ONU Mujeres rechaza que culpen a Rosa Elvira Cely de su propia muerte

ONU Mujeres Colombia acaba de pronunciarse rechazando la postura que estableció la Secretaría de Gobierno de Bogotá al contestar la demanda que presentó la familia de Rosa Elvira Cely, asesinada en mayo de 2012 por Javier Velasco. Tal como reveló este diario en su pasada edición dominical, la Secretaría de Gobierno argumentó ante el juez administrativo del caso que Rosa Elvira se había puesto en riesgo a sí misma al salir con Velasco, quien era supuestamente tildado de “maloso”, y que si ella no se hubiera ido con él esa noche después de terminar clases –validaban juntos el bachillerato–, “hoy no estuviéramos lamentando su muerte”.

“ONU Mujeres Colombia lamenta profundamente el concepto jurídico expedido por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, con motivo de la demanda que presentó la familia de Rosa Elvira Cely contra dos Secretarías del Distrito Capital, en el marco de un proceso para establecer la responsabilidad de ambas instancias en el desenlace fatal que tuvo el caso. En el mismo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá usa argumentos que hacen recaer sobre la víctima la responsabilidad del crimen”, señala el comunicado.

Esta oficina destacó que este era un caso de total relevancia por haber llevado a “múltiples manifestaciones de rechazo (…) permitió avanzar hacia la promulgación de la ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely” de feminicidio. Sin embargo, anotó la ONU Mujeres Colombia, asegurar que el ataque sexual y la tortura en su contra fue “culpa exclusiva de la víctima” constituía “una expresión de tolerancia institucional a la violencia contra las mujeres basada en el género, o que impide la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.

Dicha tolerancia institucional, resalta ONU Mujeres Colombia, son las actitudes y prácticas de los funcionarios que perpetúan las violencias contra las mujeres. “El concepto jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno de Bogotá va en contravía de los innegables progresos normativos que ha hecho Colombia”, dijo el organismo. Y agregó: “Mientras no haya una alineación entre dicho marco normativo y su apropiación por parte de las/os servidores públicos encargados de su aplicación, el país no podrá tener avances de fondo en la erradicación del flagelo evitable de la violencia contra las mujeres”.

ONU Mujeres Colombia le pidió a la Alcaldía de Enrique Peñalosa “tomar las medidas necesarias para que el concepto individual de una funcionaria no empañe” los esfuerzos que se han hecho en Bogotá para prevenir la violencia contra las mujeres y atenderla cuando se comete.

ONU Mujeres Colombia acaba de pronunciarse rechazando la postura que estableció la Secretaría de Gobierno de Bogotá al contestar la demanda que presentó la familia de Rosa Elvira Cely, asesinada en mayo de 2012 por Javier Velasco. Tal como reveló este diario en su pasada edición dominical, la Secretaría de Gobierno argumentó ante el juez administrativo del caso que Rosa Elvira se había puesto en riesgo a sí misma al salir con Velasco, quien era supuestamente tildado de “maloso”, y que si ella no se hubiera ido con él esa noche después de terminar clases –validaban juntos el bachillerato–, “hoy no estuviéramos lamentando su muerte”.

“ONU Mujeres Colombia lamenta profundamente el concepto jurídico expedido por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, con motivo de la demanda que presentó la familia de Rosa Elvira Cely contra dos Secretarías del Distrito Capital, en el marco de un proceso para establecer la responsabilidad de ambas instancias en el desenlace fatal que tuvo el caso. En el mismo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá usa argumentos que hacen recaer sobre la víctima la responsabilidad del crimen”, señala el comunicado.

Esta oficina destacó que este era un caso de total relevancia por haber llevado a “múltiples manifestaciones de rechazo (…) permitió avanzar hacia la promulgación de la ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely” de feminicidio. Sin embargo, anotó la ONU Mujeres Colombia, asegurar que el ataque sexual y la tortura en su contra fue “culpa exclusiva de la víctima” constituía “una expresión de tolerancia institucional a la violencia contra las mujeres basada en el género, o que impide la realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”.

Dicha tolerancia institucional, resalta ONU Mujeres Colombia, son las actitudes y prácticas de los funcionarios que perpetúan las violencias contra las mujeres. “El concepto jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno de Bogotá va en contravía de los innegables progresos normativos que ha hecho Colombia”, dijo el organismo. Y agregó: “Mientras no haya una alineación entre dicho marco normativo y su apropiación por parte de las/os servidores públicos encargados de su aplicación, el país no podrá tener avances de fondo en la erradicación del flagelo evitable de la violencia contra las mujeres”.

ONU Mujeres Colombia le pidió a la Alcaldía de Enrique Peñalosa “tomar las medidas necesarias para que el concepto individual de una funcionaria no empañe” los esfuerzos que se han hecho en Bogotá para prevenir la violencia contra las mujeres y atenderla cuando se comete.