El Juzgado 11 de Barranquilla emitió una orden de captura en contra de Gonzalo Guillén y el representante legal de La Nueva Prensa Roberto Rodríguez Saavedra. La decisión tomada por ese despacho es por desacato en un caso en el que se había pedido al medio y a Guillen rectificar información sobre Carlos Mattos, empresario condenado por pagar coimas a jueces para que lo favorecieran en el llamado caso Hyundai.
De acuerdo con la orden fechada el 18 de febrero de este año, se ordena que Guillen y Rodríguez estén en prisión durante tres días, por no haber rectificado trinos en los que mencionaban a Mattos y se referían a él como “asesino” y “paramilitar”. De acuerdo con la decisión de ese caso, no había sustento que probara los señalamientos.
La orden emitida por el juzgado en Barranquilla fue enviada a la Policía de Bogotá, para que haga cumplir a Guillen y Saavedra. Adicionalmente, se le ordenó a cada uno el pago de una multa de cuatro salarios mínimos legales vigentes.
Aunque en el pasado Mattos sí fue investigado por presuntas relaciones con grupos paramilitares, en enero del año pasado el caso que lo investigaba en Valledupar por esa supuesta relación precluyó, porque se encontró que los testimonios que relacionaban al empresario eran falsos.
No es la primera vez que se ordena el arresto por desacato en contra de Guillen. En septiembre de 2020, el juez 44 Civil del Circuito de Bogotá ordenó el arresto de tres días del periodista Gonzalo Guillén por supuestamente haber incumplido una orden judicial que lo obligaba a rectificar un comentario realizado sobre el ciudadano Carlos Barros. En ese caso, Guillen aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) que esta persona sería testaferro del narcotraficante Marcos Figueroa, alias Marquitos.
En la red social, Guillén dijo que él y otra persona más al parecer estaban trabajando con la Oficina de Envigado. Barros Corrales le solicitó al periodista un mes después que se retractara de las afirmaciones realizadas asegurando las mismas eran falsas. “No soy narco y testaferro de nadie, ni trabajo de la Oficina de Envigado ni ninguna otra organización criminal”, dijo Barros en una carta en la que agregó que no tiene antecedentes penales.
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