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El Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó el arresto por cinco días del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por el desacato a las órdenes de una tutela que presentó la representante a la Cámara, Katherine Miranda. La congresista había solicitado información sobre varios asuntos relacionados con RTVC, pero consideró que no habían sido resueltos.
Por esa razón, recurrió a una tutela que salió a su favor y ordenó, el pasado 20 de mayo, al Ministerio de Trabajo a contestarle a Miranda en un término de 48 horas. En ese sentido, la cartera debía responder de manera detallada un cuestionario de 12 preguntas realizadas por la congresista.
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Sin embargo, la cartera ministerial no lo hizo y, en consecuencia, el juzgado ordenó el arresto del ministro. Puntualmente, concluyó que Sanguino “no acató el fallo de tutela de fecha 20 de mayo de 2026, que amparó el derecho fundamental de petición de la señora Katherine Miranda Peña”.
En ese sentido, el despacho ordenó el arresto del jefe de la cartera por cinco días, los cuales, de no cumplir con la orden judicial, deberán cumplirse en instalaciones carcelarias de la Policía Nacional. Además, el fallo establece que Sanguino deberá pagar una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, más de COP 5 millones.
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A través de su cuenta en X, la congresista confirmó la decisión del juzgado y señaló: “Llevo meses pidiendo información sobre las actuaciones del Ministerio de Trabajo frente a las denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC. El ministro Antonio Sanguino prefirió desacatar una orden judicial antes que responder. Hoy un juez ordena su arresto por encubrir a Hollman Morris. ¿Qué están ocultando?”.
Los hechos se remontan a las denuncias de presunto acoso sexual y laboral conocidas durante 2026. En ese contexto, el pasado 6 de abril el Ministerio de Trabajo anunció que realizó una inspección en RTVC. Aunque no se conocen denuncias formales contra el sistema de medios, su gerente, Hollman Morris, ha estado en el centro de las acusaciones públicas.
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Además, 50 mujeres, entre periodistas, abogadas y escritoras, firmaron una carta en la que denunciaron las presuntas conductas atribuidas a Morris. Como parte de esas actuaciones, el Ministerio de Trabajo inspeccionó las instalaciones de RTVC, que se convirtió en el segundo medio de comunicación intervenido recientemente dentro de este plan nacional de vigilancia; el primero fue Caracol Televisión.
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