Operadores privados de aseo crearon un plan para tumbar a Petro: Emilio Tapia

Ante una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el contratista Emilio Tapia dio detalles sobre los hechos que rodearon el plan orquestado por un grupo de empresarios, abogados, concejales y particulares en contra del plan de Gobierno que estaba ejecutando el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. (Lea: ‘El caos de las basuras fue premeditado')

Tapia Aldana, quien es uno de los principales testigos de la Fiscalía General por el denominado ‘carrusel de la contratación’, señaló que desde el año 2011 se planeó esta estrategia después de conocerse la intención de no prorrogarle los contratos a unas empresas para el barrido y recolección de basuras.

En este punto, se buscó la forma de afectar este proyecto puesto que los convenios para estas labores iban a ser entregados a una entidad del Distrito, lo cual afectaba gravemente los intereses de un grupo poderoso de operadores privados y contratistas que habían recibido estos contratos desde la administración de Antanas Mockus.

El contratista señaló que en ese momento se creó el plan para que la ciudad viviera una crisis en la recolección de basuras, puesto que los vehículos encargados para esto no iban a ser prestados para el nuevo modelo de aseo denominado ‘Basuras Cero’. Tapia aclaró que la idea era disminuir la flota para que fuera “imposible” recoger toda la basura que produce una ciudad como Bogotá.

“La razón era muy sencilla: Si no hay carros recogiendo basuras el alcalde no dura tres días. Ninguna ciudad del mundo se aguanta tres días y tumbamos al alcalde inmediatamente, esa era la estrategia de los operadores privados”, precisó Tapia ante las preguntas de la magistrada del Tribunal.

Sobre este tema, el contratista aseguró que la consecución de estos vehículos es bastante difícil por lo que se trata de carros especializados que solamente son adquiridos cuando se firma un contrato de estas características. “La estrategia era aguantar los carros, mandarlos a mantenimiento y decirle a la Uesp. Lo que se buscaba era no prestar estos vehículos para que se generara un caos”.

Ante esto, según su declaración, decidió contarle toda la verdad a las autoridades judiciales y al Distrito en el marco del acuerdo con la justicia a la que había llegado. Debido a esto el alcalde de Bogotá tomó la decisión de ordenar el alquiler de unas volquetas con el fin de recoger la basura y apaciguar la crisis que ya se estaba generando.

“El Distrito responde a medias, con lo que tenía, y arriendan a los vehículos para que recolecten. Gracias a esto, pensaría yo, el caos no fue mayor”, precisó el contratista al hacer referencia a los hechos que se presentaron los días 18, 19 y 20 de diciembre en la capital de la República. 

Parte de este complot se creó debido a que cuando era Senador de la República, Gustavo Petro fue uno de los denunciantes de la corrupción administrativa en la contratación pública en la capital de la República, en el caso que luego fue conocido como el ‘carrusel de la contratación’.

Por esto, en el primer semestre luego de su elección como alcalde de Bogotá se creó esta estrategia en contra de su plan de Gobierno. Según Tapia, los participes en este montaje, nombraron a un contralor y un personero distrital con el fin de que presionan y afectaran la gestión del nuevo mandatario distrital.

“Todo estaba ligado al andamiaje, con todo el sector empresarial y política que estaba en contra de los lineamientos que el profesaba y su gestión de Gobierno (…) Por eso se montó un contralor y un personero distrital a los lineamientos para entorpecer todo. Una cosa estaba ligada a la otra. La presión que hacia la Contraloría para atravesársele en su plan de Gobierno”, explicó. 

El contratista, quien está a la espera de que se avale el preacuerdo que firmó con la Fiscalía General, llamó la atención sobre el hecho, a modo personal, que por el denominado ‘carrusel de la contratación’ la Procuraduría solamente hubiera emitido una sanción de 12 meses contra Samuel Moreno Rojas mientras que a Gustavo Petro le decretaron una inhabilidad de 15 años.

“Si bien es cierto que cometió errores y hay unas normas disciplinarias a las que cualquier funcionario público debe ceñirse, estos errores están basadas en una estrategia. Es un punto de vista particular como particular, como ciudadano”, expresó Tapia ante las preguntas del representante de la Procuraduría General.

El testimonio de Tapia fue recolectado en el marco del estudio de una acción de tutela radicada en contra del fallo de la Procuraduría General que destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro por 15 años para ocupar cargos públicos por las irregularidades en la planeación y ejecución del modelo aseo en la capital de la República.

Ante una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el contratista Emilio Tapia dio detalles sobre los hechos que rodearon el plan orquestado por un grupo de empresarios, abogados, concejales y particulares en contra del plan de Gobierno que estaba ejecutando el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. (Lea: ‘El caos de las basuras fue premeditado')

Tapia Aldana, quien es uno de los principales testigos de la Fiscalía General por el denominado ‘carrusel de la contratación’, señaló que desde el año 2011 se planeó esta estrategia después de conocerse la intención de no prorrogarle los contratos a unas empresas para el barrido y recolección de basuras.

En este punto, se buscó la forma de afectar este proyecto puesto que los convenios para estas labores iban a ser entregados a una entidad del Distrito, lo cual afectaba gravemente los intereses de un grupo poderoso de operadores privados y contratistas que habían recibido estos contratos desde la administración de Antanas Mockus.

El contratista señaló que en ese momento se creó el plan para que la ciudad viviera una crisis en la recolección de basuras, puesto que los vehículos encargados para esto no iban a ser prestados para el nuevo modelo de aseo denominado ‘Basuras Cero’. Tapia aclaró que la idea era disminuir la flota para que fuera “imposible” recoger toda la basura que produce una ciudad como Bogotá.

“La razón era muy sencilla: Si no hay carros recogiendo basuras el alcalde no dura tres días. Ninguna ciudad del mundo se aguanta tres días y tumbamos al alcalde inmediatamente, esa era la estrategia de los operadores privados”, precisó Tapia ante las preguntas de la magistrada del Tribunal.

Sobre este tema, el contratista aseguró que la consecución de estos vehículos es bastante difícil por lo que se trata de carros especializados que solamente son adquiridos cuando se firma un contrato de estas características. “La estrategia era aguantar los carros, mandarlos a mantenimiento y decirle a la Uesp. Lo que se buscaba era no prestar estos vehículos para que se generara un caos”.

Ante esto, según su declaración, decidió contarle toda la verdad a las autoridades judiciales y al Distrito en el marco del acuerdo con la justicia a la que había llegado. Debido a esto el alcalde de Bogotá tomó la decisión de ordenar el alquiler de unas volquetas con el fin de recoger la basura y apaciguar la crisis que ya se estaba generando.

“El Distrito responde a medias, con lo que tenía, y arriendan a los vehículos para que recolecten. Gracias a esto, pensaría yo, el caos no fue mayor”, precisó el contratista al hacer referencia a los hechos que se presentaron los días 18, 19 y 20 de diciembre en la capital de la República. 

Parte de este complot se creó debido a que cuando era Senador de la República, Gustavo Petro fue uno de los denunciantes de la corrupción administrativa en la contratación pública en la capital de la República, en el caso que luego fue conocido como el ‘carrusel de la contratación’.

Por esto, en el primer semestre luego de su elección como alcalde de Bogotá se creó esta estrategia en contra de su plan de Gobierno. Según Tapia, los participes en este montaje, nombraron a un contralor y un personero distrital con el fin de que presionan y afectaran la gestión del nuevo mandatario distrital.

“Todo estaba ligado al andamiaje, con todo el sector empresarial y política que estaba en contra de los lineamientos que el profesaba y su gestión de Gobierno (…) Por eso se montó un contralor y un personero distrital a los lineamientos para entorpecer todo. Una cosa estaba ligada a la otra. La presión que hacia la Contraloría para atravesársele en su plan de Gobierno”, explicó. 

El contratista, quien está a la espera de que se avale el preacuerdo que firmó con la Fiscalía General, llamó la atención sobre el hecho, a modo personal, que por el denominado ‘carrusel de la contratación’ la Procuraduría solamente hubiera emitido una sanción de 12 meses contra Samuel Moreno Rojas mientras que a Gustavo Petro le decretaron una inhabilidad de 15 años.

“Si bien es cierto que cometió errores y hay unas normas disciplinarias a las que cualquier funcionario público debe ceñirse, estos errores están basadas en una estrategia. Es un punto de vista particular como particular, como ciudadano”, expresó Tapia ante las preguntas del representante de la Procuraduría General.

El testimonio de Tapia fue recolectado en el marco del estudio de una acción de tutela radicada en contra del fallo de la Procuraduría General que destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro por 15 años para ocupar cargos públicos por las irregularidades en la planeación y ejecución del modelo aseo en la capital de la República.