ONU dice que hay más denuncias sobre asesinato y desaparición de jóvenes
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas informó que en otros puntos del país también se han presentado casos similares al reportado esta semana en Ocaña, Norte de Santander, donde aparecieron 23 cadáveres, muchos de los cuales habían sido reportados como desaparecidos en Bogotá.
El Espectador
"Otras informaciones recogidas por la Oficina, ya transmitidas oficialmente a las autoridades competentes, se refieren además a previas denuncias sobre la desaparición y muerte de jóvenes pobladores en otras ciudades tales como Montería y Medellín, así como en distintos municipios del país, entre ellos, Toluviejo (Sucre), Sahagún (Córdoba) y Remedios (Antioquia)", asegura un comunicado oficial de la Oficina.
Según aseguraron, en las versiones que dan cuenta de estos hechos, se revela que las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos de sus lugares de residencia.
"En la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultan reportados como muertos en combate por el Ejército", agrega el comunicado.
En relación con estos y otros casos, la Oficina exhortó al Alto Mando del Ejército a adoptar medidas extraordinarias para que las investigaciones disciplinarias internas esclarecieran responsabilidades, sin que hasta el presente se hayan obtenido resultados.
La Oficina alertó a fines de 2007 a las máximas autoridades del país sobre lo ocurrido en los departamentos de Sucre y Córdoba, donde varios jóvenes fueron reportados como muertos en combate bajo este mismo patrón.
Desde entonces y hasta abril de 2008 suman al menos 35 víctimas en dichos departamentos en circunstancias similares, por lo que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación viene adelantando investigaciones sobre estos hechos.
Reiterando la recomendación formulada en el último Informe de la Alta Comisionada, la Oficina urge a todas las autoridades competentes a coordinar esfuerzos y liderazgos para esclarecer y poner fin a las prácticas y patrones de presuntas ejecuciones extrajudiciales, adoptando medidas urgentes para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas las responsabilidades materiales e intelectuales por hechos como los aquí referidos.
"Otras informaciones recogidas por la Oficina, ya transmitidas oficialmente a las autoridades competentes, se refieren además a previas denuncias sobre la desaparición y muerte de jóvenes pobladores en otras ciudades tales como Montería y Medellín, así como en distintos municipios del país, entre ellos, Toluviejo (Sucre), Sahagún (Córdoba) y Remedios (Antioquia)", asegura un comunicado oficial de la Oficina.
Según aseguraron, en las versiones que dan cuenta de estos hechos, se revela que las víctimas reciben promesas de trabajo, aparentemente legales o incluso ilegales, para trasladarse a municipios y departamentos distintos de sus lugares de residencia.
"En la mayoría de los casos, uno o dos días después de haber sido vistos con vida por última vez por sus familiares, resultan reportados como muertos en combate por el Ejército", agrega el comunicado.
En relación con estos y otros casos, la Oficina exhortó al Alto Mando del Ejército a adoptar medidas extraordinarias para que las investigaciones disciplinarias internas esclarecieran responsabilidades, sin que hasta el presente se hayan obtenido resultados.
La Oficina alertó a fines de 2007 a las máximas autoridades del país sobre lo ocurrido en los departamentos de Sucre y Córdoba, donde varios jóvenes fueron reportados como muertos en combate bajo este mismo patrón.
Desde entonces y hasta abril de 2008 suman al menos 35 víctimas en dichos departamentos en circunstancias similares, por lo que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación viene adelantando investigaciones sobre estos hechos.
Reiterando la recomendación formulada en el último Informe de la Alta Comisionada, la Oficina urge a todas las autoridades competentes a coordinar esfuerzos y liderazgos para esclarecer y poner fin a las prácticas y patrones de presuntas ejecuciones extrajudiciales, adoptando medidas urgentes para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas las responsabilidades materiales e intelectuales por hechos como los aquí referidos.