La Fiscalía General compulsó copias para que sea la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia la que determine si el suspendido gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuellar, tuvo alguna participación y conocimiento en las presuntas irregularidades que rodearon la celebración y ejecución de contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en los colegios de Leticia y en el corregimiento de Tarapacá.
La compulsa de copias tiene como base la investigación que se adelanta contra varios contratistas y funcionarios públicos por las presuntas falencias del contrato firmado en 2013 entre la Gobernación y la Asociación Zonal del Consejo de Autoridades Indígenas de Tradición Autóctona (Azcaita), que tuvo un valor cercano a los 250 millones de pesos.
Presuntamente, se habría presentado un detrimento patrimonial del 20% del valor total del contrato, cifra que rondaría los 99 millones de pesos. El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, manifestó que para establecer el “presunto compromiso que pueda llegar a tener el gobernador del departamento” se compulsaron las respectivas copias ante la unidad competente por su calidad de aforado.
El contrato tenía como objetivo brindar un complemento alimenticio durante la jornada escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del Amazonas.
Los procesados
Por estos hechos fueron capturados el representante legal encargado de la firma contratista, Bethertan Roseney Ahue Almeida, y el supervisor del convenio, Pedro Pablo Rojas Baus. Serán procesados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En contra del representante legal de la firma contratista, Nilson Alviar Peña, se expidió circular roja de Interpol.
Por Redacción Judicial
