
Uno de las principales razones para explicar el fenómeno de la violencia en esa región del país, según la Fundación, es su ubicación estratégica. “Cauca y Valle conectan el centro del país con el Pacífico, articulan corredores entre cordilleras y concentran economías ilegales. Controlar esta región implica incidir sobre rutas, producción y salida de rentas criminales. Por eso ha sido, históricamente, un espacio de disputa entre distintos actores armados”, se lee en el informe.
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