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La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército y a la Policía rediseñar los programas que incluyen charlas y actividades realizadas por miembros de la fuerza publica a niños, niñas y adolescentes, específicamente en zonas con una fuerte presencia del conflicto armado. Según explicaron, estas actividades deben ser desarrolladas por autoridades e instituciones civiles, “con el fin de seguir fortaleciendo la presencia del Estado en estos territorios, pero sin poner en riesgo o comprometer los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país”.
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La decisión fue tomada a partir del estudio de una tutela que presentaron varias organizaciones de derechos humanos, los cuales señalaban que los miembros de la fuerza pública estaban afectando el derecho a la integridad, la libertad de expresión y la prohibición de participación de niñas y niños en el conflicto armado. Para las organizaciones, estas afectaciones se evidenciaban en el desarrollo de varias actividades cívico militares en las que las autoridades ingresaban armas de fuego a espacios educativos, en los que estaban los menores de edad. Estos programas se realizaron en 2022 en Arauca, Boyacá y Norte de Santander.
Asímismo, las organizaciones señalaron que este tipo de actividades cívico militares están prohibidas por el Código de la Infancia y Adolescencia, pues ponen en riesgo a esta población. Esto debido a que los miembros del Ejército y la Policía son objetivos militares de grupos armados al margen de la ley, lo que crea la posibilidad de una confrontación frente a los menores. Sobre este tema, el Comité de los Derechos del Niño le había recomendado al país cesar este tipo de actividades.
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Finalmente, el alto tribunal argumentó que tomo esta decisión debido a que identifico la amenaza en contra de la vida e integridad de esta población en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, aclaró que entendía la intención de este tipo de jornadas, en las cuales la fuerza pública buscaba llevar a estas zonas servicios educativos, sanitarios, humanitarios o actividades recreativas y campañas educativas. Por ello, ordenó un rediseño de estos planes para no perder la presencia estatal en estas zonas, pero sin un “aumento del riesgo”, además que no estarían vetadas las jornadas en las que haya compañía de adultos.
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