La serie de atentados en el sur de país, que inició con la explosión de un bus escolar contra un batallón militar en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), alcanzó su punto máximo cuando un cilindro bomba cayó sobre una buseta en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), dejando un cráter en la vía Panamericana, matando a 20 personas y dejando heridas a más de 36, entre ellos cinco menores de edad. Estos son dos de los 26 atentados terroristas ocurridos el pasado 24 de abril en la capital del Valle y que se extendieron hasta Cauca con múltiples ataques al día siguiente. La jornada de terror vuelve a poner en el centro de discusión las condiciones de seguridad para las elecciones y la crisis de orden público en esta zona del país.
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Desde que se registraron los primeros atentados en Cali, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, lideraron dos consejos de seguridad en Palmira (Valle del Cauca) y Popayán (Cauca). En este último, el ministro Sánchez aseguró que más de 13 pelotones de caballería blindada, 12 de infantería y capacidades policiales han sido desplegados sobre la vía Panamericana. Por su parte, la Fiscalía anunció que un “equipo de la Delegada contra la Criminalidad Organizada asumió de manera inmediata las noticias criminales creadas con ocasión de los 22 actos violentos perpetrados durante las últimas 48 horas”.
Mientras el Gobierno intenta responder a los llamados de entidades como la Defensoría del Pueblo, que enfatiza que “cuando estos hechos se repiten en los mismos corredores, ya no son hechos aislados: evidencian fallas en la prevención y en la respuesta del Estado”, voceros como Jaime García, exsecretario de Seguridad de Cali, señalan que estas acciones buscan enviar un mensaje de constreñimiento a los electores: “El miedo es el principal efecto de cualquier ataque terrorista. El esfuerzo del Estado debe ser tener mayor presencia de la fuerza pública, especialmente en estos dos departamentos que, de manera sistemática, en los últimos tres años han tenido un número muy significativo de ataques terroristas”.
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A un mes de la primera vuelta presidencial, el próximo 31 de mayo, expertos en seguridad y política coinciden en las afectaciones que esta ola de atentados genera en el panorama democrático, ya marcado por el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe en 2025 y las recientes denuncias de amenazas contra candidatos como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Asimismo, el suroccidente del país ya contaba con un antecedente crítico: el ataque con explosivos a la base aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali, que dejó seis muertos y 71 heridos en agosto de 2025. Tanto los ataques de agosto como los de este año son atribuidos por las autoridades a las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”.
En diálogo con El Espectador, el director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, los ataques en Cauca y Valle del Cauca ponen en evidencia “el accionar tan contundente de estas estructuras, especialmente de las disidencias del Estado Mayor Central y generan incertidumbre sobre las condiciones para realizar el proceso electoral en esta zona”. Estas afectaciones, según el experto, se verían reflejadas en una mezcla “entre control territorial y movilidad que puede significar que en algunos lugares puedan impedir el desarrollo de las elecciones o presionar a que la comunidad de estos territorios vote por determinadas orientaciones que estos grupos armados les establezcan”.
Aunque la atención ahora está en estos dos departamentos, para Gil la serie de ataques de este fin de semana es reflejo de una situación crítica de seguridad que está activa en muchos otros lugares del país, como Guaviare, Bolívar, Magdalena y Antioquia, donde operan otros grupos como el Eln, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. Ante el complejo mapa de puntos rojos, el experto coincide que es clave una respuesta del Estado que incluya presencia integral, accionar de la fuerza pública y, principalmente, capacidades de inteligencia que “requieren un trabajo más paciente. La gente quiere grandes operaciones, pero para este tipo de circunstancias, más que una bomba se requiere de un bisturí”.
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En esa misma línea, sobre los medios para anticipar este tipo de acciones, el exsecretario de Seguridad de Cali, Jairo García, destacó que el debate no debe centrarse en cuestionar las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Militares y de Policía, “sino que la pregunta es si el conocimiento que tenemos hoy de estos grupos nos permite reaccionar, identificar a los responsables, avanzar con la judicialización, afectar a quienes tienen el conocimiento de este tipo de atentados, a quienes los están ordenando y quitarles, por supuesto, el material asociado”. Esto, de acuerdo con García, depende de una articulación eficaz entre entidades del Estado.
Los dos días de ataques en el suroccidente cerraron con un mensaje del presidente Gustavo Petro que aseguró que los hombres detrás de las acciones, “son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias ‘Marlon’, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar”. Este hombre es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, señalado como uno de los hombres más poderosos de las disidencias de las Farc y quien lidera la estructura Jaime Martínez ligada a alias “Iván Mordisco”, que opera principalmente en Cauca. El jefe de Estado ordenó la “máxima persecución” contra este grupo y declaró que firmará la acusación “para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional”.
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Bitácora de dos días de terror en el sur
El primero de los 26 ataques se registró sobre el mediodía del pasado viernes, cuando un bus escolar cargado con explosivos fue abandonado cerca del batallón Pichincha del Ejército, al sur de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Tres personas resultaron lesionadas por estos hechos. Esa misma noche, se registró un segundo ataque contra las instalaciones del batallón de Ingenieros 3 Coronel Agustín Codazzi, ubicado en Palmira. En este caso, no se reportan personas heridas. Asimismo, las autoridades confirmaron otro ataque en el Valle del Cauca en la mañana del 25 de abril. En esta oportunidad, el objetivo fue la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, zona rural de Jamundí.
En la madrugada de ese mismo sábado, una chiva que se movilizaba hacia Nariño fue afectada por un explosivo en la vía Panamericana, a la altura del sector El Vado. Según la Policía, en total seis personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. Además, la Aeronáutica Civil confirmó ataques con drones cargados con explosivos contra el sistema de radar ubicado en el cerro Santana, en el municipio de El Tambo (Cauca). Hacia el mediodía, un cilindro bomba cayó sobre una buseta en el sector de El Túnel, en Cajibío, dejando un cráter en la vía Panamericana y más de 36 personas heridas y 20 muertas. Una cifra que todavía es verificada por Medicina Legal, al cierre de esta edición.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
