OEA rechaza actos de funcionario que supuestamente vendía cupos para ingresar a la JEP

Carlos Garzón Villamil, al parecer, le vendió a José Eberto López Montero, alias Caracho, un cupo para ingresar a la JEP. / Archivo particular

A través de un comunicado, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó “todo acto que vaya en contra o pueda distorsionar los avances en los procesos y acuerdos de paz”, en relación con la captura de Carlos Garzón Villamil, un funcionario del organismo internacional que supuestamente vendía cupos para incluir a miembros de organizaciones ilegales en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según investigaciones adelantadas, Garzón Villamil, al parecer, le vendió a José Eberto López Montero, alias Caracho, un cupo para ingresar al nuevo sistema de justicia transicional. Sin embargo, la OEA manifestó que el exfuncionario fue vinculado a la investigación por actos cometidos por “fuera” de sus funciones asignadas a su cargo dentro de la misión de apoyo al proceso de paz.

Asimismo, la OEA expresó que Garzón Villamil estuvo vinculado con la organización hasta el 30 de junio, fecha en que finalizó su contrato laboral y que le fue notificado días antes de su captura. La misión agregó que estará atenta del desarrollo de la investigación y continuará colaborando con lo que las autoridades requieran.

“Es parámetro claro de la misión, la observancia rigurosa de la normatividad legal vigente en Colombia, y que las acciones de sus funcionarios, sin distinción de su nivel o responsabilidad asignada, deben ajustarse a lo allí dispuesto”, explicó la OEA.

José Eberto López Montero, alias Caracho, era considerado uno de los principales miembros del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac), quien tomó el control luego de que Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, fuera abatido durante un operativo de la Policía en diciembre de 2010.

Aunque un año más tarde Caracho se entregó, en compañía de la organización ilegal, a la justicia, su prontuario dice que tiene varios líos judiciales en su contra. Uno de ellos es la condena en abril de 2016 a 26 años de prisión por la masacre de ocho personas en el municipio de El Retorno (Guaviare), perpetrado en junio de 2003. Según registros, hasta ahora no ha conocido que militantes que pertenecieron al Erpac apliquen a la JEP y si esta jurisdicción le es aplicable, en principio, a la extinta organización criminal.