(Opinión) Consulta previa en la erradicación forzada: más que un requisito legal

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Este año, este asunto volvió a tener protagonismo a raíz de que en enero la Corte Constitucional dejó sin efecto la modificación del Plan de Manejo Ambiental del programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Para la Corte, la ANLA vulneró el derecho a la participación de las comunidades debido a falencias en la socialización del plan, pues no tuvo en cuenta el difícil acceso a herramientas tecnológicas por parte de las comunidades en los 104 municipios y 14 departamentos en los que se pretendía hacer uso del glifosato.