El Consejo Superior de la Judicatura ordenó a la Dirección de Sanidad de la Policía que le suministre toda la atención y elementos necesarios a una menor de 13 años que padece parálisis cerebral, autismo, gastritis crónica, retardo mental e invidencia.
En su decisión, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del alto tribunal, a través de un fallo de tutela, que se deben cubrir los gastos médicos de la niña los cuales le han sido negados por una supuesta falta de presupuesto de la entidad estatal.
En el fallo, se ordenó además el cubrimiento total de los gastos de desplazamiento de la menor para sus terapias debido a las dificultades que tiene para llegar desde su lugar de residencia, ubicado en zona rural del municipio de Piedecuesta, hasta la ciudad de Bucaramanga.
La menor es hija de un pensionado de la Policía en el grado de agente, a quien su asignación mensual de 665 mil pesos no le alcanza para asumir los gastos de su familia y de transporte y tratamiento de la menor de edad en la Clínica regional del Oriente de Santander y en la Escuela Taller para Ciegos.
En este sentido, se indica que el Estado tiene la obligación de garantizar a las personas la atención que requieran, accediendo a los programas de protección, promoción y recuperación, y más aún cuando el derecho por proteger es el de un menor de edad.
El fallo hizo énfasis en el hecho de que pese a que el transporte y hospedaje del paciente y su acompañante no constituyen servicios médicos, hay ciertos casos en los cuales el acceso efectivo y real al servicio de salud depende de la ayuda para garantizar el desplazamiento al lugar donde será prestada la atención.
Por El Espectador
