Ordenan exámenes médicos a internos de la cárcel de Manizales por brote de tuberculosis
La decisión judicial también cobija a los funcionarios del Inpec y personal administrativo.
Redacción Judicial
El Juzgado Séptimo Administrativo de Manizales le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizar en el menor tiempo posible un examen médico a todos los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Blanca de la capital caldense tras el brote de tuberculosis que se presentó recientemente.
Los exámenes deberán ser practicados además a los funcionarios del Inpec y personal administrativo del centro carcelario y penitenciario. El juzgado pidió que los exámenes sean realizados en Manizales en los laboratorios de la red de salud que disponga el Fondo de Atención en Salud PPL 2017 – Fiduprevisora.
Una vez se obtengan los resultados -señala el fallo- estos sean procesados y reportados a las autoridades de salud pública de Manizales y Caldas de manera inmediata. Esto con el fin de tomar medidas de fondo para solucionar esta crisis y evitar que se siga propagando.
La decisión se tomó tras resolver una acción de tutela presentada por la Procuraduría Regional de Caldas en contra de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Consorcio Fondo de Atención, la Secretaría de Salud, la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y la Dirección Territorial de Salud de Caldas por la falta de medidas que se tomaron ante este brote de tuberculosis.
En el trámite de la acción se vinculó a la Dirección General y Regional del Inpec, la dirección del área de sanidad del establecimiento penitenciario y carcelario de Manizales, el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía, a S.E.S. Hospital de Caldas y la Nación, a través del Ministerio de Salud, Justicia y del Derecho y Defensa.
El Ministerio Público advirtió en la acción judicial que esta situación es de suma gravedad y señaló la inconveniencia de que el laboratorio contratado por la Fiduprevisora esté en la ciudad de Bogotá, no solo por la tardanza en los resultados, sino por las dificultades que se pueden presentar en la cadena de custodia de las muestras.
En la tutela se manifestaba la necesidad de proteger los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad de las personas privadas de la libertad.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Manizales le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizar en el menor tiempo posible un examen médico a todos los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Blanca de la capital caldense tras el brote de tuberculosis que se presentó recientemente.
Los exámenes deberán ser practicados además a los funcionarios del Inpec y personal administrativo del centro carcelario y penitenciario. El juzgado pidió que los exámenes sean realizados en Manizales en los laboratorios de la red de salud que disponga el Fondo de Atención en Salud PPL 2017 – Fiduprevisora.
Una vez se obtengan los resultados -señala el fallo- estos sean procesados y reportados a las autoridades de salud pública de Manizales y Caldas de manera inmediata. Esto con el fin de tomar medidas de fondo para solucionar esta crisis y evitar que se siga propagando.
La decisión se tomó tras resolver una acción de tutela presentada por la Procuraduría Regional de Caldas en contra de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Consorcio Fondo de Atención, la Secretaría de Salud, la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y la Dirección Territorial de Salud de Caldas por la falta de medidas que se tomaron ante este brote de tuberculosis.
En el trámite de la acción se vinculó a la Dirección General y Regional del Inpec, la dirección del área de sanidad del establecimiento penitenciario y carcelario de Manizales, el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía, a S.E.S. Hospital de Caldas y la Nación, a través del Ministerio de Salud, Justicia y del Derecho y Defensa.
El Ministerio Público advirtió en la acción judicial que esta situación es de suma gravedad y señaló la inconveniencia de que el laboratorio contratado por la Fiduprevisora esté en la ciudad de Bogotá, no solo por la tardanza en los resultados, sino por las dificultades que se pueden presentar en la cadena de custodia de las muestras.
En la tutela se manifestaba la necesidad de proteger los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad de las personas privadas de la libertad.