Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Luego de varios años de investigaciones contra el exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila, el Juzgado de Instrucción Número uno de España ordenó archivar provisionalmente el caso por el presunto delito de blanqueo de capitales y dispuso la devolución de € 4,4 millones que permanecían retenidos en el marco de la investigación judicial.
La decisión, emitida el 26 de marzo de 2025, está relacionada con la captura de Ardila el 5 de mayo de 2021 en Barcelona. El exmandatario, quien estuvo al frente del departamento entre 2004 y 2007, era investigado por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, abuso sexual, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, delito contra el medio ambiente y delito contra la seguridad vial.
Lea: Prohíben a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia en campaña
Las investigaciones contra el exmandatario se remontan a 2019, tras una denuncia por trata de seres humanos con fines de explotación laboral presentada por una empleada doméstica que habría trabajado para Pablo Ardila en Colombia y que, según las autoridades, habría sido su víctima. A partir de esa denuncia, los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que comprometían al exgobernador con otros presuntos delitos.
“Dentro de las diligencias que evidenciaban su actuar criminal fue necesario analizar sus movimientos bancarios, los cuales no eran congruentes con la labor que realizaba en Barcelona, teniendo en cuenta que el capturado poseía varios autos de alta gama y una vivienda ostentosa, lo que llamó particularmente la atención de las autoridades judiciales”, informó entonces la Policía colombiana a través de un comunicado de prensa.
Le recomendamos: Fuerzas Militares bombardearon disidencias de alias “Mordisco” tras combates en Guaviare
En su reciente decisión, el juzgado señaló “que no existen motivos suficientes para mantener la acusación por estos hechos contra persona o personas determinadas”. Por su parte, la Fiscalía de España se adhirió a la petición de la defensa de Ardila al señalar que “no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito de blanqueo de capitales”.
Además, la Fiscalía dijo que, tras la investigación sobre el origen de las rentas, concluyó que estas “no tenían origen ilícito, motivo por el cual no nos oponemos al sobreseimiento solicitado”. Sin embargo, el ente precisó que continúan las actuaciones judiciales en España contra el exgobernador por otros delitos.
Le puede interesar: Colombia está entre las 10 crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo
A través de un comunicado de prensa, el equipo de Ardila aseguró que, tras las decisiones judiciales conocidas en España, Ardila “inicia una etapa orientada a recuperar plenamente su nombre y reivindicar su trayectoria”. Asimismo, señaló: “Como ocurrió con la colombiana Shakira, Pablo Ardila sostiene que durante años tuvo que enfrentar el peso del señalamiento anticipado, el juicio mediático y el impacto reputacional derivado de investigaciones altamente visibles”.
En cuanto al delito de trata de seres humanos, el Juzgado de Instrucción Número uno de Gavá decidió archivar la acusación el 31 de mayo de 2022. Según se lee en el documento, para que configure ese delito se requiere que exista “la imposición de trabajos forzados o su esclavitud, entendiendo por tal la anulación de la voluntad de la víctima, de su capacidad de decisión para dominarla, no bastando la violencia o la mera falta de libertad”.
Más noticias judiciales: Capturan a alias “Mona” señalada de mover menores reclutados para las disidencias
Además, el juzgado señaló que, si bien los testigos en el caso coinciden en que el trabajo que desempeñaron para la familia de Ardila “no era tal y como se les ofreció, los supuestos abusos laborales consistían principalmente en desarrollar su labor en un horario excesivo (...) En este sentido, como hemos visto el delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral requiere una situación extremadamente grave equivalente a la esclavitud, situación que no se da en este caso”.
El exgobernador de Cundinamarca ya había sido capturado anteriormente, el 27 de diciembre de 2007, por orden de la Fiscalía General de la Nación. Permaneció detenido hasta el 10 de septiembre de 2010, en medio de investigaciones por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su administración al frente del departamento. Tras recuperar la libertad, Ardila solicitó que el Estado le reconociera una indemnización de COP 3.961 millones por haber permanecido privado de la libertad durante casi tres años.
También puede leer: Capturan a madre de bebé que murió tras presunto abuso sexual en El Espinal (Tolima)
En 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó indemnizarlo por la privación de la libertad. La compensación reconocida fue de COP 43 millones por “perjuicios materiales”, con el fin de resarcir los cuatro días en los que no alcanzó a ejercer como gobernador debido a su captura. Además, se le otorgaron cien salarios mínimos mensuales legales vigentes (poco más de COP 68 millones para ese entonces) por concepto de perjuicios morales.
Su esposa, la cirujana plástica Luisa Plata, y su padre, Jaime Ardila Casamitjana, también recibieron una indemnización equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes cada uno. Según el tribunal, tanto Jaime Ardila como Luisa Plata “resultaron afectiva y emocionalmente ligados con el hecho de su detención”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
