La semana pasada el CTI y la Policía capturaron a Martha Patricia Lozada Romero, una funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que habría hecho parte de una serie de irregularidades, junto con un juez de ejecución de penas y un ingeniero de sistemas, para favorecer una decisión judicial en contra de Germán Orlando Espinosa Flórez, quien ya había sido condenado a 16 años de cárcel por narcotráfico pero estaba en prisión domiciliaria.
Por este caso, un juez de control de garantías ordenó hoy 6 de marzo, una medida de aseguramiento en prisión contra Lozada Romero y Espinosa Flórez. La Fiscalía le imputó cargos a la funcionaria del Bienestar Familiar por prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, y a Espinosa Flórez por falsedad material en documento público, en calidad de coautor, acceso abusivo a un sistema informático y prevaricato por acción.
(Le puede interesar: Capturados funcionarios judiciales y del ICBF que habrían favorecido a un condenado)
Según el ente investigador, en 2015, cuando ocurrieron los hechos, Lozada Romero, quien trabajaba en el grupo de violencia sexual de menores de edad en el ICBF “habría emitido un concepto en el que certificó la condición de padre cabeza de familia a Espinosa Flórez, quien permanecía recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá”. La Fiscalía afirmó que para esa época la funcionaria no tenía autorización para emitir ese tipo de certificaciones, la cual habría sido clave para que a Espinosa Flórez le fuera concedida la detención domiciliaria.
Por este motivo, el juez de control de garantías aseguró: “Se presume que la defensora de familia no siguió el procedimiento establecido para ello y tomó una decisión desajustada a la realidad y, sin ningún tipo de verificación previa, concedió una certificación de beneficencia al imputado y no a los menores como debió ser. Por eso se configura de manera preliminar el delito de prevaricato”.
Espinosa Flórez, por su parte, “sería el determinador de este acto de corrupción en la administración de justicia. Al parecer, realizó los trámites ilícitos para ser favorecido y, al obtener la detención domiciliaria, obstruyó a la justicia y evadió la sentencia en su contra por narcotráfico”, aseguró la Fiscalía. En cuanto al juez y el ingeniero que están involucrados en este caso, ambos ya fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades.
Con motivo de la captura de Lozada, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que, sobre los casos de corrupción que se presenten en la administración de justicia, el ente investigador va a “extirpar de raíz la corrupción que se viene presentando con la manipulación del reparto judicial, que afecta la trasparencia de la justicia. Vienen más decisiones al respecto y actuaremos con la contundencia que las circunstancias lo ameritan".
Por -Redacción Judicial
