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La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, entre otras personas y entidades, rechazaron el ataque que sufrió uno de los vehículos que hacen parte del esquema de protección de Hugo Escobar Fernández, auxiliar del magistrado Alejandro Ramelli de la JEP. Ambos habían sido amenazados por el Clan del Golfo hace un mes, a través de un mensaje enviado directamente al número de WhatsApp del magistrado Ramelli.
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El ataque ocurrió la noche del pasado jueves 8 de junio en el sector El Poblado en Medellín, minutos después de que el magistrado auxiliar fuera dejado en su casa. “Esta acción, por fortuna, no deja personas afectadas, pero sí exige extremar medidas”, dice la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien denunció estos hechos.
A raíz del hecho violento, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia rechazó los hechos a través de su cuenta de Twitter y pidió que se investiguen los hechos. Este llamado fue acompañado por el presidente de la JEP, Roberto Vidal. “El presidente de la JEP, les pide a las autoridades judiciales y de policía investigar a fondo el incidente ocurrido con el vehículo del esquema de seguridad del magistrado auxiliar Hugo Escobar Fernández en Medellín”, trinó la Jurisdicción Especial para la Paz.
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En este sentido, y también a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, rechazó este hecho violento. “Espero que las autoridades competentes esclarezcan las responsabilidades y que cese el hostigamiento a quienes desde allí están encontrando verdad y justicia”.
La Fiscalía respondió a estos llamados y aseguró que investiga los hechos. “A través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones”, comunicó el ente acusador.
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Las amenazas contra los magistrados se conocieron a inicios del mes de mayo cuando el magistrado Alejandro Ramelli recibió un mensaje intimidatorio en su chat de WhatsApp. “A partir de la fecha a ustedes se les declara objetivo militar, ya que usted y su auxiliar han venido desenterrando un pasado que ya está enterrado”, dice un fragmento del mensaje.
Las amenazas tendrían que ver con la labor que los magistrados han realizado en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba (Antioquia). La labor, que adelantan con un grupo forense, ha estado marcada por los testimonios de exmiembros de la fuerza pública que han revelado información. El suceso resulta importante porque, además, se investiga la responsabilidad de altos mandos del Ejército que no han sido llevados ante la justicia.
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