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En la tarde de este miércoles 30 de abril las autoridades reportaron la retención de ocho militares por parte de habitantes de Nariño. Según informó el Ejército Nacional, los militares adelantaban operaciones de seguridad cerca a la Laguna Chimbuza, cuando “pobladores de la región los rodearon e impidieron que continuaran con la labor que venían realizando”.
“Durante operaciones militares conjuntas contra grupos armados ilegales en el departamento de Nariño, cuatro infantes de marina de la Armada de Colombia y cuatro soldados profesionales del Ejército Nacional fueron secuestrados por algunos habitantes de la comunidad local”, detallaron desde las Fuerzas Militares.
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Aún no es clara la razón por la que las comunidades de Tumaco y Roberto Payán habrían retenido a los uniformados. Sin embargo, desde el Comando General de las Fuerzas Militares rechazaron el hecho y aseguraron que esta acción pone en riesgo la integridad de la tropa y es violatoria de los derechos humanos.
Por ahora, se sabe que la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP OEA) y la Gobernación de Nariño están al frente de la intervención para lograr la liberación de los uniformados. “Las autoridades nacionales e internacionales competentes han sido activadas y están realizando todas las gestiones necesarias para lograr la pronta liberación de los uniformados”, indicaron desde las Fuerzas Militares.
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Retención de uniformados
Hace poco menos de dos meses, un grupo de uniformados también fue retenido por comunidades, en el departamento del Cauca. Entre el seis y el ocho de marzo, 28 policías y un militar estuvieron bajo el poder de los habitantes del sector de La Hacienda, en el corregimiento de El Plateado (Argelia, Cauca).
Los uniformados habían entrado el tres de febrero a La Hacienda para tomar el control de una zona denominada como la retaguardia de las disidencias de las Farc, al mando de alias Kevin. Los enfrentamientos entre militares y guerrilleros dejaron ese día a dos combatientes muertos y encendieron la mecha de una bomba de sucesos que ardió por varios días.
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Tras esa afectación a las disidencias de las Farc, calificada como “exitosa” por el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, comandante de la Tercera División del Ejército, sumada al incremento de la fuerza pública y la llegada de uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (Undemo), la comunidad decidió protestar.
El seis de marzo, las comunidades se movilizaron desde la vereda La Hacienda hacia el centro poblado de El Plateado “para dialogar y pacíficamente resolver la tensión presentada”, como informaron los representantes de la comunidad por medio de un comunicado. Sin embargo, la manifestación terminó en un altercado entre ciudadanos y Fuerza Pública que derivó en la retención de los uniformados y la quema de los vehículos militares.
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Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa, aseguró en su momento que los ciudadanos actuaron “instrumentalizados” por las disidencias de las Farc. Agregó que ese grupo armado habría infiltrado a combatientes entre la comunidad para provocar los desmanes, una versión que fue ratificada por el Ejército y la Policía Nacional, pero que la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Argelia no se atrevieron a reafirmar en público porque, aseguraron, solo lo podían confirmar las investigaciones de inteligencia militar.
En contraposición, los voceros de la comunidad aseguraron que fue la actuación de la fuerza pública la que caldeó los ánimos: “A pesar de encontrarnos dialogando, se generaron amenazas y provocaciones a la comunidad, manifestando que tienen que cumplir una orden e inician el ataque contra las comunidades”.
Las operaciones continúan
La noticia de la retención de los ocho militares en Nariño se da al tiempo que en departamentos como Antioquia y Norte de Santander los grupos armados siguen cercando a la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares, con ataques, hostigamientos y acciones consideradas por especialistas y organizaciones de derechos humanos como violatorias del Derecho Internacional Humanitario.
Pese a la compleja situación, desde el Comando General de las Fuerzas Militares informaron que garantizarán la liberación de los militares y mantendrán las operaciones en los territorios. Lo propio ha dicho el ministro Sánchez Suárez: “Todas las capacidades de la fuerza legítima del Estado, especialmente la inteligencia, la contrainteligencia y las operaciones militares y operativos policiales deben emplearse en su máxima capacidad para proteger a la población y a nuestros militares y policías, conforme a la ley”.
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Se sabe que los uniformados están bien de salud y se encuentran en buenas condiciones. No obstante, las autoridades condenaron el hecho: “hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que condene este acto ilícito y exija respeto por la vida y la integridad de nuestros militares”, señalaron desde las Fuerzas Militares.
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