ONG sí están obteniendo declaraciones de los paras extraditados

El vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, dijo que ante la dificultad de la Justicia de seguir esclareciendo la alianza que tejió la clase dirigente y grandes empresarios con los grupos paramilitares, son las mismas organizaciones las que han venido conociendo las confesiones de los ex comandantes de la Autodefensas, en ese sentido.

Añadió que hay profesionales del derecho, así como de otras áreas, que vienen gestionando todo lo pertinente en el objetivo de seguir conociendo la verdad de todo el accionar criminal de las AUC, incluyendo su capacidad de infiltración en las instituciones y la manera consensuada de operar a favor de terratenientes y jefes del narcotráfico.

"Desde el comienzo de las extradiciones, cuando veíamos venir estas decisiones, hemos empezado a desarrollar estrategias. Tenemos abogados en Estados Unidos que están adelantando una serie de gestiones para obtener las confesiones de los jefes paramilitares, hemos hecho visitas a las cárceles en Estados Unidos, hemos recurrido al sistema interamericano de derechos humanos y vamos a seguir desarrollando una serie de iniciativas en esta dirección", destacó Cepeda, en diálogo con ElEspectador.com.

Precisó que quienes se han negado a seguir aportando elementos procedentes para los despachos judiciales, dentro de los proceso que adelantan por parapolitica, tienen razones más que valederas para afirmar que su extradición no tenía otro objetivo que silenciarlos e impedir que los colombianos sigan conociendo las verdaderas dimensiones de incursión del paramilitarismo en varios de los entes estatales.

El defensor de derechos humanos dijo que la crisis que hoy viene experimentando la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, incluyendo la reparación a las víctimas del accionar armado de los paras, fue advertida por todos los organismo veedores del desarrollo de la plataforma, por cuanto la responsabilidad en la fatalidad de su destino, debe recaer sobre el Gobierno y las entidades encargadas, en esa materia.

Denunció graves inconsistencias en el abordaje que el Ejecutivo le dio al traslado de los ex jefes paramilitares a los Estados Unidos, pues pese a que en su momento advirtió que estaba precedido de varias herramientas de cooperación que garantizarían el feliz cumplimiento de los acuerdos suscritos en la Ley 975, nunca existieron tales convenios ni instrumento alguno que facilitara las declaraciones del los extraditados.

"Las audiencias, las pocas que se han realizado en Washington y Nueva York, han contado con infinidad de trabas burocráticas para que se realicen. La posibilidad de que a estas audiencias concurran las víctimas es casi nula y no existe ningún tratado, ni ningún instrumento de cooperación, que permita desarrollar de una manera normal este tipo de procedimientos", sostuvo.

Dijo que los más damnificados son las víctimas, que luego de la promesa de recibir una reparación material que atenuase en algo el inmenso daño causado por ese grupo armado ilegal, se quedaron con las manos vacías y una situación de precariedad sin precedentes.