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Los principales organismos de control del Estado colombiano rechazaron de manera conjunta la orden de captura emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal de Guatemala contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón. La orden del país centroamericano, que también incluye al exministro de Defensa Iván Velásquez, fue calificada como inaceptable por la Auditoría General, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría General y la Registraduría.
En un pronunciamiento conjunto, los jefes de estas entidades —María Anayme Barón Durán (auditora), Iris Marín Ortiz (defensora del Pueblo), Gregorio Eljach Pacheco (procurador), Carlos Hernán Rodríguez (contralor) y Hernán Penagos Giraldo (registrador)— manifestaron su respaldo a la fiscal Camargo, recordando que su labor en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2014 y 2017 fue reconocida por su integridad y lucha frontal contra la corrupción.
“Esta medida judicial puede ser una retaliación por su lucha contra la corrupción y podría constituir una grave desviación de los principios del derecho internacional” advirtieron los representantes de las entidades públicas. Además, recordaron que ambos funcionarios gozan de inmunidad diplomática otorgada por su participación en la Comisión, de acuerdo con tratados internacionales vigentes.
La orden de captura contra Velásquez y Camargo fue emitida el pasado 2 de mayo por solicitud del Ministerio Público de Guatemala, bajo la dirección del fiscal Rafael Curruchiche. Según la acusación, Camargo y Velásquez habrían participado en acuerdos ilegales con ejecutivos de la multinacional Odebrecht, supuestamente generando un perjuicio de más de 3.000 millones de quetzales al Estado guatemalteco. Se les imputan los delitos de asociación ilícita, colusión, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
Iván Velásquez dirigió esa comisión entre 2013 y 2017, período en el que, junto con la fiscal Camargo, revelaron el caso de corrupción conocido como La Línea, que involucró al entonces presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, hoy condenados. Este trabajo provocó tensiones políticas que culminaron en la expulsión de Velásquez de ese país, por parte del expresidente Jimmy Morales, quien lo declaró persona no grata.
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Desde 2021, el fiscal Curruchiche ha encabezado una ofensiva judicial contra exfuncionarios, jueces, fiscales e incluso periodistas que participaron en procesos anticorrupción durante la vigencia de la Cicig. En 2022 fue incluido en la Lista Engel de Estados Unidos, que señala a actores políticos implicados en corrupción o prácticas antidemocráticas. Washington lo ha acusado de obstruir investigaciones sensibles y de perseguir a quienes combatieron la impunidad en Guatemala.
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