Ordenan reparación a comerciantes de plaza de mercado de Neiva que no fueron reubicados

La Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó al Municipio de Neiva el pago de una indemnización a 353 personas que se vieron afectadas por la demolición de la antigua plaza de mercado de la ciudad y a quienes no se les reubicó oportunamente, lo cual afectó sus ingresos.

El alto tribunal determinó que las personas fueron desalojadas de las plazas de mercado en las cuales desarrollaban su actividad económica desde años atrás, lo que evidentemente debió ocasionar una desestabilización financiera a los comerciantes y sus familias que debe ser reparada. Por tal razón, se ordenó el pago del lucro cesante.

La Sala consideró que la lesión del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital de los comerciantes que se encontraban laborando en las plazas Central y Satélite del Norte de la ciudad de Neiva se concretó con la demolición arbitraria de las plazas de mercado que hizo la administración municipal y con su omisión de reubicarlos, como lo había dispuesto el Concejo Municipal y se había comprometido el alcalde de turno.

“Las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron las medidas de cambio del uso del suelo de la ciudad y embellecimiento urbanístico de Neiva, afectaron el núcleo esencial del derecho a la libertad de empresa y libertad del desarrollo económico que había en cabeza de quienes se desempeñaban como vendedores de las plazas de mercado; asimismo se encuentra que no se atendió al principio de solidaridad y no se correspondió con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, señala el fallo.

Aunque las administraciones municipales tienen la competencia para intervenir en la economía, cuando consideren que es necesaria la protección de la salubridad o estabilidad financiera, esta intervención debe hacerse en consonancia y con respeto de los derechos humanos reconocidos por los pactos y convenciones internacionales.

Según la decisión, las medidas tomadas, que pretendían subsanar deficientes condiciones sanitarias que afectaban la salubridad de los usuarios de las plazas de mercado, las agravó porque cerró los lugares donde los demandantes desarrollaban su trabajo o actividad económica, sin tener garantizado un sitio adecuado para su continuación. Además, como la nueva plaza no estaba en condiciones aptas para la venta de productos minoristas, se empeoraron las condiciones sanitarias y se afectó el trabajo de los inquilinos.