Oneida Pinto salió del país para solicitarle medidas cautelares a la CIDH
El próximo 2 de noviembre la Fiscalía General le imputará cargos a a la exgobernadora de La Guajira por las amenazas que recibió el mandatario departamental encargado Jorge Enrique Vélez.
Redacción Judicial
La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez viajó a Washington (Estados Unidos) para solicitarle formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La exmandataria departamental manifestará que no cuenta con las garantías procesales en Colombia, además que es víctima de una persecución política en el departamento.
El pasado lunes Pinto Pérez rindió interrogatorio ante la Fiscalía General en el marco de la investigación que se le adelanta por su presunta participación y conocimientos en las amenazas que recibió el mandatario departamental encargado, Jorge Enrique Vélez en los últimos meses. En ese momento la exgobernadora aseguró que confiaba en las autoridades judiciales del país.
Pensamiento que pareció cambiar rápidamente puesto que el martes a primera hora salió en compañía de uno de sus abogados para presentar la solicitud formal ante el organismo internacional. Se ha podido establecer que en el interrogatorio Pinto rechazó estas acusaciones y señaló que era parte de un montaje en su contra promocionado por líderes políticos de la región.
“Soy una víctima más de una serie de situaciones que se han montado para poderme culpar de algo que no he hecho porque soy indígena, porque soy mujer y porque represento a las minorías en este país”, precisó la exmandataria quien está citada a audiencia de imputación de cargos el próximo 3 de noviembre. (Ver Oneida Pinto asegura que no está detrás de las amenazas contra el gobernador (e) de La Guajira)
El abogado Héctor Carvajal aseguró que su cliente no tenía ninguna restricción para salir del país, haciendo referencia que si así fuera habría sido detenida por las autoridades en el aeropuerto. "Se encuentra en la ciudad de Washington ante la CIDH presentando una solicitud de protección de medidas cautelares", confirmó el jurista en diálogo con BluRadio.
Según la investigación de la Fiscalía General, Vélez -quien funge como superintendente de Notariado y Registro- recibió mensajes amenazantes en su telefóno celular y correo personal en los que le daban un plazo para salir del departamento.
El origen de estas amenazas fueron las denuncias presentadas por el mandatario encargado por actos de corrupción en el departamento por parte de otras administraciones. (Ver Tumban elección de Oneida Pinto como gobernadora de La Guajira)
Por estos hechos fue expulsada de Cambio Radical que le pidió a la Fiscalía General adelantar las investigaciones necesarias para establecer los nexos de Pinto con estos planes.
En junio del presente año la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Oneida Pinto Pérez como Gobernadora del departamento de La Guajira para el periodo (2016-2020) al considerar que incurrió en una violación al régimen de inhabilidades establecido en la ley.
En el debate jurídico la Sala estableció que Pinto Pérez no había cumplido con el período que establece la ley para presentarse a un cargo de elección popular puesto que renunció a la Alcaldía del municipio de Albanía 11 meses antes de presentar su candidatura a la Gobernación
La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez viajó a Washington (Estados Unidos) para solicitarle formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La exmandataria departamental manifestará que no cuenta con las garantías procesales en Colombia, además que es víctima de una persecución política en el departamento.
El pasado lunes Pinto Pérez rindió interrogatorio ante la Fiscalía General en el marco de la investigación que se le adelanta por su presunta participación y conocimientos en las amenazas que recibió el mandatario departamental encargado, Jorge Enrique Vélez en los últimos meses. En ese momento la exgobernadora aseguró que confiaba en las autoridades judiciales del país.
Pensamiento que pareció cambiar rápidamente puesto que el martes a primera hora salió en compañía de uno de sus abogados para presentar la solicitud formal ante el organismo internacional. Se ha podido establecer que en el interrogatorio Pinto rechazó estas acusaciones y señaló que era parte de un montaje en su contra promocionado por líderes políticos de la región.
“Soy una víctima más de una serie de situaciones que se han montado para poderme culpar de algo que no he hecho porque soy indígena, porque soy mujer y porque represento a las minorías en este país”, precisó la exmandataria quien está citada a audiencia de imputación de cargos el próximo 3 de noviembre. (Ver Oneida Pinto asegura que no está detrás de las amenazas contra el gobernador (e) de La Guajira)
El abogado Héctor Carvajal aseguró que su cliente no tenía ninguna restricción para salir del país, haciendo referencia que si así fuera habría sido detenida por las autoridades en el aeropuerto. "Se encuentra en la ciudad de Washington ante la CIDH presentando una solicitud de protección de medidas cautelares", confirmó el jurista en diálogo con BluRadio.
Según la investigación de la Fiscalía General, Vélez -quien funge como superintendente de Notariado y Registro- recibió mensajes amenazantes en su telefóno celular y correo personal en los que le daban un plazo para salir del departamento.
El origen de estas amenazas fueron las denuncias presentadas por el mandatario encargado por actos de corrupción en el departamento por parte de otras administraciones. (Ver Tumban elección de Oneida Pinto como gobernadora de La Guajira)
Por estos hechos fue expulsada de Cambio Radical que le pidió a la Fiscalía General adelantar las investigaciones necesarias para establecer los nexos de Pinto con estos planes.
En junio del presente año la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Oneida Pinto Pérez como Gobernadora del departamento de La Guajira para el periodo (2016-2020) al considerar que incurrió en una violación al régimen de inhabilidades establecido en la ley.
En el debate jurídico la Sala estableció que Pinto Pérez no había cumplido con el período que establece la ley para presentarse a un cargo de elección popular puesto que renunció a la Alcaldía del municipio de Albanía 11 meses antes de presentar su candidatura a la Gobernación