Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura contra tres exgobernadores de Putumayo, después de confirmar una condena en su contra por delitos relacionados con contratación irregular en el departamento. De acuerdo con el alto tribunal, Fabián Alfonso Belnavis Barreiro, Carlos Alberto Palacios Palacio y Renzo Alfonso León Vargas dieron órdenes para que se le diera apariencia de legalidad a documentos que no cumplían con todos los requisitos.
De acuerdo con el alto tribunal (que ya los había condenado en Sala de Primera Instancia) Belnavis Barreiro y Palacios Palacio fueron condenados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Por su parte, a León Vargas se le encontró culpable por el delito de peculado por apropiación. Por eso, la Sala Penal ordenó su captura inmediata.
El proceso por el que los tres exmandatarios del departamento fueron condenados tiene que ver con las irregularidades en la firma y desarrollo de un convenio entre la Gobernación de Putumayo y la Secretaría Ejecutiva de la organización Convenio Andrés Bello (Secab). El contrato tenía como objeto la “Cooperación y asistencia para coadyuvar a la gestión de programas y proyectos viables, tanto de los diferentes sectores del Plan de Desarrollo Departamental, como otros que propendan por el fortalecimiento institucional de la Gobernación del Departamento del Putumayo”.
De acuerdo con las investigaciones, el acuerdo buscaba la asistencia técnica para obras de infraestructura en los municipios de Santiago, Colón, Sibunday, San Francisco, Mocoa, Puerto Leguizamo, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel. Lo que encontró la Corte fue que a pesar de que la Secab ya había presentado incumplimientos, se le autorizaron los pagos.
Para la Corte, los exgobernadores, quienes participaron en distintas etapas desde la firma del convenio hasta la orden de hacer los pagos, sabían de las irregularidades y dieron instrucciones para dar apariencia de legalidad a esos actos administrativos. “Lo expuesto anteriormente no solo pone en evidencia que el Convenio Marco y la Carta de Acuerdo 001 de 2005 fueron tramitados y celebrados de manera irregular, sino que también permite acreditar el grado de participación señalado en la sentencia y por el cual fue acusado el procesado en cuestión”.
Dentro de lo expuesto por el alto tribunal, también se resaltó que “para llevar a cabo su cometido, Fabián Alfonso Belnavis Barreiro requirió el apoyo de diversas personas, quienes, desde sus competencias, aportaron lo necesario para seguir adelante con el proceso de contratación directa con la Secab”.
Las pruebas del caso dieron cuenta de que para llevar a cabo las ilegalidades, los tres exgobernadores “desplegaron un modus operandi recurriendo a la Secab y acordando que esa organización internacional aportaría algunos recursos para la ejecución del Convenio Marco”. Con ese acuerdo ilegal, se saltaron los requisitos y pudieron contratar de manera directa.
Así las cosas, Belnavis Barreiro tendrá que pagar 14 años de prisión y una multa de $2.984 millones. A Palacios Palacio se le impuso 10 años de presión y una multa de $2.532 millones; y a León Vargas a 10 años de prisión y una multa de $2.914 millones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
