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Tres nuevas personas fueron imputadas dentro del gran escándalo de corrupción de Odebrecht, particularmente en lo relacionado con las irregulares adiciones que se le hicieron al proyecto de la Ruta del Sol 2. En esta ocasión, la Fiscalía imputó a tres exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quienes son investigados por el presunto interés indebido que habrían tenido en contratos.
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La imputación en esta ocasión fue en contra del vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, Camilo Mendoza Rozo; del exgerente de Proyectos, José Andrés Torres Rodríguez; y el exvicepresidente jurídico, Héctor Jaime Pinilla Ortiz. Según la Fiscalía, “estas personas habrían tramitado y permitido la aprobación de manera irregular de los otrosíes 1, 2, 4, 5 y 8 del contrato de concesión 001 de 2010, ‘Ruta del Sol II’”.
Las pruebas que asegura tener el ente investigador dan cuenta de que estos exdirectivos de la ANI, abusando de sus cargos en la entidad, “formularon, avalaron y firmaron estudios de conveniencia, actas de comité de contratación, entre otras actuaciones que les dieron viabilidad a las adiciones hechas al proyecto vial”.
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Con sus acciones, dice la Fiscalía, “fueron modificadas y ajustadas las condiciones financieras y técnicas del contrato en favor del concesionario, del que hacía parte Odebrecht”. Dicho beneficio se hizo sin que existieran estudios “serios y completos”. El ente investigador asegura que sus peritos “constataron que una de las adiciones aprobó la disminución de la huella asfáltica, lo que redujo la calidad de la obra y disminuyó los costos de construcción en favor del contratista”.
Además, el ente investigador encontró que estos tres exdirectivos de la ANI autorizaron pagos por trayectos no terminados, además permitieron que se hicieran “giros anticipados, se ampliaron plazos, ajustaron cronogramas de obra, fueron omitidas las sanciones por demoras o ausencia de licencias ambientales”.
Asimismo, por las actuaciones de los tres imputados, al parecer, se “adicionó la construcción de la intersección de Puerto Boyacá que no tenía relación con el contrato original, y se comprometieron recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS)”.
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