Tras las muerte de tres personas por la explosión de artefactos lanzados desde un dron en la vereda La Jagua, en Segovia (Antioquia), el Ministerio de Defensa anunció una recompensa para dar con el responsable del hecho. La cartera calificó el acto como terrorista y anunció el despliegue de más fuerza pública en la zona.
Según señaló a través de su cuenta de X el alto funcionario, “cualquier calificativo, cualquier apelativo se le queda corto para intentar explicar el demencial accionar de los carteles del narcotráfico que delinquen en esa zona”.
Asimismo, expresó su solidaridad con los familiares y amigos “de doña Maria Celina Silva Silva, Yaludan Cabo Silva y Alonso de Jesús Silva quienes mientras se encontraban descansando en su vivienda de la vereda La Jagua del municipio de Segovia, Antioquia, fueron víctimas de un artefacto explosivo lanzado desde un dron de un grupo criminal”.
El ministro Sánchez aseguró que “este doloroso hecho debe ser repudiado y rechazado con total contundencia por toda Colombia. Ojalá retumbe la voz de rechazo de las ONGs y todos los defensores de derechos humanos. Debemos sentir como propio ese dolor y la pérdida de esas tres vidas inocentes”.
Sobre las recompensas, el alto funcionario dijo que hay “una recompensa de hasta COP 20 millones para quien brinde información efectiva sobre el operador del dron que lanzó el explosivo y hasta COP 50 millones, por cada uno de los cabecillas de esa estructura terrorista”.
Aseguró también que “estos infames asesinatos no quedarán en la impunidad. Las capacidades de nuestra Fuerza Pública han sido desplegadas en esa zona del nordeste antioqueño para localizar y neutralizar a los criminales que perpetraron este doloroso y condenable hecho”.
Por su parte, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, escribió en su cuenta de X: “Rechazamos con total contundencia este acto criminal que enluta a una familia colombiana y evidencia el desprecio de los grupos armados ilegales por la vida y la dignidad humana. Ninguna confrontación entre estructuras criminales puede justificar ataques contra la población civil”.
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