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Esta semana el Senado seleccionará el remplazo de Cristina Pardo en la Corte Constitucional. De la competencia debería surgir un magistrado/a con trayectoria en derechos sociales como corresponde al gobierno del cambio. Lo ideal es que Petro promoviera alguien con su visión de la Constitución, sobre todo cuando sus reformas enfrentan tanta oposición y llegan a la Sala Plena para definir su sentido. En la terna, el presidente incluyó a dos respetadas juristas de carrera, y a su apoderado, que es un litigante y contratista del Estado. Los favoritos son Karena Caselle y Héctor Carvajal.
La importancia de la Corte Constitucional suele perderse de vista en la maraña de acontecimientos que desbordan el debate público. Se privilegian en la elección transacciones de conveniencia coyuntural, dejando de lado la importancia de defender una visión que se exprese en derechos y sentencias que los afirmen. Es lógico que los gobiernos promuevan candidatos que sirvan a sus causas, pues afectan durante ocho años las discusiones y decisiones para fortalecer, debilitar o anular las medidas de gobierno, pero también se espera que aporten, que iluminen los debates, no que sumen sencillamente.
Sobre Carvajal se ha dicho mucho, pues ha sido abogado tanto de Petro como de otros políticos, con una exitosa firma de abogados que ha ganado buenos contratos con entidades públicas como Colpensiones, entre otras. La Silla Vacía destaca su falta de recorrido en temas constitucionales. Aunque no se le critican sus capacidades y seriedad en particular en temas administrativos, lo que sí se le critica es su campaña.
Por una parte, irradió un autoconcepto donde asegura que a los magistrados no les aplica el límite de edad de 70 años para retirarse, lo que carece de solidez, como lo han contradicho todos los expertos. O no sabe, que es poco creíble, o sencillamente quiere bajarle peso a un argumento: que en tres años, cuando cumpla sus 70, le corresponderá al próximo gobierno elegir su reemplazo y se rompe el propósito de darle continuidad a una visión, al recortar su período. El diseño de la Corte Constitucional busca cierta estabilidad dentro de la necesidad de avanzar en la jurisprudencia. Si se cambian los magistrados cada tres años, los bandazos serían enormes y se crearía inestabilidad jurídica. No es serio hacerse elegir por tres años y usar argumentos jurídicos manipulados para lograrlo, porque quien pierde es el gobierno del cambio un voto y un argumentador.
Pero además han circulado versiones y rumores bajos contra su principal contendor, Karena Caselles. Se supone que no provienen del círculo de Carvajal, pero como pretenden hacerle daño a ella la sospecha de una mano amiga por detrás haciendo guerra sucia lo deja mal parado. Y, por último, es posible que con su simple voto favorable para decisiones que afecten al gobierno, sea suficiente para el presidente. Pero la Corte trabaja con equipos que investigan, hacen debates de fondo y confrontan tesis.
El resultado de esas discusiones define el sentido de la jurisprudencia que va a sentar la Corte. Si se tratara de alinear minorías y mayorías, sobrarían sus 500 funcionarios y la metodología construida en 30 años de funcionamiento, que es sobre la cual el país ha avanzado en los nuevos derechos que hoy ejercen los ciudadanos. El simple voto mecánico a favor de las medidas de un gobierno de turno ha demostrado ser inútil en la Corte.
El expresidente Uribe podría recordarle a Petro que nombró a su Secretario Jurídico, Mauricio González, pensando en consolidar las mayorías que le facilitaran el visto bueno para su segunda reelección. González, que era constitucionalista y tenía títulos para Magistrado, fue mirado con sospecha, pero ganó. Cuando el tema de la segunda reelección llegó a la Corte, las tesis de los ponentes y los debates fueron contundentes sobre la ruptura institucional que se produciría. González, con toda honestidad profesional, acató los argumentos y además le correspondió leer ante el país el fallo que frenó las aspiraciones del mandatario —su antiguo jefe— para quedarse otro ratico en el poder.
En este caso, la disfuncionalidad de Carvajal para Petro se proyectaría en muchas decisiones donde el gobierno debería tener un defensor de sus tesis. Su apoderado, en cambio, tendría que declararse impedido en una serie de temas en los cuales ha emitido concepto, como en el de la reforma pensional. O sea que ni siquiera su voto se ganaría si este es el propósito.
Vale la pena recordar que la Corte Constitucional creó una serie de derechos que no existían desde su inicio en 1992. Fue una Corte que inició el tránsito hacia la modernidad jurídica, una Corte garantista, en la que juristas como Ciro Angarita, Carlos Gaviria, Eduardo Cifuentes sacaron el derecho que resolvía grandes causas y pleitos entre particulares y el estado, para resolver causas sencillas, comunes, cotidianas de los ciudadanos, como lo dijo el magistrado auxiliar Aquiles Arrieta.
Cada corte tiene sus particularidades porque los temas que le llegan responden a cambios, avances y ajustes de la sociedad de acuerdo con las tendencias y necesidades de las coyunturas. En unas etapas se caracterizó por controlar a los otros poderes públicos, los decretos de excepción, el desarrollo de la Constitución Ecológica, el control a los Acuerdos de Paz, los Derechos Humanos de las mujeres o la excepcionalidad de las medidas tomadas en pandemia.
Sobre la contendora del apoderado presidencial, Karena Caselles, se conoce su profesionalismo y el dominio de los temas de protección de los derechos sociales, que ha sido su énfasis. Ha trabajado desde las mismas cortes en la promoción de la igualdad y de garantías para sectores poco protegidos como el trabajo doméstico, el del cuidado y el informal. Como Magistrada seria, estudiosa y profunda ya se probó en varios encargados que ha ejercido y en sus textos. Los senadores tienen la oportunidad de impedir que la Corte Constitucional siga perdiendo prestigio y confianza ciudadana eligiendo una magistrada que exalte la magistratura y su independencia.
El rol de la Corte es ser vanguardia y esto tiene un costo. Puede coincidir o no con las decisiones del poder Legislativo o del Ejecutivo, lo que genera tensiones. A la Corte le rebotan los temas que no se tramitan en otros escenarios y esto tiene serias implicaciones porque define, es la corte de cierre. Es necesario construir diálogos libres de presiones e injerencias, sin magistrados que agencien la vocería de un gobierno. La Corte Constitucional es el tribunal por excelencia del país y debe conservarse su espíritu.
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Por Ramón Jimeno
