Oneida Pinto acata pero no comparte fallo del Consejo de Estado que anuló su elección
El alto tribunal determinó que se presentó una violación al régimen de inhabilidades. La defensa de la exgobernadora asegura que por el momento no interpondrán una acción judicial en contra del fallo.
Redacción Judicial
La abogada Clara Goenaga quien defiende los intereses de la exgobernadora del departamento de La Guajira, Oneida Pinto Pérez aseguró que por el momento no se presentará ningún recurso jurídico en contra de la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló su elección.
La jurista aseguró que recibieron con “extrañeza” el fallo puesto que el alto tribunal no hizo una valoración de los argumentos presentados por su parte durante el estudio de la demanda de nulidad. “Revisaremos las opciones jurídicas”, agregó la abogada frente a la decisión tomada el pasado martes.
“Recibimos con extrañeza el fallo del Consejo de Estado toda vez que los argumentos jurídicos que se esbozaron en la contestación de la demanda y de nuestros alegatos reviste de una legalidad y amparados por un fallo de la Corte Constitucional”, indicó.
La abogada agregó que se acatará el fallo del Consejo de Estado “para no hacerle daño al departamento y ni llevarlo a un limbo jurídico. Esperaremos las decisiones que tomen desde el Gobierno”. En los próximos días el presidente de la República, Juan Manuel Santos deberá nombrar a un gobernador encargado mientras se convocan a unas nuevas elecciones.
El Consejo de Estado consideró que Pinto Pérez incurrió en una violación al régimen de inhabilidades que establece una prohibición para quien resulte elegido como alcalde no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular dentro de los 12 meses siguientes.
En el debate jurídico se estableció que Pinto fue elegida como alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira) para el período 2012-2015. Sin embargo renunció a su cargo el 21 de julio de 2014.
El 25 de junio de 2015 se inscribió como candidata a la gobernación de La Guajira por el partido Cambio Radical. Debido a esto se estableció que entre las dos fechas transcurrieron menos de los 12 meses que exigen los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000.
La abogada Clara Goenaga quien defiende los intereses de la exgobernadora del departamento de La Guajira, Oneida Pinto Pérez aseguró que por el momento no se presentará ningún recurso jurídico en contra de la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló su elección.
La jurista aseguró que recibieron con “extrañeza” el fallo puesto que el alto tribunal no hizo una valoración de los argumentos presentados por su parte durante el estudio de la demanda de nulidad. “Revisaremos las opciones jurídicas”, agregó la abogada frente a la decisión tomada el pasado martes.
“Recibimos con extrañeza el fallo del Consejo de Estado toda vez que los argumentos jurídicos que se esbozaron en la contestación de la demanda y de nuestros alegatos reviste de una legalidad y amparados por un fallo de la Corte Constitucional”, indicó.
La abogada agregó que se acatará el fallo del Consejo de Estado “para no hacerle daño al departamento y ni llevarlo a un limbo jurídico. Esperaremos las decisiones que tomen desde el Gobierno”. En los próximos días el presidente de la República, Juan Manuel Santos deberá nombrar a un gobernador encargado mientras se convocan a unas nuevas elecciones.
El Consejo de Estado consideró que Pinto Pérez incurrió en una violación al régimen de inhabilidades que establece una prohibición para quien resulte elegido como alcalde no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular dentro de los 12 meses siguientes.
En el debate jurídico se estableció que Pinto fue elegida como alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira) para el período 2012-2015. Sin embargo renunció a su cargo el 21 de julio de 2014.
El 25 de junio de 2015 se inscribió como candidata a la gobernación de La Guajira por el partido Cambio Radical. Debido a esto se estableció que entre las dos fechas transcurrieron menos de los 12 meses que exigen los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000.