Organizaciones demandan la Ley de Seguridad Ciudadana por vulnerar derechos

La Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno de Iván Duque fue demandada ante la Corte Constitucional por tres organizaciones que argumentan que esta ley es inconstitucional. La demanda fue presentada por La Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas), Sisma Mujer y el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) quienes argumentan que esta ley representa un riesgo porque vulnera derechos ciudadanos y propicia el abuso de autoridad.

En contexto: Los lunares de la Ley de Seguridad Ciudadana que revisará la Corte Constitucional

Estas organizaciones presentaron ocho puntos contra esta ley, que es bandera del gobierno saliente del presidente Duque y su ministro de defensa, Diego Molano. Se demanda el aumento de la pena máxima en Colombia que propone la ley. La ley permite que en Colombia se impongan penas de 60 años de prisión, que pueden llegar a ser más en caso de concursos delictivos. Las organizaciones argumentan que esto es inconstitucional porque vulnera la prohibición de prisión perpetua.

Según la demanda presentada a la alta Corte, un artículo de la ley establece que la figura de la legítima defensa privilegiada se aplica cuando una persona se defiende de una intromisión injustificada en su vivienda o vehículo. De acuerdo con la demanda, “esta norma es inconstitucional porque extiende la presunción de legítima defensa a un vehículo que es ocupado en el espacio público, en un escenario que hace ambigua la aplicación de esta figura”.

Lea aquí: Esta es la demanda que podría hundir 13 artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana

Las organizaciones señalan que la posibilidad de que se acceda a circuitos de seguridad privados que no estén integrados a otros circuitos de uso público, sin previa autorización judicial, para acciones de prevención, identificación y judicialización, es inconstitucional. Según ellos, esta medida es desproporcionada y podría presentar varios procedimientos irregulares en su aplicación

Las organizaciones argumentaron la inconstitucionalidad de esta medida, ya que no existe claridad sobre los casos en los que se pueda acceder a estos circuitos, y tampoco es claro si la policía puede acceder a dispositivos personales que se encuentren conectados. Esto, daría lugar a intromisiones a la privacidad de los ciudadanos y podría afectar el debido proceso.

Lea también: Los peligros de la legítima defensa y otros peros a la Ley de Seguridad Ciudadana

Estas organizaciones presentaron esta demanda que contiene una perspectiva de género a la hora de revisar esta ley. A través de esta demanda, se propone que la Corte Constitucional revise el concepto de seguridad desde una perspectiva feminista. En el comunicado entregado por Coljuristas, las organizaciones solicitaron a la Corte que “en el examen constitucional analice los impactos de las medidas y reformas adoptadas en la ley demandada de manera transversal en clave de los derechos humanos de las mujeres y niñas, en particular su derecho a una vida libre de violencias”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno de Iván Duque fue demandada ante la Corte Constitucional por tres organizaciones que argumentan que esta ley es inconstitucional. La demanda fue presentada por La Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas), Sisma Mujer y el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) quienes argumentan que esta ley representa un riesgo porque vulnera derechos ciudadanos y propicia el abuso de autoridad.

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Estas organizaciones presentaron ocho puntos contra esta ley, que es bandera del gobierno saliente del presidente Duque y su ministro de defensa, Diego Molano. Se demanda el aumento de la pena máxima en Colombia que propone la ley. La ley permite que en Colombia se impongan penas de 60 años de prisión, que pueden llegar a ser más en caso de concursos delictivos. Las organizaciones argumentan que esto es inconstitucional porque vulnera la prohibición de prisión perpetua.

Según la demanda presentada a la alta Corte, un artículo de la ley establece que la figura de la legítima defensa privilegiada se aplica cuando una persona se defiende de una intromisión injustificada en su vivienda o vehículo. De acuerdo con la demanda, “esta norma es inconstitucional porque extiende la presunción de legítima defensa a un vehículo que es ocupado en el espacio público, en un escenario que hace ambigua la aplicación de esta figura”.

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Las organizaciones señalan que la posibilidad de que se acceda a circuitos de seguridad privados que no estén integrados a otros circuitos de uso público, sin previa autorización judicial, para acciones de prevención, identificación y judicialización, es inconstitucional. Según ellos, esta medida es desproporcionada y podría presentar varios procedimientos irregulares en su aplicación

Las organizaciones argumentaron la inconstitucionalidad de esta medida, ya que no existe claridad sobre los casos en los que se pueda acceder a estos circuitos, y tampoco es claro si la policía puede acceder a dispositivos personales que se encuentren conectados. Esto, daría lugar a intromisiones a la privacidad de los ciudadanos y podría afectar el debido proceso.

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Estas organizaciones presentaron esta demanda que contiene una perspectiva de género a la hora de revisar esta ley. A través de esta demanda, se propone que la Corte Constitucional revise el concepto de seguridad desde una perspectiva feminista. En el comunicado entregado por Coljuristas, las organizaciones solicitaron a la Corte que “en el examen constitucional analice los impactos de las medidas y reformas adoptadas en la ley demandada de manera transversal en clave de los derechos humanos de las mujeres y niñas, en particular su derecho a una vida libre de violencias”.

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