Organizaciones de DD.HH. protestan por denuncias en el sur del país

La Dijín capturó a 30 personas en el Valle del Cauca y Nariño por supuestos nexos con la guerrilla. No obstante, diferentes organizaciones aseguran que las personas son defensores de derechos humanos.

Redacción Judicial
21 de abril de 2018 - 12:07 a. m.
Este viernes fueron arrestados 30 personas que serían líderes sociales y defensores de derechos humanos. / Archivo
Este viernes fueron arrestados 30 personas que serían líderes sociales y defensores de derechos humanos. / Archivo

Diferentes organizaciones sociales de Colombia protestaron por la captura de unas 30 personas este viernes en la mañana. Los detenidos se identificaron como líderes sociales pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes, exalcaldes y personeros del municipio de Samaniego (Nariño).  Al parecer, los capturados son acusados de rebelión y de tener nexos con el Eln. En la carta, sin embargo, se asegura que las personas detenidas habrían asistido a la mesa de dialogo con el Eln en Quito, Ecuador.

“Llamamos a la comunidad nacional e internacional a acompañar esta solicitud y demandar de manera urgente garantías para la vida y para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos”, decía la carta firmada por la Asociación Nomadesc, Universidad Intercultural de los Pueblos, Proceso de Comunidades Negras, Movice y Congreso de los pueblos.

Entre los detenidos se encuentran Sara Liliana Quiñonez y Tulia Marys Valencia, madre e hija, de Tumaco (Nariño). Ellas hacen parte del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Algunos activistas del Proceso de Comunidades Negras en Colombia se dirigieron, a través de otra carta, a las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos para asegurar la integridad de las detenidas y recriminar la situación de incriminación y violación de los derechos fundamentales a la vida, libertad y la justicia.  “A nuestros líderes y lideresas, si permanecen en el territorio los asesinan, y si salen del mismo los criminalizan”, dice el comunicado.

(Lea: Asesinan a Yeni Montaño Arboleda, líder social de Tumaco, Nariño)

Las dos mujeres, junto con su familia, han sido víctimas de desplazamiento forzado en dos ocasiones. La primera vez ocurrió en 2015, cuando se amenazó la vida de Sara Quiñonez por la labor que asumió como presidenta y vicepresidenta de la junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.  En la segunda ocasión en 2017 tuvo que desplazarse nuevamente porque la junta del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera fue amenazada.  

En este momento, Quiñonez y su familia se encuentran en situación de desplazamiento forzado en la ciudad de Cali. De igual forma, Tulia Marys Valencia es reconocida como líder social por su constante defensa a los derechos individuales y colectivos de la comunidad afrocolombiana, y hace parte del grupo de mujeres grupo de mujeres Alto Mira y frontera.

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Por Redacción Judicial

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