El municipio de Manaure, Cesar, a través de la Defensoría del Pueblo, empezó a hacer denuncias sobre hostigamientos realizados por parte de la Guardia Venezolana.
"Aviones y helicópteros venezolanos están sobrevolando el municipio de Manaure, disparando desde el aire, y bajan e instalan bombas quiebrapatas. Por lo anterior varias familias han tenido que desalojar las tierras donde trabajaban y vivían, por tal razón, señor Procurador le solicito que se investiguen los hechos para determinar si están violando espacio aéreo, soberanía nacional y derechos humanos de los habitantes de esa zona de nuestro país, donde no hay presencia del estado colombiano", indica una de las peticiones de la Defensoría del Pueblo de Manaure.
Las peticiones no fueron acatadas, ni la seguridad en la zona reforzada; como consecuencia el 8 y 9 de octubre de 1995, la Guardia Venezolana incurrió en territorio colombiano y asesinó a Julio César Paternina Villadiego en la zona conocida como "Cerro Pintao"; de igual manera, destruyeron la finca "El Pintao", de propiedad del asesinado.
El Estado contestó a la demanda interpuesta por Lenin Manuel Muegues, que el municipio nunca le hizo saber sobre los hostigamientos; igualmente se defendió diciendo que "la frontera con el vecino país se caracteriza por su gran extensión, circunstancia que torna imposible que las autoridades nacionales protejan cada metro de la línea fronteriza".
La familia demandó al Estado en 1997, y al año siguiente el Tribunal Administrativo del Cesar consideró que la muerte del señor no implicaba que hubiese falla alguna en el servicio del Estado, además que "ninguno de los testigos relatan detalladamente cómo ocurrieron los hechos para saber a ciencia cierta si la actuación de los supuestos campesinos colombianos fue tan sumisa como la pintan o por el contrario se dedicaban a actividades ilícitas como se afirma en algunos informes que recogen el expediente".
Después de la apelación, el Consejo de Estado, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, determinó que "salta a la vista, pues, la falla del servicio por omisión en la que incurrió la entidad demandada, por permitir que la Guardia Nacional Venezolana violara la frontera nacional, penetrara ilegalmente a territorio colombiano, torturara y diera a muerte a un campesino indefenso y destruyera los bienes muebles e inmuebles de varios pobladores de la región".
Bertha Tulia Villadiego Acosta, madre de la víctima, Miguel Darío Andocilla Villadiego, Mónica y Hober Gustavo Henao Villadiego, hermanos, Arelys Paola y Carmen Julia Paternina Lagos, hijas, serán indemnizadas por la muerte, hace 13 años, de su familiar.
Para la madre y las hijas, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada una de ellas, es decir 140 millones en total. Para los dos hermanos cerca de 47 millones de pesos.
Adicionalmente el Estado deberá pagar a la familia perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para las dos hijas, cerca de 50 millones de pesos a cada una.