Ocultando el crimen de Jaime Garzón

Tras el asesinato del humorista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, los paramilitares pusieron en marcha un plan criminal para ocultar los nexos entre las autodefensas y este homicidio, el cual incluyó el exterminio de la banda La Terraza, autora del asesinato.

Según el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, el plan contó con la colaboración del entonces comandante del Gaula en Medellín, el general (r) Mauricio Santoyo, hoy preso en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Así se lo dijo a una comisión de la Fiscalía que viajó a ese país a recibir su testimonio.

Los pormenores de esta declaración fueron dados a conocer por el abogado Luis Guillermo Pérez, defensor de los intereses de los familiares de Garzón. Según él, Don Berna le contó a la Fiscalía que, al ver la indignación que produjo el asesinato del periodista, el asesinado jefe paramilitar Carlos Castaño decidió borrar toda evidencia de los vínculos entre los paramilitares y el homicidio.

Para ello, Castaño le pidió a Don Berna que asesinara a todos los miembros de La Terraza, misión en la que contó, según él, con el apoyo de Santoyo. El general en retiro, al parecer, le ayudó a interceptar las comunicaciones de los jefes de esa estructura criminal, responsable, entre otros, de los asesinatos de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, ocurridos el 19 de mayo de 1997, al igual que de los homicidios del profesor Jesús María Valle, acaecido el 27 de febrero de 1998, y el abogado Eduardo Umaña, perpetrado el 18 de abril de ese mismo año.

Según el exjefe paramilitar, el primero fue asesinado por orden del fallecido dirigente antioqueño Pedro Juan Moreno. El segundo fue durante muchos años defensor de los intereses de los familiares de los desaparecidos durante el holocausto del Palacio de Justicia.

Con el objetivo de borrar de la faz de la tierra a La Terraza, los paramilitares invitaron a sus jefes a una finca en Valencia (Córdoba), llamada Perra Perdida. Allí asesinaron a ocho integrantes de la banda, entre ellos Elkin Sánchez Mena, alias el Negro.

Ese fue, entonces, el inicio de una guerra que tuvo entre sus objetivos desviar la investigación de un homicidio que enlutó a Colombia y que hoy cumple 16 años. Uno tras otro, los criminales vinculados a la muerte de Garzón fueron cayendo, silenciados por Castaño para que no se supiera la verdad.

El abogado Luis Guillermo Pérez dijo que le va a pedir a la Fiscalía que investigue a fondo los señalamientos hechos por Don Berna e, incluso, que se tome el testimonio del general (r) Santoyo y se corrobore que “este fue un crimen de Estado en el que participaron el Ejército, la Policía y el DAS”.

Pérez indicó que espera que se vincule al general (r) Santoyo a la investigación. “La Fiscalía no ha podido avanzar mucho en relación con el desvío de la investigación por parte de agentes del DAS y estos nuevos elementos que da Don Berna nos permitiría, por un lado, reconocer que se trata de un delito de lesa humanidad”.

Para Pérez está claro que el homicidio no fue producto de “ninguna animadversión contra Jaime Garzón, sino que hacía parte de una política sistemática de eliminar a defensores de derechos humanos o de eliminar a dirigentes políticos de izquierda”.

Don Berna sostuvo puntualmente que el asesinato fue posible gracias a la participación de dos oficiales, hoy en la cárcel. Se trata del general (r) Rito Alejo del Río y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo. El primero fue condenado en 2012 a 25 años de prisión por su participación en un asesinato perpetrado el 27 de febrero de 1997, en Chocó.

El excomandante de la Brigada 17 del Ejército fue vital, según Berna, para la consumación de varios asesinatos de defensores de derechos humanos y, de acuerdo con sus declaraciones, no hubo operación paramilitar en Urabá que no contara, por lo menos, con su apoyo.

Plazas Acevedo, por su parte, fue condenado en 2003 a 40 años de prisión por el asesinato del empresario Benjamín Khoudari. Estuvo prófugo de la justicia durante casi diez años, hasta que fue detenido en julio de 2014. Actualmente se encuentra vinculado a los procesos por la masacre de Mapiripán, perpetrada en julio de 1997, y el asesinato de Garzón.

Don Berna, quien se encuentra detenido en virtud de una condena a 30 años de prisión por el delito de narcotráfico, le ofreció excusas a la familia de Garzón por estos hechos. “Insistió mucho en eso, está profundamente arrepentido, y este es un mensaje también para quienes han contribuido a la guerra sucia en este país, lastimando a tantas personas que han creído en la paz, en los derechos humanos, en la democracia”, dijo el abogado Luis Guillermo Pérez. En 16 años sólo ha habido un condenado por el asesinato de Garzón: Carlos Castaño. La impunidad sigue campante.

Tras el asesinato del humorista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, los paramilitares pusieron en marcha un plan criminal para ocultar los nexos entre las autodefensas y este homicidio, el cual incluyó el exterminio de la banda La Terraza, autora del asesinato.

Según el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, el plan contó con la colaboración del entonces comandante del Gaula en Medellín, el general (r) Mauricio Santoyo, hoy preso en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Así se lo dijo a una comisión de la Fiscalía que viajó a ese país a recibir su testimonio.

Los pormenores de esta declaración fueron dados a conocer por el abogado Luis Guillermo Pérez, defensor de los intereses de los familiares de Garzón. Según él, Don Berna le contó a la Fiscalía que, al ver la indignación que produjo el asesinato del periodista, el asesinado jefe paramilitar Carlos Castaño decidió borrar toda evidencia de los vínculos entre los paramilitares y el homicidio.

Para ello, Castaño le pidió a Don Berna que asesinara a todos los miembros de La Terraza, misión en la que contó, según él, con el apoyo de Santoyo. El general en retiro, al parecer, le ayudó a interceptar las comunicaciones de los jefes de esa estructura criminal, responsable, entre otros, de los asesinatos de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, ocurridos el 19 de mayo de 1997, al igual que de los homicidios del profesor Jesús María Valle, acaecido el 27 de febrero de 1998, y el abogado Eduardo Umaña, perpetrado el 18 de abril de ese mismo año.

Según el exjefe paramilitar, el primero fue asesinado por orden del fallecido dirigente antioqueño Pedro Juan Moreno. El segundo fue durante muchos años defensor de los intereses de los familiares de los desaparecidos durante el holocausto del Palacio de Justicia.

Con el objetivo de borrar de la faz de la tierra a La Terraza, los paramilitares invitaron a sus jefes a una finca en Valencia (Córdoba), llamada Perra Perdida. Allí asesinaron a ocho integrantes de la banda, entre ellos Elkin Sánchez Mena, alias el Negro.

Ese fue, entonces, el inicio de una guerra que tuvo entre sus objetivos desviar la investigación de un homicidio que enlutó a Colombia y que hoy cumple 16 años. Uno tras otro, los criminales vinculados a la muerte de Garzón fueron cayendo, silenciados por Castaño para que no se supiera la verdad.

El abogado Luis Guillermo Pérez dijo que le va a pedir a la Fiscalía que investigue a fondo los señalamientos hechos por Don Berna e, incluso, que se tome el testimonio del general (r) Santoyo y se corrobore que “este fue un crimen de Estado en el que participaron el Ejército, la Policía y el DAS”.

Pérez indicó que espera que se vincule al general (r) Santoyo a la investigación. “La Fiscalía no ha podido avanzar mucho en relación con el desvío de la investigación por parte de agentes del DAS y estos nuevos elementos que da Don Berna nos permitiría, por un lado, reconocer que se trata de un delito de lesa humanidad”.

Para Pérez está claro que el homicidio no fue producto de “ninguna animadversión contra Jaime Garzón, sino que hacía parte de una política sistemática de eliminar a defensores de derechos humanos o de eliminar a dirigentes políticos de izquierda”.

Don Berna sostuvo puntualmente que el asesinato fue posible gracias a la participación de dos oficiales, hoy en la cárcel. Se trata del general (r) Rito Alejo del Río y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo. El primero fue condenado en 2012 a 25 años de prisión por su participación en un asesinato perpetrado el 27 de febrero de 1997, en Chocó.

El excomandante de la Brigada 17 del Ejército fue vital, según Berna, para la consumación de varios asesinatos de defensores de derechos humanos y, de acuerdo con sus declaraciones, no hubo operación paramilitar en Urabá que no contara, por lo menos, con su apoyo.

Plazas Acevedo, por su parte, fue condenado en 2003 a 40 años de prisión por el asesinato del empresario Benjamín Khoudari. Estuvo prófugo de la justicia durante casi diez años, hasta que fue detenido en julio de 2014. Actualmente se encuentra vinculado a los procesos por la masacre de Mapiripán, perpetrada en julio de 1997, y el asesinato de Garzón.

Don Berna, quien se encuentra detenido en virtud de una condena a 30 años de prisión por el delito de narcotráfico, le ofreció excusas a la familia de Garzón por estos hechos. “Insistió mucho en eso, está profundamente arrepentido, y este es un mensaje también para quienes han contribuido a la guerra sucia en este país, lastimando a tantas personas que han creído en la paz, en los derechos humanos, en la democracia”, dijo el abogado Luis Guillermo Pérez. En 16 años sólo ha habido un condenado por el asesinato de Garzón: Carlos Castaño. La impunidad sigue campante.